La Nación y las provincias recortaron la inversión en educación

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Con una importante caída en la inversión educativa nacional y provincial, la salida del gradualismo fiscal registrada a partir de 2018 tuvo un fuerte impacto en el presupuesto educativo. La inversión educativa nacional cayó 9 % entre 2016 y 2018, cifra que trepará a 19 % con la ejecución del Presupuesto de 2019.

En números absolutos, entre 2016 y 2018, la inversión educativa nacional cayó de 181 mil millones de pesos a 165 mil millones de pesos (a valores de 2018, es decir, quitando el efecto de la inflación). Si se ejecuta el Presupuesto de 2019 tal como está previsto, el retroceso entre 2016 y 2019 será de 34.700 millones de pesos (también a valores de 2018).

Así lo afirma el documento de CIPPEC “El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década”, que actualiza y extiende la cronología de la inversión educativa en la Argentina desde 2005 hasta 2017 o la actualidad, dependiendo de la disponibilidad de datos.

“La salida del gradualismo económico en 2018 se manifestó con fuerza en la reducción de la inversión educativa nacional”, manifiesta Belén Sánchez, una de las autoras del trabajo.

Y recalca que “es preocupante la reducción generalizada de la inversión asignada a políticas educativas nacionales prevista para 2019, teniendo en cuenta el escaso margen de las provincias para implementar políticas más allá del mantenimiento del sistema educativo (pago de salarios e infraestructura) con recursos propios”.

Inversión provincial y salario docente

La inversión educativa provincial, mientras tanto, se redujo un 8 % entre 2015 y 2016, y se mantuvo prácticamente constante entre 2016 y 2017. Pero la baja en los salarios docentes, que representan el 90 % de los presupuestos provinciales, permite proyectar un descenso durante 2018. Entre 2016 y 2017 (último dato oficial disponible) pasó de 590 mil millones a 589 mil millones de pesos.

En efecto, el poder adquisitivo del salario docente cayó 14 % entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder poder adquisitivo, regresando en 2018 al nivel de 2007. Se verificaron caídas en cada una de las 24 jurisdicciones (con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente han pagado salarios más altos), con excepción de San Luis, provincia en que el salario creció 14 % en términos reales (ver evolución del salario docente por provincia).

“Una parte de estas desigualdades se debe a diferencias en los costos de vida de cada provincia, pero una brecha de 2,1 veces entre la provincia que más pagó y la que menos en 2018 muestra que los fondos nacionales no logran su objetivo compensador”, indica Sánchez.

Meta incumplida

La Ley de Financiamiento Educativo (2005) estableció una meta del 6 % del PBI para la inversión educación, ciencia y tecnología; y desde 2010 la Ley Nacional de Educación fijó una meta de 6 % del PBI para la inversión en educación únicamente. El documento de CIPPEC revela que esta meta solo se cumplió en 2015: en 2016 el gasto educativo consolidado fue del 5,80 % y en 2017, de 5,65 % del PBI.

“El incumplimiento de la meta de inversión en educación limita las mejoras en las condiciones materiales y pedagógicas para lograr una mayor cobertura, permanencia y egreso de estudiantes con calidad educativa”, explica Alejandra Cardini, directora del Programa de Educación del CIPPEC.

Por otra parte, advierte que “muestra una falla en la coordinación federal para sostener la inversión, es decir, en la repartición de las responsabilidades entre el gobierno nacional y las provincias”.

Cómo proteger la inversión educativa

“Estos hallazgos muestran que hay que crear consensos para proteger la inversión en educación y su equidad distributiva, más allá de los ciclos fiscales y económicos. Faltan metas educativas que direccionen los recursos y criterios para distribuirlos”, afirma Cardini.

Además, subraya que “hay que definir claramente las obligaciones del gobierno nacional y de las provincias, para que la coyuntura macroeconómica y fiscal no conduzca a una puja entre la nación y las provincias. En un año electoral, estas cuestiones cobran aún mayor importancia, dado que en los traspasos electorales se suelen discontinuar las políticas”. (ANDigital)