24 Nov. 2017 | 11:46
24 Nov. 2017 | 11:46
La tan mentada transparencia

Apenas una de cada siete empresas públicas informa su balance

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  • Garantizar el acceso a estos datos es crucial, dado que estas compañías pueden transformarse en instrumentos de política partidaria e incluso, si son superavitarias, en “caja”.

    Números ocultos.
    Números ocultos.

    CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) evidencia que el nivel de transparencia de las empresas públicas es bajo en general.

    Solo una de cada diez publica informes de gestión en su sitio web. Sus estatutos, una de cada ocho. Los balances, una de cada siete y las compras y contrataciones, una de cada dos.

    El relevamiento del CIPPEC comprendió a las 45 empresas públicas nacionales alcanzadas por la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia a fines de septiembre. De ellas, once son sociedades del Estado; 23, sociedades anónimas en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria; y el resto, entidades binacionales o interestaduales, entre otras.

    “Las empresas públicas presentan desafíos encontrados”, explicó Paula Núñez, coordinadora del programa de Gestión Pública y una de la autoras del documento “Transparencia en las empresas públicas: de lo deseable a lo posible”.

    “Están orientadas al bien común -su objetivo primario no es el lucro- y pueden recibir transferencias del Estado si son deficitarias. Esto puede reducir los incentivos para la eficiencia. Además, pueden transformarse en instrumentos de política partidaria e incluso en ‘caja’ si son superavitarias. Por esto, según directrices de la OCDE para su buen gobierno, la transparencia cobra particular importancia”, describió.

    Luego planteó que “si bien la información relevante de gestión en las empresas públicas es más específica que en otros organismos estatales, lo cual sería motivo para abrir más datos, por otra parte, las sociedades anónimas se rigen por el derecho privado y la publicación de cierta información implica un riesgo comercial”.

    Además, la complejidad no se agota en la norma. “Para publicar información, antes debe ser generada, lo que depende de sistemas y flujos efectivos. La divulgación proactiva y periódica en un sitio web requiere inversiones en tecnología”, prosiguió Núñez.

    Y recalcó que “a su vez, una solicitud puede derivar en cualquier área, lo cual supone nuevos procedimientos y circuitos, nuevos roles y una alineación cultural de las burocracias”.

    “Como en cualquier otra iniciativa de política pública, el compromiso y la voluntad política de las autoridades son fundamentales. Las decisiones sobre información sensible recaen en el directorio”, aclaró.

    Para que se convierta en política pública, “la transparencia depende también de la existencia de voluntades políticas a distintos niveles y del desarrollo de consensos, estrategias de implementación, presupuesto, instrumentos y espacios de intercambio de prácticas”, concluyó la coordinadora del programa de Gestión Pública de CIPPEC. (ANDigital)

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