El Senado aprobó la implementación de medidas mínimas de seguridad bancaria

CAPITAL FEDERAL, Septiembre 30 (ANDigital) Durante la primera parte de la sesión del Senado de este miércoles se trataron tres propuestas en torno a la seguridad y se convirtió en ley, con 67 votos afirmativos y 1 negativo, la implementación de medidas mínimas de seguridad bancaria.

Asimismo se dio media sanción y se giraron a Diputados las propuestas de Servicio Cívico Voluntario con 33 votos afirmativos, 31 negativos y 2 abstenciones y la incorporación de la figura del delito de desaparición forzada de personas al Código Penal, aprobada con 68 votos afirmativos por unanimidad.

En el inicio de la sesión, la senadora Sonia Escudero planteó una moción de privilegio para el pronto tratamiento de la modificación del proyecto de Ley de Armas y detalló algunas amenazas de muerte sufridas por llevar adelante dicha propuesta.

En tal sentido, los jefes de las distintas bancadas se solidarizaron con la senadora en cuanto a las amenazas sufridas cuyo propósito era el de abortar el tratamiento del proyecto. Por su parte, el senador Samuel Cabanchick hizo expreso su compromiso de que la Comisión de Asuntos Constitucionales considere el tema en primer lugar en su próxima reunión.

Posteriormente se consideraron -en conjunto- las tres propuestas orientadas al tema seguridad: Servicio Cívico Voluntario, implementación de medidas mínimas de seguridad bancaria e incorporación de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en los Códigos Penal y Procesal Penal.

En cuanto a la implementación del Servicio Cívico Voluntario, sobre el que la senadora Sonia Escudero señaló que “habiendo aparecido en algunos medios falsedades con relación a este proyecto, quiero explicar que no es este dictamen del Servicio Cívico Voluntario. No es una propuesta tendiente a desnaturalizar el rol primario de defensa nacional que corresponde a las Fuerzas Armadas, no es una propuesta inclinada a habilitar de manera más o menos encubierta para esas Fuerzas la posibilidad de ejercer un control sobre la sociedad civil en violación a las clarísimas limitaciones que al respecto establece la Ley 23554”.

“No es una tentativa por militarizar a un sector de jóvenes o adolescentes, ni tampoco una suerte de reimplantación del Servicio Militar Obligatorio de antaño. Las objeciones fundadas en estos argumentos tienen que ver con la ignorancia o la mala fe de los que la sustentan”, aclaró.

El Servicio Cívico Voluntario es un programa destinado a jóvenes entre 14 y 24 años en situación de riesgo social que quiere brindarles terminalidad educativa y capacitación en oficios durante un año. Está también dentro de los objetivos del proyecto promover el desarrollo de actividades y talleres culturales, artísticas, recreativas y de toda temática que fomente la cohesión social.

También se determina que los alumnos percibirán mensualmente, en carácter de beca de estudio, una suma que no podrá ser inferior al monto de tres asignaciones familiares por hijo. “Se considera que hay un millón de jóvenes hasta 24 años que podrían acceder a esta propuesta”, señaló Escudero.

A continuación se trató el proyecto de medidas mínimas de seguridad bancaria. Al respecto, la senadora Escudero brindó un informe sobre la cantidad de casos de robos en salideras bancarias de este último año y más adelante explicó que “la propuesta establece tres medidas: la primera el aumento de la privacidad de las transacciones mediante la obligación de que las líneas de cajas y cajeros automáticos cuente con un sistema de protección suficiente que impida la observación de terceros, se refuerzan los requisitos sobre tesoros y cajas de seguridad en los bancos y se establece la obligación de instalar inhibidores de teléfonos celulares”.

Por último, la legisladora salteña argumentó la propuesta de incorporación al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación de la figura del delito de desaparición forzada de personas: “concretamente lo que el proyecto establece es el tipo de la desaparición de persona con las siguientes características: realizada por un funcionario público o que actúe con la autorización del Estado y que exista la negativa a reconocer esa privación ilegítima de libertad”.

La propuesta establece la imposición de 8 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al agente del Estado que de cualquier forma privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo así el ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales pertinentes. También se determina que  ocurriere la muerte, la pena será de prisión perpetua.

La senadora Blanca Osuna manifestó su oposición al proyecto de Servicio Cívico Voluntario considerando que “se superpone con otras propuestas desarrolladas por los ministerios de Trabajo y de Educación orientadas a la franja de jóvenes de 14 a 24”. Finalmente, destacó su apoyo a la incorporación de la figura de desaparición forzada de personas.

Por su parte, la senadora Laura Montero habló de “cambiar el concepto de inseguridad por el de seguridad ciudadana” y dijo “en tal sentido se orienta el proyecto de Servicio Cívico Voluntario”. (ANDigital)