La brecha en la justicia condena a millones de personas a sufrir abusos

CAPITAL FEDERAL, Mayo 27 (ANDigital) Amnistía Internacional afirmó, en su valoración anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo, que a pesar de que 2009 fue un año histórico para la justicia internacional, la política del poder está agravando la brecha en la justicia global.

En la presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo, que documenta abusos en 159 países, la organización sostuvo que gobiernos poderosos están bloqueando los avances en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando les conviene políticamente.

“En la brecha de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, señaló Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos. Mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades”, añadió.

Amnistía Internacional pidió a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional pueden ser enjuiciados en cualquier lugar del mundo. También ha afirmado que los Estados que reclaman el liderazgo global, como los del G-20, son especialmente responsables de dar ejemplo.

La brecha en la justicia hace que se mantenga una perversa red de represión en todo el mundo. Las investigaciones de Amnistía Internacional registran casos de tortura y otros malos tratos en al menos 111 países; juicios injustos, en al menos 55; restricciones a la libertad de expresión, en no menos de 96, y presos de conciencia encarcelados, en un mínimo de 48.

Organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques en muchos países, y los gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los protegieron.

Las fuerzas de seguridad cometieron centenares de homicidios ilegítimos en América –en países como Brasil, Jamaica, Colombia y México–, y las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en las operaciones de lucha contra el terrorismo continuaron gozando de impunidad. Gobiernos de África como Guinea y Madagascar respondieron a la disidencia con homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza, y Etiopía y Uganda, entre otros, reprimieron a quienes se mostraban críticos.

Otras tendencias que también se registraron:

--) Desalojos forzosos masivos de personas que perdieron sus casas en África; por ejemplo, en Angola, Ghana, Kenia y Nigeria, que a menudo las sumieron aún más en la pobreza.

--) Aumento de los informes de violencia intrafamiliar contra las mujeres, violaciones, abusos sexuales, y asesinatos y mutilaciones tras la violación en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Jamaica.

--) Millones de personas migrantes en países de Asia y Oceanía, como Corea del Sur, Japón y Malasia, fueron víctimas de explotación, violencia y abusos.

--) Un brusco aumento del racismo, la xenofobia y la intolerancia en Europa y Asia Central.

--) En Oriente Medio y el Norte de África se produjo un aumento de la inseguridad a causa de los ataques de grupos armados –algunos de ellos aparentemente alineados con Al Qaeda– en Estados como Irak y Yemen.

En todo el mundo, con millones de personas sumidas en la pobreza a causa de la crisis económica, energética y alimentaria, los hechos mostraron la urgente necesidad de abordar los abusos que repercuten en la pobreza.

“Los gobiernos deben rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos que causan y agravan la pobreza. La reunión de la ONU para revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se celebrará en septiembre en Nueva York, Estados Unidos, constituye una oportunidad para que los dirigentes mundiales pasen de las promesas a compromisos legalmente vinculantes”, puntualizó Cordone.

Las mujeres, especialmente las pobres, son las más afectadas por el incumplimiento de estos objetivos. Aproximadamente 350 mil mujeres murieron por complicaciones derivadas del embarazo; la discriminación de género, las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, y la negación del derecho a atención médica son a menudo causas directas de la mortalidad materna.

A pesar de que el año pasado hubo graves carencias a la hora de garantizar justicia, muchos hechos mostraron que ha habido avances. En América Latina se reabrieron las investigaciones sobre los crímenes protegidos por leyes de amnistía, y se dictaron fallos históricos con respecto a ex dirigentes, como las condenas del ex presidente de Perú Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad y del último presidente militar de Argentina, Reynaldo Bignone, por secuestro y tortura. Todos los juicios ante el Tribunal Especial para Sierra Leona concluyeron, salvo el del ex presidente de Liberia Charles Taylor, que sigue su curso.

En este contexto, el secretario general de AI sostuvo que “una lección clave extraída del año pasado es la necesidad de una justicia global efectiva. La justicia ofrece imparcialidad y verdad a quienes sufren violaciones de derechos humanos, impide que se cometan abusos contra esos derechos, y, en definitiva, crea un mundo más estable y seguro”.

El caso de la Argentina

Al abordar la situación de los derechos humanos en Argentina, el Informe 2010 destaca como preocupaciones, entre otras, la situación de las comunidades indígenas ante peligro de desalojos de sus tierras ancestrales, y las pésimas condiciones de reclusión y el hacinamiento en las cárceles.

“Las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas han sido denunciadas en repetidas ocasiones por Amnistía Internacional Argentina. Lamentablemente, se siguen dictando órdenes de desalojo contra comunidades indígenas, contraviniendo las normas internacionales y una ley de emergencia nacional aprobada en 2006 por la que se suspendía de forma temporal la expulsión de los pueblos de sus tierras ancestrales”, manifestó Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.

“El Congreso de la Nación, además, amplió el periodo de aplicación de dicha ley hasta noviembre de 2013 por la falta de avances en la revisión nacional sobre la tenencia de tierras. Esto demuestra que no hay voluntad política para mejorar la situación de los pueblos indígenas en la Argentina”, recalcó.

Boada advirtió que “se niega a las comunidades indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales en sus tierras, como se pudo constatar en la investigación que realizamos en Formosa”.

Y prosiguió: “lamentablemente, siguen haciendo falta medidas contundentes por parte de las autoridades del país para hacer frente a estas violaciones”.

Como hechos positivos el Informe 2010, resalta el decreto promulgado en octubre por el gobierno para tratar de paliar la exclusión social, se estableció una asignación mensual por hijo a las familias sin trabajo, con bajos ingresos o que trabajaran en el sector informal, así como los procedimientos penales para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. (ANDigital)