08 Aug. 2020 | 23:41
08 Aug. 2020 | 23:41
Bitácoras bonaerenses

Paritarias municipales: Un nacimiento rodeado de suspicacias

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  • La norma que permite la creación de las discusiones salariales para empleados municipales finalmente fue sancionada en la Legislatura. Después de meses de tensión y desacuerdos, las partes pudieron acordar. La Provincia tendrá un rol preponderante en auxilio de municipios que no puedan hacer frente a los salarios. En medio, surgió la posibilidad de tratar una enmienda a la Constitución Provincial, mediante una consulta popular, para que se plasme la autonomía de los municipios.

    Fue un proceso largo, cargado de pujas y desacuerdos. La Legislatura bonaerense vivió la presión que ejercieron los gremios municipales para sancionar la ley. Los alcaldes bonaerenses, no muy convencidos con ese propósito, tuvieron que resignarse a ver el nacimiento de la ley de paritarias municipales. Llegó, se hizo realidad, pero las polémicas en torno a esta iniciativa siguen vivas. Terminó un capítulo tedioso, pero empieza otro que abre nuevos escenarios de negociaciones y pulseadas políticas.

    Esta semana que pasó, el Parlamento bonaerense sancionó la nueva norma. El trayecto duró años y en este 2014 finalmente se dio vida a la ley. Se logró un acuerdo, más por la presión de los gremios municipales que por el convencimiento propio.

    El proyecto original, que la Cámara de Diputados dio media sanción a principios de septiembre, contaba con el impulso del diputado del Frente para la Victoria Hernán Doval, quien ofició de embajador de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) en la Legislatura y pudo conseguir el apadrinamiento del titular de aquel cuerpo, Horacio González, para que de una vez por todas se tratase el texto. En el Senado, lugar donde hasta se presumió que la ley sucumbiría, se hicieron algunos retoques, por lo cual regresó a su Cámara de origen para ser finalmente sancionado. Cambios en pos del acuerdo.

    Tras un gran camino cargado de diferencias y recelos, los representantes de los intendentes enrolados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) lograron sentarse alrededor de la mesa con dirigentes de FESIMUBO y con representantes del Poder Ejecutivo provincial con el fin de acordar la redacción final del texto. El escrito final mantiene en el cuerpo normativo la obligatoriedad de realizar negociaciones colectivas entre los gremios y las municipalidades, pero las cláusulas vinculadas con las condiciones laborales de esos trabajadores deberán ser fijadas por cada uno de los 135 municipios. El punto nodal, sin dudas, es que se derogó la estigmatizada Ley 11.757, sancionada en 1996, para crear una instancia de negociación salarial inexistente hasta hoy. Además, se logró establecer un piso de haberes no menor al salario mínimo vital y móvil en proporción a las seis horas de jornada laboral para este sector. En este marco, se incluyó un punto que garantiza que los trabajadores municipales perciban ese sueldo mensual en todos los distritos bonaerenses, situación en la que el Gobierno provincial oficiará de colaborador con los municipios que no tengan recursos para enfrentar la actualización salarial de sus empleados. Las bases de la conjunción final.

    La sesión en el Senado fue menos escandalosa que en las oportunidades de tratamientos de otras leyes de gran trascendencia. Si bien hubo diferencias marcadas, nada de lo que la antesala del debate anticipaba sucedió. Los bloques del FpV-PJ, FAUNEN, Nuevo Encuentro y Unión PRO-Peronista votaron por la positiva, mientras que el Frente Renovador se inclinó por la negativa y el polémico y explosivo Mario Ishii, con su monobloque “PJ-Néstor Kirchner”, solicitó permiso para abstenerse en la votación. Pero fue la previa de ese jueves donde se cocinó el acuerdo final para el nacimiento de la nueva norma. En una cumbre sobre la hora, el gobernador Daniel Scioli se trasladó hasta el gran despacho que tiene el vicegobernador Gabriel Mariotto en el Senado. Del cónclave desde donde salió el humo blanco, también participaron el propio González; el jefe de Gabinete provincial Alberto Pérez; el titular la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo), Rubén ‘Cholito’ García, y Doval. Negociaciones y cierres sobre la hora.

    Así pudo nacer el nuevo Estatuto de Empleados Municipales, pero su vida no dejó de traer polémicas sobre la arena política bonaerense y abrió la puerta a muchos objetivos que deambulan sobre la nueva ley. Uno de ellos, la modificación de la Sección Séptima del Régimen Municipal de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que empezó a surgir en los comentarios e ideas de varios legisladores. Este camino apunta a una reforma más certera que tiene ver con la Autonomía Municipal, un debate que viene sonando con gran fuerza entre los distintos espacios políticos. Los primeros análisis sobre esta posibilidad apuntan a mirar el artículo 123 de la Constitución Nacional, la cual consigna que “cada provincia dicta su propia Constitución asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Cabe recordar que el mencionado punto, en la reforma constitucional de 1994 no fue absorbido por los convencionales provinciales. Sin embargo, veinte años después, la temática reflotó de la mano del nacimiento de las paritarias municipales. Durante el tratamiento de la norma en el Senado, Carlos Fernández desplegó desde el radicalismo la idea de que ésta es una “norma de transición” que surge de la “tensión de dos derechos”, la Autonomía Municipal y los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Así, el senador boina blanca reclamó de manera airada por la deuda de los convencionales bonaerense al no establecer en la reforma provincial la Autonomía Municipal, y responsabilizó al “pacto Duhalde-Rico”. Los ojos se posan sobre el pasado.

