La semana más crítica para el gobierno de CFK

La semana que dejamos atrás cerró con una novedad que sirvió para que los medios periodísticos hegemónicos (Clarín, La Nación, TN y Canal 13, más adláteres) se hicieran una panzada con la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de imputar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que no suma ni resta nada a todo lo expresado por ANDigital respecto de la presentación de 300 fojas del fiscal Alberto Nisman que no tenía pies ni cabeza. Sin pruebas y con una inconsistencia supina, plagada de horrores y errores. Sobre esa iniciativa de Nisman se montó Pollicita para una imputación a la primer mandataria.

Respecto de la investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein para determinar las causas de la muerte del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, no hay nuevos elementos que contradigan la única certeza que arrojan cada una de las investigaciones a casi un mes de la muerte de Nisman: Que no hubo participación de terceras personas, lo que nos llevó siempre a considerar, como única hipótesis de la causa, el suicidio y seguimos abonando la misma. Fue suicidio.

Curiosamente, el próximo miércoles 18 de febrero se conocerá el informe toxicológico que completa la autopsia sobre el cuerpo de Nisman, que determinará si el fiscal habría consumido algún fármaco antes de quitarse la vida. Este informe se conocerá el mismo día en que miles de adherentes se movilizarán por la zona de Plaza de Mayo y adyacencias, para concretar la jornada conocida como el 18F bajo la consiga “Yo soy Nisman”. Habrá que ver si realmente termina por configurar una marcha de silencio esta convocatoria.

Convocan fiscales con dudosos antecedentes. Más que dudosos, de los peores antecedentes: Guillermo Marijuan, Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Raúl Plee, Carlos Stornelli, Martín López Perrando, Carlos Donoso Castex, Carlos Rívolo, Pablo Lanusse, Luis Cevasco y José María Campagnoli. Dijeron no tener intencionalidad política al convocar y llamaron a concurrir a la Marcha del Silencio 18F sin banderas partidarias ni otras identificaciones en idéntico sentido. Pero están íntimamente ligados a líderes opositores, tienen línea directa con Clarín y varios de ellos han sido denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la investigación, en tanto que otros aparecen vinculados a represores en causas por violación de Derechos Humanos.

Pero todos coincidieron a la hora de enfrentarse a rajatabla con los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que impulsó el Gobierno nacional en los últimos meses.

Según consiga en su edición de este domingo el diario Tiempo Argentino, Germán Moldes es fiscal de la Cámara Federal Porteña. Junto al juez Claudio Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA. 

Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un grupo de funcionarios judiciales que entorpecieron la investigación de la voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del propio Nisman.

Puntualmente se sospecha que fue el responsable de "plantar" la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.

Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad y, como tal, será el encargado de revisar la tarea de Viviana Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Es además vicepresidente de la Asociación de Magistrados, e impulsor de uno de los recursos contra las designaciones de fiscales que efectuó la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información (CERTAL), una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de jueces y fiscales para participar de un seminario contra la Ley de Medios con todos los gastos incluidos en la soleada ciudad de Miami. 

Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pidió la recusación del juez Francisco Horacio de las Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha convocada para este 18 de febrero.

Raúl Pleé es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. En 2013 fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados del encubrimiento por la voladura de la sede de la AMIA. 

Memoria Activa incluso advirtió que tanto Pleé como Germán Moldes se resistían a mandar a juicio a "sus ex compañeros de trabajo", en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados. En la misma línea, el CELS consignaba que "sin explicación, el fiscal de Casación, Raúl Pleé, dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia".

Las diferencias con Alejandra Gils Carbó parecen tener sustento en el hecho de que la procuradora lo relevó de la Unidad Fiscal para la Investigación de Lavado de Dinero y creó entonces la Procelac, conducida por Carlos Gonella que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años. El fiscal tiene también buenas relaciones con los medios hegemónicos.

El fiscal federal Guillermo Marijuan tiene motivos para estar enfrentado con el gobierno nacional. Alejandra Gils Carbó lo removió de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). La procuradora lo acusaba de nombrar "a cualquiera" y hacer concursos de ingresos "no transparentes". Apenas unos días después de eso, Marijuan imputó a su jefa de los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" por su actitud ante el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella. 

La labor de Marijuan en el Ministerio Público también aparece marcada por la investigación del atentado a la AMIA, particularmente en la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan José Galeano.

Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando este desempeñaba al frente de la ANSES y el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la Seguridad Social. 

