22 Jul. 2018 | 11:40
22 Jul. 2018 | 11:40
Bitácoras bonaerenses

Sombras de corrupción asoman sobre el territorio bonaerense

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  • El caso del funcionario de la Dirección de Escuelas acusado de “inflar” presupuestos. Dos intendentes de Cambiemos sobre la mira por distintos hechos. ¿Qué pasa con el Tribunal de Cuentas de la Provincia?

    Todo cambia, incluso el semblante de la gobernadora.
    Todo cambia, incluso el semblante de la gobernadora.

    El tándem bimestral abril-mayo trajo el peor escenario de crisis para la gestión nacional de Cambiemos. La corrida bancaria, la estrepitosa subida del dólar, por ende una severa devaluación del peso argentino y los efectos que surgieron en el bolsillo de los ciudadanos sacudieron los cimientos del espacio gobernante y lo llevaron a intentar pilotear la tormenta en un escenario complejo, donde los “desencantados” de las promesas del oficialismo comienzan a agrandar su número. Los ministros echados, el dólar que no para de subir, la sombre del FMI y sus políticas de ajuste y el poder adquisitivo muy debilitado, son los principales fantasmas que atormentan a Mauricio Macri, pero también a la gobernadora, María Eugenia Vidal, quien mira cómo la caída de la imagen del Jefe de Estado afecta cada día más a su otrora inquebrantable imagen positiva. El aire se tornó denso.

    Pero por si fueran pocas las inclemencias económicas-financieras y las quejas de los “desencantados” que atormentan las encuestas de Cambiemos, las sombras de corrupción comienzan a asomarse sobre el horizonte bonaerense, un ítem nodal al que Vidal y el oficialismo prometieron que iban a combatir y desterrar de la cotidianidad de los bonaerenses. La corrupción, esa palabra de condena, casi de sacrilegio en una administración de Cambiemos, endilgada en el discurso a sus antecesores, al peronismo, al kirchnerismo que “había que combatir”, ahora amenaza con impregnarse en la propia casa. Seguramente alguien recordará el caso del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien fue imputado por tener vinculaciones y participación en empresas offshore  descubiertas a partir de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers, e incluso previo a eso había estado en la lista de delincuentes buscados por Interpol. Sin embargo, por ese año –2016– la solvencia y credibilidad de Cambiemos estaba en un momento mucho mejor que el actual y, así como el caso de Mauricio Macri, los casos no sacudieron las estanterías de Cambiemos. Escándalos sin efecto.

    El tiempo pasó, y el humor social cambió. La crisis del dólar modificó las reglas del juego y los “desencantados” comienzan a inclinar la balanza hacia el otro costado. Es por eso que en este tiempo la tolerancia de la sociedad es mucho menor a la de hace un año y medio. En esta semana saltaron en los medios periodísticos bonaerenses varios casos de denuncias de corrupción en el Gobierno bonaerense, como en distritos gobernados por Cambiemos. El más resonante, sin dudas, es el audio que trascendió del director de Infraestructura Escolar (DPIE), Mateo Nicholson (perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación que conduce Gabriel Sánchez Zinny), donde el funcionario está sospechado de instruir a sus empleados para “inflar” presupuestos de obras en la cartera educativa. “Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas, que yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, dice la voz que se escucha en la grabación. “Ponele el monto que calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé un millón cero cincuenta y cuatro. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podés pásame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones”, agrega la voz en el audio, y aclara que al día siguiente tiene una reunión “con María Eugenia”. El caso rápidamente generó la reacción de todo el arco opositor. De comprobarse la acusación, la acción de este funcionario sería el primer caso de corrupción que sacude a la administración bonaerense. Espectros que sobrevuelan Gobernación.

    La reacción del Gobierno provincial no fue la esperada. Mediante un comunicado no formal difundieron una respuesta tibia: “La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense pidió a la Justicia que investigue un audio difundido en algunos medios donde un funcionario de esa cartera realiza una estimación de precios para una reunión de seguimiento ministerial, donde se analizarían cotizaciones tentativas para la construcción de cocinas”. En ese tono, agregaron: “Tal como establece la ley, todas las compras y contrataciones son realizadas a través de licitaciones públicas y transparentes publicadas en el Boletín Oficial”. Según aclararon, la presentación fue realizada en la UFIJ número 17. Desde la oposición reaccionaron en forma más contundente. Los bloques de diputados y senadores del Frente Renovador le pidieron a Vidal expulsar al funcionario acusado y, de paso, anunciaron que solicitarán la interpelación Sánchez Zinny, para que explique lo que es el “primer hecho de corrupción de la gestión de Vidal”. Por su parte, la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, María Teresa García, denunció penalmente a Nicholson ante el Juzgado de Garantías en lo penal N°6 de La Plata. Desde esa bancada hicieron hincapié en que “hace un mes que no hay controles a la Gobernadora y sus ministros, y el Tribunal de Cuentas está prácticamente desactivado porque no tiene número para emitir dictamen”. Distintas reacciones sobre un mismo hecho.

    La observación de la bancada opositora no está alejada de la realidad. El 1º de junio, el Tribunal de Cuentas de la Provincia se quedó sin quórum para funcionar, luego de que se oficializara la jubilación del vocal Gustavo Fernández. De esta manera, el organismo encargado de controlar los gastos de la administración de Vidal y de los intendentes bonaerenses ya no cuenta con el número necesario para emitir fallos o aplicar sanciones. Con el retiro de Fernández sólo quedaron en funciones el presidente, Eduardo Grinberg, y el vocal, Miguel Teilletchea. Los otros dos cupos que estaban vacantes, de los cinco que componen el Tribunal, no fueron cubiertos por la administración bonaerense. Desde Calle 6 deslizaron a principio de este mes que pondrían sobre la mesa al menos un nombre para darle nuevamente funcionamiento al Tribunal, pero hasta ahora no han surgido novedades. En el medio explotaron por los medios bonaerenses dos bombas periodísticas que hicieron su aporte a este escenario de corrupción sobre Cambiemos. Por un lado, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, fue acusado por “malversación de fondos”. En principio, desde el FpV local realizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas por presuntas anormalidades en la rendición de cuentas del ejercicio 2017 del jefe comunal de Cambiemos. Asimismo, otros sectores del peronismo local lo denunciaron por “falsedad ideológica de instrumentos públicos; malversación agravada; peculado; dádivas; encubrimiento, otros y subsidiarios”. Por si fuera poco, trascendió las frontera bonaerenses la noticia de que en otro distrito de Cambiemos, San Vicente, gobernado por Mauricio Gómez, denunciaron que el intendente nombró a más de diez familiares como funcionarios municipales, lo que le cuesta a la ciudad unos 15 millones de pesos. Dos casos destapados.

    Las sombras de la corrupción amenazan con instalarse en el amplio territorio bonaerense, advierten que pueden contrastar con uno de los pilares del discurso de Cambiemos. La reacción de Provincia hasta ahora no fue la esperada, incluso por sus propios votantes. Los “desencantados”, en muchos casos, se suman a las críticas de los opositores. La crisis del dólar, la baja de la imagen positiva y de la credibilidad, son escenarios aptos para que casos así exploten y se expandan por todo un gobierno.

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