Echen a los culpables, pero no corten otra vez el hilo por lo más delgado

Por Ángel Gabriel Villegas
Especial para ANDigital

No cabe dudas que en los últimos meses han habido irresponsabilidades en materia de seguridad, pero manteniendo la lógica y los análisis realizados al respecto, debo sostener -aún más que nunca- que las responsabilidades son de índole política-judicial, y no policial, dado que esta institución posee un presupuesto totalmente recortado, no tiene personal suficiente, y se le  exige mucho más trabajo que el que puede dar. Siempre existe alguien que dirá: ellos eligieron esa profesión, y es cierto, pero también es cierto que ellos no eligieron que los maltratemos permanentemente y muchas veces, por cuestiones de las que no tienen culpa.

El caso Pomar y las posteriores declaraciones del ministro de Seguridad Carlos Stornelli demuestran una política zigzagueante en esta materia, atento que responsables los hay.

Semanas atrás sostuve que desde hace varios años tanto el gobierno nacional, como el de la provincia de Buenos Aires llamativamente encararon campañas sistemáticas de denigración a sus propias fuerzas policiales (contrario a lo que la lógica indicaría para cualquier administración). Esto se hizo para derivar las responsabilidades de la corrupción general hacia un nivel más bajo, el policial, fuerza que al no contar con medios idóneos e independientes para defenderse debió pagar culpas propias y ajenas, y recordé también que en la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Seguridad, León Arslanián, para pagar culpas propias y a la vez sacarse de encima a policías corruptos que habían actuado durante su gestión, realizó lo impensado para cualquier administración más o menos seria: destrozó la institución pasando a disponibilidad o a retiro a la totalidad de los jefes superiores, culpables o no, despojándola del aditamento de mayor valor, la experiencia.

No cometamos ahora el mismo error, que sería todo lo contrario a los parámetros que internacionalmente se aconsejan cuando se habla en serio de seguridad y del combate al crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo y el lavado de dinero.

El Ministerio de Seguridad en la provincia no cuenta con recursos económicos. La Provincia tampoco, porque es la más rezagada en la coparticipación federal que acumula año tras año la Nación.

Y debo recordar una vez más, lo que dije hace poco tiempo: la reforma llevada a cabo por el anterior ministro, aunque pocos lo recuerden, le quitó a la policía la facultad de investigar los delitos, ya que tal tarea está destinada exclusivamente a los fiscales, pero esto nunca se menciona a la hora de buscar culpables porque los delitos no se esclarecen y siempre termina señalándose a la policía. Por eso opino que deberíamos adjudicar, en el caso Pomar, las máximas responsabilidades a la fiscal y a todos los funcionarios judiciales, y provinciales a nivel de subsecretarios de Estado que intervinieron en la investigación.

¿O acaso los fiscales, funcionarios y jueces tienen coronita?

En todo sistema de seguridad existe un elemento primordial, que es el factor humano, y aunque parezca mentira en nuestro país y esencialmente en la provincia de Buenos Aires este elemento no solamente ha sido descuidado, sino también maltrato, insultado y en general, carece de incentivos mínimos para llevar adelante una carrera plagada de riesgos y extremadamente difícil, manifesté también hace semanas y pedí no continuar con esta política provincial, implementada desde hace más de 13 años.

Recuerdo haber dicho también: basta de cortar por lo más fino. La inseguridad es un proceso donde intervienen varios actores, no sólo la policía; todas frases que hoy más que nunca, tienen vigencia.

Para buscar responsables en serio, hay que señalar por lógica, en primer lugar, a los funcionarios policiales que tuvieron participación directa en  el rastrillaje de la ruta 31; no podemos dejar pasar semejante negligencia. Pero hacer responsables a quienes eran sus superiores: los superintendentes, el jefe de policía o el ministro, es lo mismo que solicitar la renuncia de la procuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo, o del fiscal general (aunque este sí podría tener injerencia en la investigación), porque la fiscal que tenía la causa investigó mal y descartó la hipótesis del accidente.

En segundo lugar, señalo a la fiscal que a las 48 horas y sin haber ordenado rastrillaje alguno desestimó públicamente esta hipótesis, haciendo vedettismo judicial con hipótesis totalmente extravagantes.

Cuando finalmente ordenó el rastrillaje lo hizo tarde y en forma aérea. Nunca envió a rastrillar a personal de la fiscalía, ni se apersonó ella en la búsqueda.

Quien para mí es el tercer responsable y debería renunciar, es el subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, Paulo Starc, quien ha demostrado a todas luces, que su actuación fue un fracaso total. Es culpable directo de la negligencia en la  investigación de este caso junto a la fiscal.

Cuarto, el responsable de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Ingeniero Curto debería dar alguna explicación, porque la ruta no se encontraba en condiciones mínimas de seguridad para poder ser transitada de noche.

Y por último, todos nosotros somos culpables de hacernos eco de la imaginación cinematográfica del subsecretario de Investigaciones y de la Fiscal, realizando análisis y sacando conclusiones en los medios como si todos fuéramos videntes. Se han dicho barbaridades y se ha enlodado a una familia que atravesaba momentos de angustia, de incertidumbre y de dolor. Pero la responsabilidad no es del cartero sino de los directores de la obra cinematográfica.

Señor Gobernador, le pido que mantenga la tranquilidad y la coherencia en la política que intenta implementar junto al ministro de seguridad (que no es santo de mi devoción -lo saben todos- pero hoy no tiene la culpa), y no cometa los mismos errores que ya se han cometido en la Provincia durante la gestión de Arslanián, volcando la culpa a la Policía por facilismo y no a las autoridades judiciales que son las que llevan adelante la investigación. No busque culpables sólo en la fuerza policial por salvar a un negligente subsecretario de investigaciones (quien durante su gestión hizo desastres) que lo único que hizo en este caso, junto a la Fiscal, fue armar hipótesis increíbles, desestimando el accidente.

La provincia se va a desangrar al volcar la culpa en 4 superintendentes que son de un alto valor para mejorar la seguridad en el territorio bonaerense, ya que son de los más capaces que tiene hoy esta fuerza policial.

Un claro ejemplo es el legajo del Comisario General Barragán, a quien hoy me atrevería a sugerirlo como jefe de policía si no estuviese el Comisario General Paggi.

La responsabilidad pasa por el Subsecretario de investigaciones y criminalística, la Fiscal y algún policía negligente, que lo hay como en toda profesión.

Pero ojo, la seguridad de la provincia no está para soportar resoluciones que buscan  impacto político momentáneo sin soluciones a largo plazo; como ya he dicho, los nombres no mejoran la seguridad, esto se logra con políticas de Estado y manteniendo a los funcionarios policiales honestos y que han demostrado a lo largo de su carrera, su profesionalismo y experiencia.

Echen a los culpables, no a chivos expiatorios.

(*) Diputado provincial PJ
Abogado -– Licenciado en Seguridad