Sindicatos repudiaron proyecto oficial que crea órgano imparcial para dirimir conflictos gremiales

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) En una nueva reunión de gremialistas bonaerenses de distintas extracciones, colores políticos y objetivos sindicales, este jueves al mediodía se encontraron sus máximas autoridades con el fin de repudiar la media sanción que posee un proyecto de ley que pretende crear un Organismo de Mediación y Arbitraje para el Empleo Público, un tribunal que podrá intervenir en los conflictos salariales entre el Estado y los sindicatos, y pedir asimismo un nuevo Órgano Imparcial que “cuente con la participación de las organizaciones”.

Miguel Zubieta, de Salud Pública; Julio César Castro, de SOSBA; Marcelo Balcedo, de SOEME; Oscar De Isasi, de ATE; Hugo Blasco, de la AJB; Héctor Nieves, de UPCN; Ariana Pizarro, de AEMOPBA, más representantes del SUTEBA y la FEB –ambas entidades docentes–, fueron algunos de los dirigentes presentes en una nueva reunión multigremial, como las que se desarrollaran alrededor de un año atrás a raíz de un proyecto que buscaba unificar los códigos de descuento sindicales.

Tras repudiar abiertamente la iniciativa, y reclamar la participación de las organizaciones en la confección de la ley, se propuso comenzar a generar este tipo de reuniones con mayor asiduidad, y no sólo para oponerse a iniciativas gubernamentales, sino para comenzar a trabajar objetivos comunes.

Al finalizar el encuentro, ANDigital dialogó con algunos de esos dirigentes presentes. Inicialmente fue Oscar De Isasi quien sostuvo que “cuestionamos a fondo el proyecto de ley del Gobierno, en primer lugar porque tiene un pecado de origen: lo hizo de manera unilateral la patronal, el Estado, cuando claramente la Constitución Nacional, la Provincial y la OIT aseguran que cualquier órgano imparcial que laude sobre los conflictos gremiales, tiene que surgir por consenso”.

Luego fue Miguel Zubieta, del SSP, quien aseguró que “nuevamente este Estado patrón que siempre hace las cosas sin consultar a los trabajadores hoy nos encuentra unidas a todas las organizaciones, o a gran parte de ellas, que no tenemos diferencias de criterio porque todos defendemos al trabajador”, y remarcó que “otra vez vamos a presentar nuestra queja al respecto y vamos a hacer una presentación en la Legislatura para que este proyecto que tiene media sanción sea archivado y después, con los trabajadores, con las organizaciones, y el Estado de por medio, poder hacer un proyecto conjunto”.

El gremialista informó que “esto no es un capricho nuestro, ni de los docentes ni de nadie, sino que se encuentra en el texto de la Constitución Nacional de 1994, que en su artículo 34 habla bien claro que para laudar en un conflicto entre el Estado y las organizaciones sindicales, debe crearse un órgano imparcial; pasaron 20 años y nunca se hizo, y unos 4 años atrás nos juntamos con el Estado para conformarlo y, si bien habíamos avanzado muchísimo, por la voluntad unilateral del Gobierno no se siguieron realizando las reuniones; a un año de irse (el Gobierno de Daniel Scioli) nos enteramos que impulsan un órgano imparcial y ahí sí por un conflicto docente luego del cual la Justicia los intimó a hacerlo en 180 días. Una intimación judicial no significa que tengan que hacer un mamarracho”, concluyó.

Con los tapones de punta, Marcelo Balcedo remarcó inicialmente que “si este Gobierno no puede gerenciar, manejar ni administrar la provincia de Buenos Aires, creo que van a tener mucho menos capacidad para manejar los destinos de la Nación”, y puntualmente en lo que refiere a la iniciativa, sostuvo que “básicamente, este proyecto nació mal, porque no cuenta con la participación de los obreros, cuando en la OIT se expresa claramente que este tipo de órganos deben ser confeccionados junto a los trabajadores”.

Por otro lado, recordó que a raíz de aquel conflicto por el proyecto de códigos de descuento, “tuvimos contactos con (el titular del Senado, Gabriel) Mariotto, con (la presidenta del bloque oficialista en la Cámara Alta, Cristina) Fioramonti, con demás senadores, y les expresamos que no podían sacar ningún tipo de ley que tuviera que ver con los trabajadores, a espaldas de las decisiones de los trabajadores, y sin la opinión de las organizaciones sindicales. A eso se comprometieron y no lo hicieron, porque es claro que hay una intencionalidad de buscar una herramienta espuria para violar nada más ni nada menos que el derecho a huelga de los trabajadores”.

Finalmente, Adriana Pizarro, de AEMOPBA, criticó por “inconstitucional” la media sanción del proyecto, debido a “la ausencia de trabajadores en la confección de la ley” y, en esa línea, remarcó que “hemos decidido frenar el avance de esa iniciativa y exigir que se haga un nuevo proyecto con participación de los trabajadores, y de paso AEMOPBA pidió que no dejemos pasar el de asociación público-privada, que aún no fue votado pero que lo tenemos sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles”. (ANDigital)