13 Dec. 2017 | 04:21
13 Dec. 2017 | 04:21
Análisis

La pobreza está infantilizada

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  • Los niños de 0 a 4 años son más pobres que la población en general y la brecha entre ambos grupos aumentó en los últimos años. Saber cuánto se gasta y cuánto debería invertirse para implementar las políticas nodales es solo el primer paso para asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los infantes.

    Por Malena Acuña (*)

    La Argentina ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas, incluyendo la primera infancia, generando un amplio marco normativo. Pero la prioridad que se da a estos derechos también se refleja en la forma de asignar y ejecutar los fondos para garantizarlos.

     

    La inversión social por niño es alta, pero la pobreza está infantilizada

    En la Argentina, los últimos datos disponibles sobre inversión nacional y provincial en primera infancia son de 2009 y exhiben altos niveles de inversión social por niño comparado con la región. Sin embargo, solo alrededor de un tercio de la inversión está a cargo del Gobierno nacional, principalmente por la descentralización de los servicios de educación inicial y cuidado y salud pública, las dos categorías de gasto con mayor peso. En tercer lugar por peso en la inversión en primera infancia está la dimensión de ayuda directa (incluye licencias y transferencias), la cual es la de mayor participación presupuestaria al considerar solo el gobierno nacional.

    La inversión nacional de nuestro país en primera infancia se destaca en América Latina por su bajísimo grado de especificidad: los más chicos se benefician indirectamente, por formar parte de un grupo más amplio o al igual que la población general. En 2009, esta inversión nacional equivalía a 0,5 % del PBI y se puede asumir que este porcentaje aumentó en los últimos años.

    El CIPPEC analizó datos de gasto más específico en dimensiones seleccionadas correspondientes a la administración pública nacional (parte del Gobierno nacional) y encontramos que se invirtió 0,73 % del PBI en 2014.

    Pese a ello, y a haber reducido la pobreza en los últimos años, en la Argentina se ha acentuado el fenómeno regional de infantilización de la pobreza: los niños de 0 a 4 años son más pobres que la población en general y la brecha entre ambos grupos aumentó en los últimos años. Muchos de los más chicos todavía ven sus derechos vulnerados y las diferencias interprovinciales son amplias. Todo esto indica la necesidad de avanzar en políticas integrales y aumentar la inversión específicamente destinada a la primera infancia y la proporción afrontada por el gobierno central.

     

    Cuánto cuesta una política integral de primera infancia

    CIPPEC analizó los costos de implementar progresivamente de 2016 a 2019 diez políticas prioritarias y de gran peso presupuestario dentro de un conjunto más amplio de recomendaciones de política pública para avanzar hacia una política integral de primera infancia. Estas políticas son:

    ---) Extender la red de bancos de leche.

    ---) Entregar un kit para el recién nacido.

    ---) Extender las licencias por maternidad y paternidad y crear las familiares.

    ---) Modificar la Asignación Universal por Hijo, aumentando la cobertura y la asignación destinada a la primera infancia.

    ---) Expandir la cobertura del jardín maternal, de la sala de 3 y de 4.

    ---) Crear nuevos centros de desarrollo infantil, con estándares de calidad.

    ---) Adecuar los centros de desarrollo infantil existentes a estándares de calidad.

    ---) Capacitar a los docentes de nivel inicial en establecimientos de gestión pública.

    Suponiendo un escenario macroeconómico de crecimiento moderado, se costearon tres alternativas (máxima, media y mínima), según distintos grados de ambición en la implementación de las propuestas. Tomando los promedios del período 2016-2019, se estimó que los conjuntos de mínima y máxima demandarían anualmente al gobierno nacional 0,84 y 1,52 puntos del PBI, respectivamente.

    En caso de llevarse a cabo las metas propuestas bajo la actual división de responsabilidades fiscales entre la Nación y las provincias, las políticas que exigen mayor inversión por parte del gobierno nacional seguirán siendo las ligadas a licencias y transferencias. A pesar de buscar incrementar la participación de Nación, la descentralización de los servicios de salud y de educación y cuidado hace que gran parte de estos costos recaigan en los gobiernos provinciales.

    Saber cuánto se gasta y cuánto debería invertirse para implementar las políticas nodales es solo el primer paso para asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas. Para fortalecer la viabilidad de la agenda propuesta en el plano fiscal, político y técnico, será clave que una mayor proporción de los costos sean afrontados por el gobierno nacional. Esto permitirá, también, generar un piso nacional que resulte en una mayor justicia distributiva que tienda a reducir las enormes brechas de que distancian hoy a las provincias.

     


    (*) Analista del Programa de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

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