viernes 26 de abril de 2024 - Edición Nº3688

Municipios | 16 ene 2017

Gestióno bruerista en la mira

La Justicia investiga a exconcejales de La Plata por presunto cobro de coimas

En el año 2010, el Gobierno de Pablo Bruera estaba en medio de un ejercicio político pleno, con mayoría en el Concejo Deliberante. Fue allí cuando el 28 de abril en una sesión convocada a otros fines, ediles oficialistas y opositores concretaron un acuerdo escandaloso para aprobar el polémico Código de Ordenamiento Urbano. Tras esto devino la construcción desmedida y la posterior inundación con, al menos, 89 muertos.


LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini, abrió días atrás una investigación penal contra exconcejales de la capital bonaerense por el presunto cobro de dádivas a cambio de dar voto favorable al proyecto que en ese entonces promovió el Ejecutivo para implementar lo que hoy se conoce como Código de Ordenamiento Urbano y Territorial.

El proyecto fue votado a fines de abril a favor por 18 ediles de los cuales 15 eran afines al Gobierno de turno que encabezaba Pablo Bruera.

Javier Pacharotti, María Fernanda Moggia, Valeria Amendolara, Cristian Vicent, Juan Lotúmulo, Sabrina Rodríguez, Enrique Caparelli, Gabriel Céspedes, Gustavo Luzardo, Silvana Soria, Lorena Riesgo, Fabián Lugli, fueron los oficialistas que votaron a favor de la propuesta.

Los opositores Juan Pedro Chaves, Jacinta Tritten y Miguel Forte también hicieron el favor de levantar la mano para que el COUT sea una realidad. Solo los concejales del Frente Amplio Progresista votaron en contra de la propuesta.

Desde la aprobación de esta normativa comenzó la construcción desmedida de edificios afectando al patrimonio histórico y colapsando los servicios tanto en la zona del centro como de la periferia platense.

“Quienes aprobaron este proyecto desoyeron a expertos, vecinos y ONGs para aprobar el COUT, principal medida responsable de la tragedia del 2 de abril”, explicaron desde Defendamos La Plata, una organización que luchó por evitar la construcción desmedida y que aún busca defender el poco patrimonio histórico que hay en La Plata en pie, resistiendo a las sucesivas demoliciones.

Valeria Amendolara presidia el bloque oficialista de concejales y a poco de aprobarse el polémico proyecto le dijo a la oposición: “presentaron una visión apocalíptica dijeron que la ciudad se va a quedar a oscuras y que van a colapsar los servicios, quisieron asustar un poco a la opinión pública los que dijeron que no fueron a la sesión en términos políticos y no técnicos”.

Lo cierto es que el tiempo hizo que Amendolara quede mal parada ya que tres años más tarde la ciudad sufrió la peor inundación de su historia después de las lluvias de los días 2 y 3 de abril de 2013, hubo al menos 89 muertos. El COUT aprobado terminó siendo uno de los elementos centrales para tapar los desagües de la capital bonaerense.

Hoy, seis años después del acuerdo que se hizo entre gallos y medianoches, el fiscal de delitos complejos de La Plata Jorge Paolini investiga la comisión de posibles delitos en el marco de ese acuerdo que terminó dejando a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires bajo el agua, todo sea para beneficiar a las constructoras y a las especulaciones inmobiliarias.

De hecho, la investigación de Paolini se desprende de la instrucción por pedido de coimas a vecinos por parte de funcionarios brueristas en el marco del plan de viviendas conocido como ProCreAr.

La nueva investigación penal de Paolini es para establecer si existió el pago de coimas a concejales para que voten este código. En la sesión del 28 de abril había presente solo dos tercios de concejales lo que provocó acusaciones cruzadas que daban cuenta de que las ausencias apuntaron a favorecer al bruerismo.

Paolini dice en su orden detención contra los ex funcionarios Enrique Sette, Roberto Moreno, Gustavo Petró y Mariano Bruera: “el análisis de esos archivos (rezonificación del ProCreAr) permite diferenciar dos momentos delictivos, uno coincidente con la conformación de la organización delictiva investigada en estos autos -integrada por funcionarios del Ejecutivo municipal y con inicio a comienzos del año 2014- , y otra anterior en el tiempo -posiblemente entre los años 2010 a 2013 - destinada a pedir dinero a cambio del dictado de una ordenanza municipal que reformara parcialmente el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, presumiblemente integrada también por distintos concejales municipales”, desde aquí el fiscal traza un punto de partida para investigar el pago de sobornos por el cual quedaron en la mira los ex concejales.

La investigación avanza y no se descarta que en las próximas semanas se pueda llevar adelante el procesamiento de algunos de los exconcejales señalados. (ANDigital)

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