viernes 19 de abril de 2024 - Edición Nº3681

Campo | 17 mar 2014

Luego de las versiones conformistas de la ent

CRA salió con los tapones de punta ante anuncios de Cristina

Sostuvo que el decreto que dicta la emergencia agropecuaria “sólo cumple lo expresado por la Ley 22.913”, y denunciaron que “la decisión de otorgarle gratuidad a las cartas de porte para transporte de granos tiene como objetivo ocasionarle perjuicio a la entidad que brindaba el servicio (FAA)”.


CAPITAL FEDERAL, Enero 27 (ANDigital) Luego de que este lunes se difundieran versiones de “conformidad” por parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en relación a los anuncios para el campo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde esa entidad difundieron un comunicado por medio del cual dejan sentada su postura en relación a ello, para nada “acuerdista”.

Señalaron que la firma del decreto 33/09, referido a la emergencia agropecuaria por sequía, “sólo cumple lo expresado por la Ley 22.913”, y denunciaron que “la decisión de otorgarle gratuidad a las cartas de porte para transporte de granos tiene como objetivo principal ocasionarle perjuicio a la entidad que venía brindando el servicio al productor (es decir, la Federación Agraria Argentina – FAA)”.

“El costo de la misma ronda dos pesos por hectárea de soja, por lo que no modifica la realidad del productor afectado por la sequía; es irrelevante como ayuda y por lo tanto su gratuidad es movilizada por intereses políticos”, señalaron, en consonancia con lo manifestado este lunes por el titular de FAA, Eduardo Buzzi.

Asimismo, manifestaron que el total de los anuncios “dan cuenta únicamente del primer punto de los siete que contenía la carta enviada por la Comisión de Enlace el pasado 21 de enero, ante lo cual entendemos que los reclamos sectoriales han sido nuevamente soslayados”.

Esos puntos son:

--) Declaración de emergencia y/o desastre agropecuario a nivel nacional de todas las regiones afectadas por factores climáticos adversos con el correspondiente decreto de exención impositiva. Reprogramación de créditos vencidos y a vencer durante el período que dure la emergencia.

--) Suspensión por un año de la resolución que prohíbe la faena de animales livianos. Derogación de la resolución ONCCA 42/08 que estableció el mecanismo de encaje y ROE rojo. Liberación total de las exportaciones de vacas categoría D, E y F y menudencias. Liberación de las exportaciones de los cortes correspondientes a los cuartos traseros de novillos pesados.

--) Derogación de la resolución ONCCA 543/08 y normas complementarias. Apertura real de los registros de exportación. Generar las condiciones para el normal funcionamiento de los mercados y coberturas.

--) Apertura y normalización de las exportaciones. Eliminación del sistema de valor de corte instrumentado por resolución MEyP 61/07 y normas complementarias. Devolución del fondo adjudicado a los productores por la misma resolución.

--) Eliminación total de los derechos de exportación de los productos de economías regionales. Creación de un ámbito específico para tratar las particularidades de cada producción.

--) Ayuda directa a los productores afectados: ganaderos, asistir con $200 por vaca hasta los primeros 500 animales. Agricultores: asistencia financiera para recomponer el capital de trabajo con líneas de crédito a tasas bonificadas. Ayuda directa para pequeños productores con créditos no reintegrables de $500 por hectárea. Aportes previsionales: que el Estado solvente los aportes que deben realizar los productores de las zonas en emergencia mientras perdure la misma con el objeto de mantener las fuentes de trabajo.

--) Readecuar las alícuotas de los derechos de exportación en función del reacomodamiento de precios de los commodities, especialmente para los pequeños y medianos productores.

“Incluso algunas de estas medidas no tienen costo para el Gobierno, y son insustituibles para la recomposición sectorial”, argumentaron desde la entidad que preside Mario Llambías, a la que se encuentra adherida CARBAP, y concluyeron que “una vez más las medidas anunciadas son insignificantes, dado el deterioro económico y social que está transitando el interior productivo nacional, de lo cual los funcionarios parecen no tener conocimiento ni información”. (ANDigital)

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