Fondo bueno, Fondo malo

Por Juan C. Sánchez Arnau (*)

Como todos saben, el Fondo Monetario Internacional que le prestó 56 mil millones de dólares al Gobierno argentino en 2018, es el Fondo malo. Primero, porque le prestó al Gobierno del presidente Mauricio Macri que los usó para que “se los llevaran todos”, aparentemente sus amigos y socios. Segundo, porque puso condiciones para asegurarse que le pudieran devolver esos fondos que obligaban al Gobierno a un “ajuste” que nadie podía cumplir.

Era un Fondo equivocado, dirigido por la señora Christine Lagarde, que hizo lo que hizo por pura amistad con el presidente Macri. En cambio, ahora, nuestro ministro de Economía nos acaba de anunciar que va a ir de nuevo al Fondo, pero al otro, al bueno. Para poder pagar la deuda que nos dejó Macri y al que le vamos a dictar las condiciones bajo las que nos prestarán sus dineros.

Tal como ya hizo el ministro con los fondos de inversión que canjearon los bonos, con condiciones tan favorables para el país que en menos de una semana casi el cien por cien de los bonistas se desprendieron de los viejos y aceptaron los nuevos, portadores de esas condiciones que les dictó Martín Guzmán.

Este Fondo bueno, ahora lo preside una señora, búlgara de origen, pero a la que nuestro Presidente nacionalizó húngara, a la que le pediremos la misma cantidad de dólares (de DEGs en realidad) que le debemos, lo que le permitirá al Banco Central que de nuevo se los lleven todos, pero esta vez de las reservas y no los amigos de Macri sino los 4 millones de argentinos que todos los meses pueden comprar 200 dólares.

Obviamente para llegar a un acuerdo vamos a precisar muchos meses, ya nos anticipó el ministro, tal como le llevó el acuerdo con los bonistas. Tiempo que dedicaremos a convencer al Fondo bueno de que debe aceptar que nos tiene que dar los 44 millones que le debemos para que se los podamos devolver con las condiciones que nosotros le fijaremos, para lo cual comenzamos por anunciarle que el déficit fiscal para el año próximo será de solo el 4,5 % del PBI.

Dejando ahora de lado el relato y bajando a la realidad, consideramos que el Gobierno argentino ha tomado una buena decisión y que lo ha hecho en buen momento. Las reservas no abundan y si bien después del canje de deuda el BCRA se ha quedado con fondos adicionales que le permitirán hacer frente a la creciente demanda de dólares y a un déficit de la cuenta corriente que no tiene visos de mejorar, debido a la mala cosecha que tenemos por delante y al atraso en las importaciones que generó la cuarentena.

El tipo de cambio es realista y si hubiera una devaluación hoy solo serviría para bajar aún más las importaciones. Las limitaciones para operar con moneda extranjera ya han llegado al límite de lo razonable y por delante tenemos algunos vencimientos que no son renegociables: Club de París, intereses del préstamo del FMI y algunas cancelaciones de préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF que no siempre se pueden compensar con nuevos préstamos.

A ello hay que agregar los casi 44 mil millones de dólares de deuda con el FMI que habrá que cancelar a partir del año próximo, pero especialmente en los dos años siguientes. En esas condiciones era lógico volver al FMI y negociar un nuevo acuerdo que permita “calzar” vencimientos con nuevos giros y así postergar la deuda por otros tres años.

Cabe prever que la negociación va a girar básicamente sobre tres temas. Primero, la magnitud del déficit fiscal en el período inicial y del superávit posterior, dado que el Fondo debe asegurarse que el país, llegado el momento de los vencimientos, contará con los recursos necesarios para amortizar la deuda.

Segundo, la evolución del gasto público, dado que el resultado final no podrá lograrse por la vía de mayor presión impositiva. Comenzar la negociación lo antes posible juega a favor del Gobierno, ya que por ahora es más fácil justificar la magnitud actual del déficit y de la emisión, atento la urgencia de atender las necesidades de un amplio sector de la población hasta aquí privada de empleo u otros recursos.

