20 Oct. 2018 | 10:28
20 Oct. 2018 | 10:28
Contundente

Alertan por el carácter “confiscatorio” de las tarifas de gas

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  • El defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, reveló que “cada vez más familias se desconectan de la red” y advirtió que, pese a los aumentos, el servicio “no mejoró”.

    Tarifazos que no se traducen en un mejor servicio.
    Tarifazos que no se traducen en un mejor servicio.

    LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Al disertar en la XIV Edición del Congreso Internacional “Gobierno y Servicios Públicos”, que se realiza en Costa Salguero, el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió por el carácter “confiscatorio” de las tarifas de gas, a la vez que detalló el trabajo que se viene realizando desde el organismo, cuyo de titular es Guido Lorenzino, y remarcó que los aumentos en las boletas de luz y gas no tuvieron correlato en una mejora sustancial de la calidad de los servicios.

    El Defensor del Pueblo Adjunto también alertó por la sucesión de situaciones dramáticas: desde comedores comunitarios que deben recurrir a la leña para calentar alimentos hasta usuarios que se desconectan de la red domiciliaria ante la imposibilidad de pago y jubilados que se endeudan para poder hacer frente a las tarifas.

    Desde la Defensoría revelaron que, según se desprende del último balance, Camuzzi Gas Pampeana viene registrando una disminución de clientes. Concretamente, “sólo entre marzo de 2017 y marzo de 2018, antes de la devaluación, se desconectaron 1.539 familias. A su vez, el consumo residencial tuvo una disminución del 4 % respecto al consumo registrado durante el mismo período del año anterior. Y el despacho de gas realizado exclusivamente a los sectores comerciales y pequeña industria cayó un 1 %”.

    En lo que se refiere al servicio eléctrico, Martello mostró estadísticas del ente regulador (ENRE) que da cuenta del exponencial aumento de las sanciones aplicadas a las dos principales distribuidoras por incumplimientos en pautas establecidas, basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias. “Las sanciones en el semestre comprendido desde marzo 2017 a agosto de ese mismo año sumaron $ 213.653.049, mientras que en el semestre siguiente superaron los $ 367 millones. Es decir, significaron una suba del 71 %. A su vez, Edenor y Edesur tienen que pagar resarcimientos extraordinarios por $ 136.274.460”, precisó.

    “Las propias estadísticas oficiales muestran que, pese a los exorbitantes aumentos de las tarifas, la calidad del servicio no mejoró. De ahí la aplicación de multas que en muchos casos no se terminan pagando porque las distribuidoras apelan y se inicia luego un engorroso camino administrativo. Es decir, las inversiones realizadas por las empresas no se corresponden con lo que efectivamente están recaudando, ya que le estarían dando prioridad al pago de dividendos. Sin ir más lejos, en mayo pasado, el directorio de Camuzzi distribuyó dividendos por $ 563.332.893”, graficó Martello.

    En ese marco, y ante la decisión del Gobierno nacional de que el Estado se haga cargo de la compensación a las empresas de servicios por la devaluación, el Defensor del Pueblo Adjunto agregó que “las distribuidoras tienen un colchón de recursos suficientes. Y afrontar las consecuencias de la modificación del tipo de cambio forma parte del riesgo empresario. En la Argentina, prácticamente no hay compañías que tengan el nivel de ganancias como las distribuidoras de luz y gas. Camuzzi Gas Pampeana pasó de tener un resultado negativo en el ejercicio de 2016 superior a los $ 207 millones, a tener un resultado positivo de casi $ 825 millones en 2017, siendo la distribuidora de gas que más aumentó sus ganancias en el país (496 %). En tanto, Camuzzi Gas del Sur cerró el ejercicio 2017 con un resultado positivo de $ 543 millones. De esta forma, el grupo Camuzzi tuvo un resultado favorable de $1.368 millones el año pasado”.

    “No tenemos que perder de vista la reafirmación de la titularidad estatal del servicio público como medio para garantizar derechos fundamentales y que quienes asumen una parte desproporcionada de los costos de los ajustes suelen ser los grupos más desfavorecidos cuya voz y poder político son escasos, lo que hace invisibles tanto su situación como las consecuencias para sus derechos”, concluyó. (ANDigital)

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