ARBA detectó más de 1,5 millones de metros cuadrados construidos sin declarar

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) En lo que va de 2018, mediante fiscalizaciones satelitales y presenciales, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detectó en inmuebles de todo el territorio bonaerense 1.518.892 metros cuadrados construidos que los propietarios nunca habían declarado ante el fisco.

Luego de los procedimientos de verificación y notificación correspondientes, esas construcciones y mejoras fueron regularizadas e incorporadas a los registros catastrales, lo que significará un incremento de 53 millones de pesos anuales en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.

“A través de herramientas tecnológicas y operativos de campo pudimos terminar con esta situación de incumplimiento en el Impuesto Inmobiliario” y “ahora estos propietarios van a pagar en función de su verdadera capacidad contributiva”, expresó el director de ARBA, Gastón Fossati.

Asimismo, subrayó que “combatir la evasión y lograr que todos los contribuyentes tributen en igualdad de condiciones profundiza la equidad y nos permite sumar nuevos recursos que la Provincia destina a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Las infracciones catastrales fueron detectadas en alrededor de 6 mil inmuebles de distinto tipo, ya sea edificios, countries, casas, establecimientos comerciales e industriales, complejos recreativos, etcétera.

En ciertos casos, se trataba de construcciones que estaban declaradas como baldíos; en otros, ampliaciones o mejoras que los dueños habían evitado inscribir ante el fisco para pagar menos impuestos.

Vale reseñar que los partidos en donde se detectó la mayor cantidad de metros cuadrados construidos sin declarar fueron Pilar (188.330 m2), Bahía Blanca (117.932 m2), General Pueyrredón (111.777 m2), La Plata (108.369 m2), Tigre (99.230 m2) y Moreno (91.913 m2).

Según la normativa vigente, los propietarios están obligados a comunicar cualquier cambio edilicio ante la Agencia de Recaudación dentro de un término máximo de 30 días, a partir de que la modificación se encuentre en condiciones de habitabilidad.

Si no se declara la verdadera situación del inmueble en el plazo estipulado, el organismo provincial tiene la posibilidad de incorporar las mejoras de oficio y aplicar las multas correspondientes. (ANDigital)