Pero el Gobierno tendrá que encontrar la forma de que estos subsidios y los que se han implantado para contener las tarifas de los servicios públicos, puedan achicarse lo antes posible para dejar de pesar sobre las cuentas públicas. Otro tanto sucederá con las transferencias a las provincias, uno de los rubros que más ha crecido durante los últimos meses, y a las empresas públicas que enfrentan pérdidas sin precedentes.

Tercero, la evolución de las reservas y por ende el funcionamiento del mercado cambiario. Este quizás será el problema más difícil de resolver: las reservas no abundan, una devaluación en las actuales condiciones es inconducente, y el país está muy necesitado de recursos para la inversión, ya sea en grandes proyectos como “Vaca Muerta” o la minería, sin contar los necesario para mantener el flujo de insumos para la industria y de otros indispensables para la producción orientada a la exportación.

Mantener las barreras a las operaciones en divisas va en contra de tales objetivos y levantarlas comporta el riesgo de la pérdida acelerada de reservas. El problema central es la confianza, y en ese terreno el déficit del Gobierno es muy grande. La sangría de los 200 dólares mensuales es la más palpable demostración de ello. El problema es esencialmente político y es muy posible que haya importantes sectores del Gobierno que no lo comprendan... o que no quieran comprenderlo.

Por eso también es difícil que el Gobierno asuma un gesto de mayor audacia política, y que en lugar de un nuevo acuerdo stand-by para postergar deuda, opte por un acuerdo de Facilidad Extendida que permitiría un recurso a más fondos que los adeudados y a plazos más extendidos para la amortización. Sólo que, en ese caso, la condicionalidad sería más severa y alcanzaría a problemas estructurales de la economía argentina, como el sistema previsional, el impositivo o la legislación laboral.

Otra posibilidad, que quizás el Gobierno tratará de explorar más adelante, es utilizar el respaldo del Fondo para volver al mercado de capitales especialmente con vistas a poder mejorar el perfil de los vencimientos de los bonos que se acaban de renegociar y así postergar pagos a una tasa razonable, atento el peso de los vencimientos a partir de 2027.

Antes, sin embargo, el Gobierno debería hacer lo posible por restablecer la confianza de los argentinos que cuentan con más de 150 mil millones de dólares en el exterior o debajo de los colchones para que los reorienten hacia el mercado local o lo conviertan en nuevas inversiones en el sector productivo. Hasta ahora, todos los gestos van en el sentido contrario, pero el Gobierno ha dado más de una demostración de pragmatismo cuando la situación se vuelve difícil.

En cualquier caso, es indispensable que el Gobierno llegue a la mesa de negociaciones con el Fondo provisto de un plan. Es decir, con proyecciones de ingresos y egresos fiscales, de déficit y superávit fiscal, de tipo de cambio, de saldos de la cuenta corriente y eventualmente de nuevos ingresos de capital, junto con las medidas de política que piensa aplicar para alcanzar esos objetivos. Si no lo hace el Gobierno, se lo hará el Fondo.

Resumiendo: el recurso al FMI es un buen paso que abrirá una vez más la puerta a la posibilidad de un ordenamiento de las finanzas públicas, a una reducción o al menos una contención del gasto público sin agregar mayor presión impositiva y a un manejo más eficiente de las reservas.

A partir de aquí es muy importante no repetir la experiencia de la renegociación de la deuda. Guzmán y su equipo perdieron seis meses para terminar haciendo “concesiones” mayores a las previstas inicialmente por los acreedores. En la negociación con el Fondo pueden perder un tiempo muy valioso pretendiendo obtener concesiones que no están en los libros y terminar aceptando lo que hoy consideran imposible.

Deben tener en cuenta que estamos a las puertas de un año electoral y que cuanto antes se auto limiten a través de un acuerdo con el Fondo, mayores serán sus posibilidades de resistir a las presiones de Gobernadores e Intendentes para aumentar un gasto publico que, de no ser contenido, va a terminar generando una inflación incontenible. Y suponer que se puede llegar a un acuerdo con el Fondo -aunque sea el Fondo “bueno”- con las actuales políticas de expansión monetaria y déficit fiscal, es una nueva ilusión que nos llevará a otro callejón sin salida.

(*) Diplomático y economista.-