Las jubilaciones son un 23% más bajas que en el año 2000

Análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)
Especial para ANDigital

La política previsional de la última década se basó en regalar 2,2 millones de jubilaciones sin requerir aportes y generar una gran cantidad de regímenes especiales. Esto se financia transitoriamente con la apropiación de los aportes personales del ex régimen de capitalización y la negación a la movilidad de los haberes superiores al mínimo.

El esquema no es sustentable. Por eso, más que comparar la crisis de Grecia –donde un factor causal decisivo es la irresponsable gestión previsional– con la de Argentina de 2001, el paralelismo relevante es mirar a Grecia para prever la situación que la Argentina enfrentará en los próximos años.   

Grecia se encuentra sumergida en una profunda crisis. Con un déficit del orden del 13% del PBI y un nivel de deuda pública de 115% del PBI, el Estado griego sólo puede tomar nuevos créditos a tasas de interés muy altas, superiores al 10% en euros.

Por eso al gobierno no le quedó otra alternativa que aceptar el financiamiento de la Unión Europea y el FMI, que viene condicionado a la exigencia de recomponer las cuentas fiscales con un fuerte aumento de impuestos y la reducción de gasto público.

Entre las medidas más importantes, las autoridades griegas se vieron obligadas a revisar las reglas del sistema previsional, básicamente aumentando la edad jubilatoria de 57 años a 65 y eliminando el aguinaldo.

Por varios elementos comunes –imposibilidad de devaluar, alto déficit fiscal, elevada deuda y medidas de ajuste impopulares– se hacen comparaciones con la crisis argentina del 2001. Sin embargo, en función de las similitudes en las políticas previsionales, los paralelismos más relevantes son con el futuro probable de la Argentina. En tal sentido, la evolución de los haberes en la última década sugiere el tipo y la magnitud de los problemas que se están acumulando. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social entre el 2000 y el 2010 los haberes previsionales tuvieron el siguiente comportamiento:    

--) El haber mínimo se incrementó en un 597% que, corregido por inflación mayorista, arroja un aumento real del orden del 55%.

--) El haber medio se incrementó en un 296% que, corregido por inflación, implica un deterioro del poder adquisitivo del haber del orden del -23%.

--) Los haberes que en el 2000 eran superiores a $1.000 aumentaron sólo un 212% que, corregido por inflación, implica una pérdida de poder adquisitivo del -45%.

Los datos testimonian un intenso proceso de licuación de los haberes previsionales que, a casi una década, sólo se han recompuesto de manera parcial y discrecional. Quienes tenían derecho a cobrar el haber mínimo –o un valor próximo– han recibido aumentos que superan la inflación. Para el resto, la violación al derecho a la movilidad se ha perpetuado con indiferencia a las claras señales emitidas por el Poder Judicial en contrario.

De esta forma, las jubilaciones han perdido en promedio un cuarto del poder de compra que tenían hace una década, con casos donde ese deterioro llega a la mitad. Esto motiva la acumulación de cientos de miles de juicios en contra de la ANSeS. 

A los compromisos financieros que genera esta exponencial acumulación de juicios, se suman los 2,2 millones de nuevos beneficios otorgados indiscriminadamente sin requerir aportes. En paralelo, se está creando una gran cantidad de regímenes especiales que contemplan requisitos de edad y de aportes menores a la regla general y prestaciones más altas.

En algunos (pocos) casos el tratamiento especial se funda en el tipo de actividad que genera envejecimiento prematuro, pero en la mayoría son meros privilegios. En todos hay una total despreocupación por la sustentabilidad de los derechos que se otorgan.

Los pasivos que esta política previsional está generando son enormes. La particularidad, respecto a otros factores que motorizan la inconsistencia fiscal, es que en materia previsional es muy difícil corregir las consecuencias de acciones irresponsables. Por ejemplo, los subsidios a empresas públicas y privadas seguramente serán sustituidos en algún momento por fuertes aumentos de precios (“tarifazos”). Se trata de medidas resistidas y muy impopulares. Pero mucho más conflictivo será corregir las consecuencias del manejo oportunista de la política previsional de los últimos años. No sólo por los costos sociales y las resistencias políticas que esto genera, sino porque técnica y jurídicamente es muy complejo recomponer la sustentabilidad previsional.

La comparación relevante con la crisis griega no es en relación a la Argentina del 2001 sino con la situación que tendrán que enfrentar los próximos gobiernos argentinos. Los motivos de preocupación aumentan cuando se observa que parte de la oposición lejos de aportar racionalidad y prudencia se enrola en las filas de los que suman propuestas que potencian las inconsistencias y la falta de sustentabilidad.