En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el candidato que tiene en mente Massa para ocupar el cargo de procurador general de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las elecciones de octubre.

El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a través de la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu. 

En más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos y la causa aún está en su etapa primaria de instrucción pese a que se trata de una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de divisas. 

A fines de la semana pasada su situación se complicó a partir de una presentación judicial que aportó pruebas sobre una presunta "autoamenaza de muerte" que se habría producido en el marco de su disputa con el gobierno nacional.

Siempre transcribiendo un informe del diario Tiempo Argentino de este domingo, Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con sus tareas como jefe de Seguridad de Boca Juniors, puesto en el que fue nombrado por Daniel Angelici, quien no oculta sus estrechos vínculos con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde es uno de los más fervorosos convocantes a la movilización del 18F. De hecho, la marcha podría transformarse en el debut de Macri en una movilización masiva, ya que su participación política aparece limitada a actos en lugares cerrados y salpicados de coloridos globos. 

Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli y yerno del general Llamil Reston, ex ministro del Interior y de Trabajo de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.

Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores de la barra de Boca Juniors, pero además aparece vinculado por una investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo armado por Massa durante su paso por la ANSES del que participarían también Bonadio y otro funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. 

Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Su mano derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de Rafael Di Zeo, uno de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue deshacer la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor León Arslanian.

El fiscal federal Martín López Perrando fue subsecretario de Seguridad de la provincia durante la gestión de Stornelli. La relación se terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López Perrando organizara una comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex presidente Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político. 

Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del PRO. De hecho, desembarcó en Vicente López de la mano del primo de Mauricio Macri, cuando Jorge Macri se transformó en el intendente del distrito. López Perrando fue nombrado en 2012 secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso, en la ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo que "a partir de hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas formas va a seguir formando parte de este proyecto, va a estar dándonos una manos constantemente".

La ciudadanía tiene derecho a manifestarse. Lo ha hecho en numerosas oportunidades durante los 11 años de gestión K. Ya cuando Néstor Kirchner era presidente en 2004, el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg congregó a más de 400 mil personas en derredor del Congreso Nacional; y hubo movilizaciones de igual tenor pero con mayor grado de agresividad y presión sobre un gobierno democrático cuando sectores opositores se plegaron a la patronal ruralista por el conflicto por la 125 de retenciones móviles al campo. 

En la Casa Rosada no sienten temor ante una multitudinaria movilización el miércoles, pero sí están atentos porque esta vez convoca una parte ínfima, mínima de hombres de la Justicia que tienen a disposición la repercusión más obscena que exista por parte de Clarín y asociados. Hasta la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, dejó a todos boquiabiertos y en orsai sobre todo a los anfitriones y organizadores (UCR, FR y PRO) de la Audiencia Pública en el Salón Azul del Congreso, cuando cuestionó severamente de los medios periodísticos con la cobertura del caso Nisman.

La última semana cerró con otra de las noticias que hacen ruido en medio de la puja Clarín vs. Gobierno nacional. Porque el juez Claudio Bonadío pidió el juicio político para la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, a la vez que solicitó a la Cámara de Diputados que inicie el trámite de remoción por su actuación en el caso de llamado a indagatoria del fiscal Carlos Gonella.

Esta semana asoma movida. El miércoles estaremos expectantes de todo cuanto suceda en la Marcha ¿de Silencio? de la que se despegaron el 99% de los fiscales del país, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, y hasta el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, quien señaló: “Yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas (la presentación de Nisman) y la verdad que no hay pruebas de que la presidenta o alguien haya hecho un acuerdo para la impunidad, aseguró el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional (de La Haya)".

En el medio, la Cámara de Diputados de la Nación transformará en ley el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia tras abordar el tema insólitamente un viernes sin presencia en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de diputados de la oposición, uno de los mayores errores que ha cometido la dirigencia anti kirchnerista al no dar el debate en el recinto. No lo hizo en el Senado, donde el proyecto tuvo media sanción y no lo dará en la Cámara Baja.

Como señalamos en el análisis de la semana pasada, es incomprensible que en un año de elección presidencial, cuando el electorado necesita conocer las distintas posiciones de los partidos políticos, legisladores de la oposición rehúyan al debate cuando de la iniciativa inicial, y lo que quedó plasmado en el temario a tratarse en la sesión de esta semana, hubo cambios sustanciales que la misma oposición reclamaba.-