¿Qué se debatió en la sanción de la Ley Impositiva 2020 de la Provincia?

Por Roberto Feletti (*)

Durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), la renta agropecuaria se incrementó singularmente por tres factores: la devaluación del peso, la desregulación completa de los mercados agropecuarios que facilitó la libre venta en el exterior de producciones agrícolas y ganaderas esenciales para el consumo interno -vinculando de ese modo los precios locales con los precios internacionales-, medida que se potenció con una rebaja generalizada de los derechos de exportación sobre los principales cultivos, en particular maíz y trigo.

Para que los argentinos estén bien alimentados se necesita anualmente abastecer su consumo con alrededor de 8 millones de toneladas de trigo, 13,7 millones de litros de leche y 110 kg de carne vacuna y otras. Si estos suministros se asignan sólo por criterios de rentabilidad de mercado y en competencia con la demanda internacional, el resultado es la aparición del hambre en el país, por el simple hecho que los precios de los alimentos terminan midiéndose en dólares y los ingresos populares en pesos.

En la provincia de Buenos Aires se encuentran los núcleos rurales más fértiles del país y tal vez entre los mejores de un ranking planetario. Según el censo agropecuario 2002, existen 2468 emprendimientos agropecuarios bonaerenses que reúnen una superficie superior a las 2000 hectáreas. Siempre conforme a la información citada, estos emprendimientos agrupan 10.031.237 hectáreas, abarcando el 38,9 % del total de la superficie cultivable de la provincia, estimada en 25.788.669 hectáreas.

Esta clase social poderosa que concentra fuertes extensiones de propiedad en las zonas más ricas no exhibe un aporte tributario acorde con dicha exteriorización de riqueza patrimonial. Al 30/11/2019, último dato disponible de la recaudación de los gravámenes de la Provincia de Buenos Aires, lo ingresado por el impuesto inmobiliario rural ascendía a $ 9.850 millones, equivalente apenas al 2,9 % del total de ingresos provinciales de $ 334.907 millones.

El otro dato relevante de las finanzas públicas de la Provincia de Buenos Aires es la fuerte pérdida de recursos en términos reales sufrida en el año que concluyó. La variación de los ingresos totales estimados para el 2019 en relación al 2018 es del 35 %, respecto de una inflación minorista prevista del 56 %, defiendo un deterioro real de la recaudación de casi el 16 %.

El gobernador Axel Kicillof, criteriosamente, abordó las problemáticas descriptas -tanto la sobre-renta agropecuaria como la caída de ingresos respecto de la inflación- en un proyecto de ley impositiva para el 2020 que permitiera recuperar la pérdida real de los ingresos impactando sobre los agentes económicos con mayor capacidad contributiva

El proyecto original preveía incidir moderadamente sobre la cadena agropecuaria, gravando progresivamente las propiedades de mayor valuación y extensión con el impuesto inmobiliario rural, y a la vez incrementar la alícuota de Ingresos Brutos en la comercialización de granos y fertilizantes, y finalmente los servicios portuarios por tonelada embarcada.

En efecto, valor de la tierra-comercialización-embarque fue el núcleo con el que se esperaba recuperar las arcas públicas severamente dañadas por la inflación heredada y lograrlo incidiendo sobre la cadena de producción e intermediación más beneficiada por la política económica de los últimos cuatro años. Ni la clase media ni los humildes serían los impactados, el efecto redistributivo de los mejores servicios estatales los tendría como beneficiarios.

Es contra este objetivo que se alzó la coalición socio-económica que sostuvo al gobierno anterior. Los diez días de debate flamígero en torno a un proyecto de ley que buscaba poner orden en las cuentas públicas sin provocar traumatismos sociales revelaron la férrea defensa que hace Cambiemos de la sobre-renta agropecuaria consolidada en su gobierno y causante del hambre en la Argentina.

La convicción del gobernador Kicillof sobre la justicia de sus objetivos, aunada a la tenacidad y paciencia ejercida por su vicegobernadora, Verónica Magario, como presidenta del Senado, permitieron preservar los núcleos claves del proyecto a pesar de la poda ensayada por la oposición.

Este no fue un debate más en torno a una ley, sino que alineó desde el arranque del gobierno las fuerzas en conflicto y vaticina un duro tránsito para el imprescindible objetivo de garantizar alimentos y energía para todos los argentinos y argentinas.-

(*) Actual Secretario Administrativo del Senado bonaerense. Exsecretario de Economía y Hacienda de La Matanza y diputado nacional del FpV.