Vidal, intendentes peronistas y la inseguridad: otra oportunidad perdida

La inseguridad vuelve a recordarnos que sigue siendo protagonista de la cruda realidad de los bonaerenses. Nos da cachetazos, duros, que vuelven a doler y que hacen que la mirada de la clase política se focalice, una vez más, en esta problemática, aunque con viejas actitudes mezquinas. En las últimas semanas, como una vieja costumbre, varios casos trágicos volvieron a poner sobre el tapete a la inseguridad como un problema que sigue más vigente que nunca. Desde el cruel asesinato del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino (partido de La Matanza), sumado a otros casos similares, hasta el feroz ataque a la comisaría de San Justo (también en La Matanza), las palabras seguridad e inseguridad volvieron a las portadas de los principales medios periodísticos y a ser eje de discusión y debate de la dirigencia bonaerense. Las culpas se reparten, la solución se focaliza en duelos verbales y nuevamente la clase política no apunta a gestar realmente una solución conjunta que permita comenzar un camino para combatir este flagelo. Otra oportunidad perdida.

En una columna anterior se analizó cómo el asesinato del colectivero Leandro Alcaraz quedó envuelto en un nuevo cruce entre la gobernadora María Eugenia Vidal y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, con acusaciones de por medio y la pelea por la Gobernación 2019 de fondo. Lejos de que la situación mejore y que las partes se sienten en una misma mesa para ejecutar planes conjuntos, las discrepancias se acrecentaron y se expandieron hasta llegar a todos los distritos peronistas. Con la inseguridad como preocupación, todos los intendentes de las diversas facciones del peronismo fueron hasta La Plata para plasmar una serie de pedidos a la gobernadora. El dato no es menor, para nada, la presencia de todos los intendentes peronistas (en persona o por carta de adhesión) o de representantes de todos los bloques peronistas de Diputados y Senadores no se había dado en ninguna otra política sobre el escenario bonaerense. La comitiva, encabezada por los alcaldes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Verónica Magario (La Matanza), en conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara de Diputados, focalizó sus pedidos en mayor presencia de la Gendarmería en la Provincia, traspaso de la Policía Local a la esfera municipal y la convocatoria a una mesa de diálogo para concretar políticas conjuntas entre todos los actores políticos. La postal, en lo simbólico, también dejó un apoyo explícito a Magario, tras los severos hechos sucedidos en su distrito. La reacción del peronismo.

En general, los intendentes peronistas aseguran que son ellos que se van haciendo cargo de políticas donde no tienen “herramientas adecuadas para hacerlo”. “No tenemos una ley auxiliar para un intendente. No podemos explicar a los vecinos que no tenemos la Policía Local”, se quejó Alberto Descalzo, alcalde de Ituzaingó, en la conferencia de prensa. En esa línea, el peronismo aclaró que quiere sentarse y charlar entre todos los actores para “tener una estrategia común” y, en voz de Insaurralde, recordó que Vidal, en su discurso de Apertura de Sesiones de 2017, anunció que convocaría al Diálogo Social por la Seguridad a los diversos actores de la sociedad. “Voy a convocar a las distintas fuerzas políticas, a la Justicia, al Poder Legislativo y a los intendentes, a un diálogo social donde podamos fijar acuerdos y sostenerlos en el tiempo”, dijo la mandataria bonaerense hace más de un año, pero esa convocatoria nunca se plasmó y aún parece estar lejos de concretarse. En otro punto, las quejas de los alcaldes peronistas es que “la Provincia les transfiere responsabilidades y no soluciones”. Sobre ese punto, volvieron a una vieja insistencia de los intendentes que se basa en descentralizar la dirigencia de las políticas de seguridad, pero con recursos. Esos pedidos, transferencia de la Policía Local a los municipios y descentralización de responsabilidades con recursos, ya fueron planteados durante la gestión de Daniel Scioli, cuando el Frente Renovador de Sergio Massa era la principal oposición en la provincia. La problemática nunca fue escuchada o concedida de forma concreta por esos años y parece que éste, con otra gestión, no es la excepción. Las mismas quejas, las mismas respuestas.

Al estilo Scioli, desde la administración bonaerense hicieron oídos sordos a los pedidos concretos de los intendentes. A modo de respuesta, dejaron trascender un documento donde se enumeran algunas políticas llevadas adelante por la administración bonaerense, como cantidad de distritos donde se fusionó la Policía Local con la Policía Comunal (son 32), se ocuparon de resaltar que el sueldo de los efectivos “lo paga la Provincia, al igual que el equipamiento, armas y chalecos”, y destacaron que “entre el 2015 y el 2017 se nombraron a 24.043 policías locales, de los cuales 20 mil están en función”. Ante el pedido de convocatoria al Diálogo Social, anunciado por la propia gobernadora, el documento tuvo una respuesta contundente, pero que no deja de ser curiosa. Afirma que el Consejo de Seguridad Provincial que se reúne anualmente es el ámbito donde se discuten las problemáticas de la seguridad. En otras palabras, la respuesta al pedido de los intendentes fue casi un ninguneo a sus demandas (no salió ningún funcionario a hablar sobre el pedido), el desentendimiento sobre la convocatoria que anunció Vidal el año pasado y algo así como el enrostre de datos y números, que a la hora de los hechos que están pasando solo son simples estadísticas. Así, una nueva oportunidad de realmente gestar políticas de Estado pasa sin llamar la atención en la clase dirigente. Una vez más, los factores políticos primaron más que la concepción general sobre una problemática que afecta a los más de 16 millones de bonaerenses, sea el color político que tengan o hayan votado a uno u otro candidato. Es cierto que tanto en el Conurbano, como en el Interior, la primera puerta que tocan los vecinos es la del intendente ante sucesos de inseguridad. Eso lo saben, lo padecen alcaldes peronistas, de Cambiemos y del Frente Renovador, no solo durante la gestión de Vidal, sino desde muchos años antes. Pero más allá de que en voz baja muchos jefes comunales del oficialismo se quejen sobre la falta de políticas de seguridad reales, pasa lo que siempre sucede en la escena política bonaerense: los intendentes opositores se quejan y piden poder tener mayor injerencia en esas políticas, mientras los jefes comunales del oficialismo callan y no dicen nada. Mientras tanto, la atención periodística bajará ante los casos resonantes de inseguridad, pasará otra oportunidad perdida, la clase política no dejará sus intereses de lado y a futuro, lamentablemente, otro caso sacudirá el tablero y los actores políticos volverán a echarse culpas, sin siquiera intentar solucionar la problemática de forma seria.