Un millón de empleadas domésticas seguirán “en negro”

Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino –IDESA-
Especial para ANDigital

El trabajo doméstico es la principal vía de acceso al mercado de trabajo de las mujeres con baja calificación. Por eso tiene un alto sentido social establecer un marco de protección legal eficaz. El proyecto de ley preparado por el Poder Ejecutivo se limita a extender la legislación laboral general a este sector. Tal como ocurre en el segmento de las pequeñas empresas, el resultado con el servicio doméstico será un masivo incumplimiento de la norma. En lugar de priorizar la protección social nuevamente se opta por alimentar la floreciente litigiosidad.

Luego del anuncio presidencial, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional un proyecto de ley proponiendo sancionar un nuevo marco regulatorio para el servicio doméstico. En términos simples, el proyecto de “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” propone asimilar el servicio doméstico a la misma categoría legal de un trabajador asalariado en una empresa. Es decir, propone que la legislación aplicable al servicio doméstico sea igual –o muy parecida– a la que se aplica al trabajo dentro de una empresa.

Son muy visibles las obsolescencias del régimen legal vigente para el servicio doméstico. También es poco discutible que se trata de una situación especial tanto por las particularidades que diferencian a los trabajadores del sector (mujeres con bajo nivel de calificación, mayoritariamente pertenecientes a hogares pobres o muy cerca de serlo) como de los empleadores (familias que en la mayoría de los casos generan sus ingresos a partir del salario de sus miembros). Estas particularidades obligan a indagar si extender a una familia normas que fueron diseñadas para una empresa constituye una buena opción.

En este sentido, resulta pertinente tener en cuenta las evidencias disponibles sobre el actual grado de cumplimiento de la normativa laboral en empresas de diferente tamaño. Datos  generados a partir de la EPH del Indec para el primer semestre del 2009 permiten observar que:

--) Entre las empresas con más de 40 trabajadores, el porcentaje de trabajadores registrados alcanza al 89%.

--) Entre 6 y 40 empleados, el porcentaje de trabajadores registrados baja al 68%.

--) Con menos de 5 dependientes, apenas el 31% de los trabajadores son registrados.

Los datos muestran que mientras en las empresas medianas y grandes el cumplimiento es de casi el 90%, entre las microempresas los trabajadores “en blanco” apenas superan el 30%. Este fenómeno está asociado, en parte, a que los controles se diluyen en la dispersión de los pequeños establecimientos.

Pero también –y es probable que sea el factor causal más importante– a que las normas superan las capacidades económicas y administrativas de los emprendimientos más pequeños. La debilidad de los controles y la limitada capacidad económica y administrativa del contribuyente se potencian cuando el empleador es una familia.

Prueba de ello es que aun luego de las reformas que simplificaron los procedimientos administrativos e incentivaron la registración con desgravaciones del impuesto a las ganancias, según la EPH del Indec y el Ministerio de Economía  un millón de trabajadoras del servicio doméstico todavía están “en negro” o lo que es lo mismo apenas el 13% de las empleadas domésticas están registradas.

No es discutible la necesidad de modernizar la norma que regula el trabajo doméstico. Ejemplos extremos que delatan la obsolescencia del régimen vigente es que no se contempla un mecanismo de protección a la maternidad, ni la cobertura en caso de un accidente laboral.

Sin embargo, es fácil demostrar que una de las peores alternativas es reproducir, como lo hace el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, normas de dudosa eficacia entre las empresas medianas y grandes, y de muy masivo incumplimiento entre los establecimientos más pequeños.

Las grandes empresas cuentan con costosos y sofisticados departamentos de recursos humanos para lidiar con las trabas administrativas, judiciales y financieras que impone la legislación laboral. Esto escapa a las posibilidades de la mayoría de los emprendimientos más pequeños y de las familias que contratan una persona para desarrollar las tareas domésticas. Por eso se produce un masivo incumplimiento, generando una situación de alta vulnerabilidad social para los trabajadores y de riesgo judicial para los empleadores. 

El Congreso tiene la oportunidad de hacer un aporte muy relevante a la equidad social y de género a partir de diseñar e impulsar un proyecto alternativo al enviado por el Ejecutivo. De lo contrario, quedará subsumido en la mediocridad de insistir en normas de alta ineficacia social y cuyo único impacto de relevancia será engrosar los ingresos de la “industria del juicio laboral”.