    Desde el oficialismo no acusaron recibo ante los reclamos del radical; en su entorno saben que la aprobación de la Ley de Paritarias Municipales trajo una larga pulseada de tensión y costó convencer a los barones del Conurbano para que apoyasen la iniciativa. Sin embargo, de manera curiosa, quienes respondieron a la acusación radical fue massistas. El senador Baldomero ‘Cacho’ Álvarez de Olivera, quien fue un diputado convencional en 1994, le devolvió la chicana al radical y aseguró que el régimen municipal no se modificó porque “la UCR no apoyó la reelección” del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Más allá de los cruces marcados por el pasado, surgió al mismo tiempo un acoplo a la idea de reflotar las Autonomías Municipales. Fue el también radical Roberto Costa, actual converso y que comulga en el massismo, quien instó a sus pares a mocionar, tras haberse escuchado en el recinto el respeto a la Autonomía de los Municipios que todos admitían: “Si estamos todos de acuerdo, por qué no aprobamos una reforma constitucional, por enmienda, y así se modifica el régimen municipal garantizado la Autonomía Municipal plena en la provincia de Buenos Aires”, dijo el legislador, al dar el puntapié inicial de un debate que parece asomarse en el horizonte. Las secuelas que dejó la paritaria municipal.

    Bajo ese escenario, Costa fue más allá, se subió al caballo de batalla del massismo y agregó: “El artículo 206 de la Constitución Provincial advierte que podrá ser reformada a través una ley que debe contar con el voto afirmativo de los dos tercios del total de los miembros de ambas cámaras para ser aprobado. La ley indicará si la reforma será total o parcial y, en este último caso, las partes o los artículos que serán reformados”. Seguidamente, aclaró: “La misma ley establece el sistema de enmienda que debe ser sometida a plebiscito en la primera elección que se realice”. En sus conclusiones, el senador massista indicó: “Parece que todos estamos de acuerdo con la Autonomía Municipal, así que hagamos la ley y modifiquemos la Sección Séptima de la Constitución provincial”. La idea de buscar una enmienda a la Constitución Provincial tuvo distintos ecos en la Legislatura bonaerense. Algunos legisladores optan por reservarse su opinión, otros ven con agrado esa posibilidad y hasta surgieren que se podría sumar algún otro ítem a la consulta popular, en caso de realizarse. Se empieza a conformar el escenario.

    La Provincia tiene sancionada su ley que permite las paritarias municipales. Su historia está cargada de distintas contrariedades y años de luchas, pujas y desacuerdos. Fue allá, cerca del final de 1995, cuando se sancionó una iniciativa, marcada por un contexto de emergencia en la gestión del entonces gobernador Eduardo Duhalde, quien había sido recientemente reelecto. A principios de 1996 se promulgó la polémica Ley 11.757 que será derogada cuando el Ejecutivo bonaerense promulgue la nueva. Por esos días, el frente gremial de los municipales, sucumbido por esas peripecias, se partió en dos espacios. Así nació la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FESIMUBO), o como algunos la llaman, “la FeSiMuBo”. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, la llamada “histórica”, fue la que soportó la escisión y actualmente sobrevive. Con los años, la lucha se fue centrando en un objetivo común: la derogación de la Ley 11.757 y la promoción de las convenciones colectivas y paritarias locales y provincial. No fue un trayecto sencillo, pero de todos los textos presentados el proyecto de Doval de este año fue el que terminó siendo realidad. Hubo un tiempo en que los intendentes de peso del Conurbano presionaron muy fuerte en la Legislatura para que esa norma no viera la luz, pero en este 2014, producto de la voluntad del FpV y la presión de la FESIMUBO en las puertas del Parlamento bonaerense, con marchas y distintas manifestaciones, se produjo el acuerdo final que conjugó a los intendentes, al Poder Ejecutivo y a Senadores y Diputados. El largo sendero transitado.

    Las modificaciones realizadas en la Cámara Alta fueron las que permitieron el nacimiento de esta ley. Voces de distintos espacios políticos en el Senado advirtieron que, si el proyecto que tuvo media sanción en Diputados hubiera sido aprobado sin esas modificaciones, los intendentes descontentos con esa medida ya tenían lista una batería de presentaciones judiciales para bloquear la norma. Otro punto a tomar en cuenta es que durante el debate del jueves no se hizo foco en el punto del Salario Mínimo Vital y Móvil contemplado en la normativa para los municipales. Cabe recordar que el punto de aclaración de la ley sostiene: “Podrá ser adecuado a la jornada laboral fijada por el Municipio, a cuyos efectos se podrá constituir un Fondo Compensador Específico integrado por recursos municipales y/o provinciales y/u otras fuentes, para financiar diferencias salariales que pudieran resultar de la nómina de personal existente al momento de entrada en vigencia de la presente ley. La diferencia resultante y los casos a financiar serán establecidos por el Poder Ejecutivo provincial a instancias de la información requerida a estos efectos”. Muchos son los analistas que sostienen que en este punto la aprobación de la Ley quedó sancionada “con el apoyo de Scioli”. Esa lectura no es muy lejana a lo que piensa el massismo de cara a las elecciones presidenciales del 2015, porque observan que Scioli y el FpV “aprovecharon” la aprobación de la ley para “insertarse” en los municipios con una buena carta de presentación. Por ahora, resta saber cuándo el Ejecutivo Provincial promulgará la ley que creará las paritarias municipales. Una vez realizada la oficialización, se tendrá que esperar 180 días para su entrada en vigencia y otros 180 días para que los Concejo Deliberantes de los 135 municipios dicten las ordenanzas para reglamentar la ley. Culminó un arduo camino, pero todo indica que comienza otro más complicado.

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