sábado 20 de abril de 2024 - Edición Nº3682

Economía | 20 dic 2017

Análisis

La reforma tributaria exige coordinación con las provincias

La menor recaudación asociada a esta normativa será asumida conjuntamente por Nación y provincias. En este último caso, vía menor recaudación de impuestos coparticipados y reducción de impuestos, por lo que demandará un enlace con los gobernadores. El déficit fiscal atenta contra la sostenibilidad de la medida en el tiempo.


CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El costo fiscal de la reforma tributaria será asumido por la Nación, pero también por las provincias, vía menor recaudación de impuestos coparticipados o reducción de impuestos provinciales, por lo que demandará coordinación con los gobernadores.

Además, el déficit fiscal condiciona la sostenibilidad de la reforma a lo largo del tiempo, en función del marco de gradualidad en el que se planteó.

Estas son algunas de las conclusiones del documento “Reforma tributaria: análisis del proyecto del PEN y recomendaciones sobre Ingresos Brutos”, elaborado por Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Agosto remarca asimismo que “el desafío de encarar una reforma tributaria no es menor, considerando que la presión tributaria rondará 33 % del PBI este año, sobre la base de una estructura compleja e ineficiente, en una economía con niveles altos de informalidad”

“Por otra parte, el desequilibrio fiscal condiciona la propuesta y le da un carácter gradual, para que no altere el cumplimiento de las metas fiscales que el gobierno ha definido para los próximos años”, añade el investigador, quien además advierte que la iniciativa no incluye cambios sustantivos que simplifiquen la estructura tributaria.

Alcances

Las principales medidas incluidas en la reforma tributaria apuntan a reducir impuestos distorsivos que afectan la competitividad de la economía y a promover la generación de empleo: se baja la alícuota del Impuesto a las Ganancias corporativas en el caso de reinversión de utilidades; se reduce el plazo para la devolución del IVA; se computa lo pagado por Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias y se establece un mínimo no imponible para las contribuciones patronales (esto también apunta a reducir la informalidad). Además, se incorpora el denominado impuesto a la renta financiera y se modifica impuestos internos e impuestos a los combustibles.

Estas iniciativas de reforma tributaria se complementan con otras incluidas en el denominado consenso fiscal, donde las provincias se comprometen a reducir la incidencia de los impuestos a los ingresos brutos y sellos y a aumentar la imposición patrimonial.

Ingresos Brutos

Las modificaciones que las provincias deben implementar en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos reducirían los efectos distorsivos en el proceso productivo, eliminarían las aduanas internas y moderarían los regímenes de retención y percepción vigentes.

Pero no se contempla la alternativa de su reemplazo definitivo por otro impuesto más neutral. El documento de CIPPEC analiza diferentes variantes y aboga por un IVA provincial compartido que sustituya al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Impacto distributivo

El paquete impositivo contempla medidas que apuntan a promover la inversión, dinamizar el empleo, gravar la renta financiera, preservar el medioambiente, disuadir el consumo de bienes demeritorios, y mejorar la administración tributaria. Todo esto generará efectos de diferente signo en la distribución del ingreso.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional impulsa simultáneamente una reforma previsional y laboral y un nuevo marco para las relaciones fiscales entre la nación y las provincias, que tendrán que considerarse integralmente a la hora de definir los impactos distributivos en el ingreso de las personas y entre las diferentes regiones y provincias. (ANDigital)

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