12 Nov. 2019 | 13:54
12 Nov. 2019 | 13:54

El federalismo no debería ser tema de debate presidencial

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  • Lamentablemente, la ignorancia en la distribución de funciones de cada jurisdicción que prevé la Constitución trasciende al debate electoral. La superposición de acciones entre los tres niveles de gobiernos es una de las principales fuentes de derroche de fondos públicos e incentivos perversos.

    El ordenamiento funcional del Estado es un tema estratégico.
    El ordenamiento funcional del Estado es un tema estratégico.

    Análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino –IDeSA-

    En una sana práctica democrática se estableció por ley la obligatoriedad de los debates públicos entre candidatos a presidente de la Nación. La finalidad es dar a conocer y cotejar ante la ciudadanía las plataformas electorales. Es pertinente también la pena que conlleva la obligatoriedad. No consiste en una sanción convencional de multas sino que la no presentación al debate conlleva a dejar de recibir espacio oficial de publicidad. Además, se coloca el atril vacío junto al resto de los participantes para que el electorado advierta la resistencia del ausente a explicar sus propuestas.

    Para estas elecciones presidenciales se llevaron a cabo dos debates públicos, uno en Ciudad de Santa Fe y el otro en Ciudad de Buenos Aires. A los fines de ordenar las presentaciones se tomaron como base los siguientes temas: relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, producción e infraestructura, empleo, calidad institucional, rol del Estado, federalismo, seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda.

    Tan importante como debatir es abordar temas pertinentes. En este sentido, según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto público total en la Argentina en seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda alcanza a aproximadamente 15% del PBI. Estos recursos se administran de la siguiente manera:

    ---) La Nación gestiona 3 % del PBI en estas áreas.

    ---) Las provincias administran 10 % del PBI en estas áreas.

    ---) Los municipios gastan el 2 % restante del PBI en estos temas

    Estos datos muestran que la Nación está encargada de ejecutar apenas el 20 % de los recursos públicos totales que se destinan a estas finalidades. El 80 % del gasto en seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda está a cargo de los gobiernos locales. Estas evidencias, más razones constitucionales, dejan claro que estos temas no deberían incluirse en el debate presidencial o los candidatos deberían excusarse de responder señalando que se trata de responsabilidades de gobernadores e intendentes.

    Resulta muy contradictorio poner como tema de debate presidencial el “federalismo” y en paralelo hacer hablar a los candidatos sobre “seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda”.
    Los organizadores desconocen que en el régimen federal previsto en la Constitución estos temas son responsabilidad de las provincias y municipios, no del presidente de la Nación. Hablar sobre “federalismo” y prometer acciones en estos temas colisiona con el sistema institucional argentino.

    Hacia el futuro, sería muy positivo centrar los debates presidenciales en los temas que son incumbencia de la Nación. Los candidatos a presidente deberían debatir sobre relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, producción e infraestructura, empleo, calidad institucional y rol del Estado. Para debatir propuestas sobre seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda habría que bregar para que en cada provincia y municipio haya debates públicos y obligatorios entre candidatos a gobernador e intendente.

    Lamentablemente, la ignorancia en la distribución de funciones de cada jurisdicción que prevé la Constitución trasciende al debate electoral. La superposición de acciones entre los tres niveles de gobiernos es una de las principales fuentes de derroche de fondos públicos e incentivos perversos. Los incentivos son malos porque mientras peor se administre a nivel local, mayores son las chances de recibir “auxilio” financiero del gobierno nacional. Estos dispendios, además, explican parte del déficit fiscal contribuyendo a la inestabilidad macroeconómica. Por eso, el ordenamiento funcional del Estado (que cada jurisdicción administre y rinda cuentas por sus responsabilidades), junto con el ordenamiento previsional y el tributario, son los temas estratégicos para salir de la crisis estructural.

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    Análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino –IDeSA-
     
    En una sana práctica democrática se estableció por ley la obligatoriedad de los debates públicos entre candidatos a presidente de la Nación. La finalidad es dar a conocer y cotejar ante la ciudadanía las plataformas electorales. Es pertinente también la pena que conlleva la obligatoriedad. No consiste en una sanción convencional de multas sino que la no presentación al debate conlleva a dejar de recibir espacio oficial de publicidad. Además, se coloca el atril vacío junto al resto de los participantes para que el electorado advierta la resistencia del ausente a explicar sus propuestas.
    Para estas elecciones presidenciales se llevaron a cabo dos debates públicos, uno en Ciudad de Santa Fe y el otro en Ciudad de Buenos Aires. A los fines de ordenar las presentaciones se tomaron como base los siguientes temas: relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, producción e infraestructura, empleo, calidad institucional, rol del Estado, federalismo, seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda.
    Tan importante como debatir es abordar temas pertinentes. En este sentido, según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto público total en la Argentina en seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda alcanza a aproximadamente 15% del PBI.  Estos recursos se administran de la siguiente manera:
    ---) La Nación gestiona 3 % del PBI en estas áreas.
    ---) Las provincias administran 10 % del PBI en estas áreas.
    ---) Los municipios gastan el 2 % restante del PBI en estos temas
    Estos datos muestran que la Nación está encargada de ejecutar apenas el 20 % de los recursos públicos totales que se destinan a estas finalidades. El 80 % del gasto en seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda está a cargo de los gobiernos locales. Estas evidencias, más razones constitucionales, dejan claro que estos temas no deberían incluirse en el debate presidencial o los candidatos deberían excusarse de responder señalando que se trata de responsabilidades de gobernadores e intendentes.
    Resulta muy contradictorio poner como tema de debate presidencial el “federalismo” y en paralelo hacer hablar a los candidatos sobre “seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda”. 
    Los organizadores desconocen que en el régimen federal previsto en la Constitución estos temas son responsabilidad de las provincias y municipios, no del presidente de la Nación. Hablar sobre “federalismo” y prometer acciones en estos temas colisiona con el sistema institucional argentino.  
    Hacia el futuro, sería muy positivo centrar los debates presidenciales en los temas que son incumbencia de la Nación. Los candidatos a presidente deberían debatir sobre relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, producción e infraestructura, empleo, calidad institucional y rol del Estado. Para debatir propuestas sobre seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda habría que bregar para que en cada provincia y municipio haya debates públicos y obligatorios entre candidatos a gobernador e intendente.
    Lamentablemente, la ignorancia en la distribución de funciones de cada jurisdicción que prevé la Constitución trasciende al debate electoral. La superposición de acciones entre los tres niveles de gobiernos es una de las principales fuentes de derroche de fondos públicos e incentivos perversos. Los incentivos son malos porque mientras peor se administre a nivel local, mayores son las chances de recibir “auxilio” financiero del gobierno nacional. Estos dispendios, además, explican parte del déficit fiscal contribuyendo a la inestabilidad macroeconómica. Por eso, el ordenamiento funcional del Estado (que cada jurisdicción administre y rinda cuentas por sus responsabilidades), junto con el ordenamiento previsional y el tributario, son los temas estratégicos para salir de la crisis estructural.
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