Se perdieron 164 mil empleos privados registrados

Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino –IDESA-, especial para ANDigital

Según datos oficiales, la pérdida de empleos privados registrados durante el último año ha sido muy intensa. Esto está parcialmente disimulado por la expansión del empleo público y de las ocupaciones informales. Parte del problema se explica por la desaceleración de la producción. Sin embargo, el principal motor de destrucción de empleos formales es la perseverancia e intensificación de políticas laborales de baja calidad. Esto lleva a enfatizar que para dinamizar la generación de empleos tan importante como recuperar el crecimiento económico es replantear la organización económica y del mercado de trabajo.

Se consolida la idea de que lo peor de la crisis internacional habría pasado y que los países desarrollados estarían ingresando en el camino de la recuperación. En la Argentina, las manipulaciones sobre el sistema estadístico oficial dificultan los diagnósticos y la proyección de tendencias.

Una primera cuestión importante es distinguir si la caída en la producción se origina en factores externos o en problemas internos. Otra, también muy relevante, es desentrañar si el deterioro de los indicadores laborales es un derivado del mal desempeño general de la economía o si se relaciona con la organización del mercado de trabajo.

En este punto, resulta particularmente útil los datos sobre empleo asalariado formal elaborados por el Indec en base a la información relevada por la AFIP a través de las declaraciones de los empleadores para el pago de las cargas sociales. Según esta fuente entre el segundo trimestre del año 2009 e igual período del año anterior aparece que:

• La destrucción total de empleos alcanzó a -144 mil puestos de trabajo, esto implica una caída del 2% anual.

• El empleo público (incluyendo todo el empleo público nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de algunas provincias) creció en 20 mil puestos de trabajo, es decir un crecimiento del 1,7% anual.

• La variación neta de empleos en el sector privado fue de -164 mil puestos de trabajo, es decir una caída del 2,8% anual.

Si bien los datos son preliminares y están sujetos a revisión (lo más probable es que sea al alza), la información sugiere una dinámica laboral en el sector formal muy negativa. Particularmente importante es el intenso proceso de destrucción de empleos entre las empresas privadas. Lamentablemente no se cuenta con estadísticas confiables para compararlos con la desaceleración en el nivel de actividad económica. De todas formas, según el Indicador Mensual de Actividad Económica del Indec, la reducción en la producción en el 2º trimestre del 2009 habría sido de aproximadamente -1%. Aun suponiendo que la caída haya sido mayor, es evidente que resulta insuficiente para explicar una destrucción tan acelerada en el nivel de empleo formal privado.

Esto datos llevan a sugerir que la política laboral está jugando un rol muy importante. En la salida de la crisis, un sostén básico del crecimiento del empleo fue la reducción de costos laborales asociados a la devaluación. A medida que el salario se fue recuperando fue desapareciendo este factor de estímulo a favor del empleo registrado. Más aún, la política laboral aceleró el proceso diluyendo más rápidamente los efectos de la devaluación al promover subas de costos laborales no salariales como, por ejemplo, los aumentos de los impuestos al trabajo (incremento de alícuotas, supresión de los tickets, eliminación del tope de la remuneración sujeta a contribuciones), el incremento en la litigiosidad laboral y la multiplicación de regulaciones que reducen la productividad laboral.

El crecimiento de la pobreza y de los problemas sociales está asociado a este pobre desempeño del mercado de trabajo o, en otras palabras, a la insuficiente generación de empleos productivos. Este proceso responde más a factores internos que a derivaciones de la crisis internacional.

Más concretamente, es el resultado previsible de la falta de percepción de que la devaluación tiene asociada reducciones de salario real políticamente insostenibles y que, por lo tanto, es necesario sustituirla por ganancias de competitividad más genuinas. Esto exige el reordenamiento en la organización del sector público y en las reglas de la economía y del mercado de trabajo.

Lamentablemente se desperdició la oportunidad de afrontar este necesario proceso de transformación estructural cuando el contexto internacional se presentaba bajo condiciones inéditamente favorables. A partir de ahora, habrá que hacerlo sin las “ganancias” de competitividad cambiaria que están esfumadas y con precios internacionales no tan favorables. La instancia superadora de esta frustrante experiencia es ganar competitividad en base a productividad y no a través de reducir el valor real de los salarios. Por eso, un capítulo particularmente importante es replantear las regulaciones laborales.