La estrategia de Faggionato Márquez apuntaría a mantener la “pata política” y la “policial”

CAPITAL FEDERAL, Noviembre 20 (ANDigital) La investigación por el triple crimen de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, cuyos cuerpos fueron hallados en un descampado de la ciudad bonaerense de General Rodríguez, comienza a tomar ribetes desconocidos hasta el momento, por caso el objetivo primario del juez Federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, quien parece esmerarse en mantener dos principales focos de atención: la “pata política” y la “policial”.

El juez –criticado por sus propios colegas por su “apego” a las cámaras y los micrófonos, y quien cuenta en proceso con un par de jury de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones, uno de los cuales por el secuestro de un camión de soja y la posterior venta del cargamanto– se habría planteado esta estrategia desde un principio para lograr que la causa “no se caiga”.

Primero fue el mantenimiento de la prisión preventiva del ex director de Desarrollo Industrial de la Municipalidad de General Rodríguez, Manuel Poggi, de quien fuentes judiciales altamente calificadas anticiparon a ANDigital que “sale en los próximos días por falta de mérito”, ya que “no se encontraron elementos que lo incriminen en la causa”. Sin embargo, al momento sigue tras las rejas.

Segundo, la cuestión del ex socio de Ferrón, José Luis Salerno, otrora integrante de la Policía Bonaerense, quien se declaró “absolutamente inocente”, es el dueño de una cadena de farmacias y ya fue liberado por el magistrado.

Ahora bien, con estas dos cuestiones prácticamente desestimadas, en el marco del mantenimiento de su estrategia, Faggionato necesita de dos personajes que encuadren con su doble objetivo: la investigación apunta ahora –en rigor, por los allanamientos recientemente ordenados– a otro integrante del Ejecutivo, la directora de Relaciones Empresariales comunal María Cristina Otero, más conocida como Cristina Cosentino, y a un agente policial.

A Otero –o Cosentino– se la involucra en la causa so pretexto de haberse comunicado con Oscar Carrizo, el dueño del galpón que alquilaron los mexicanos y donde luego se encontraron restos de efedrina, pero dialogando con habitantes de la ciudad, ANDigital pudo comprobar que ambos mantenían una muy buena relación, al punto de ser “muy amigos” –tal lo destacado por una persona que conoce a ambos–, aunque en la causa figura que la funcionaria amenazó a Carrizo. Tan bueno sería el vínculo, que hasta se han ido de vacaciones juntos, Carrizo junto a su señora y Otero con el marido.

Un punto a destacar en esta cuestión es que la orden judicial se efectivizó un día después de que José Luis Salerno, recordemos, el socio de una de las víctimas del triple crimen, fuera liberado en la causa por la “ruta de la efedrina”.

Entonces aquí caben dos preguntas:

--) ¿Por qué los allanamientos se realizaron dos meses después del hecho?
--) ¿Por qué se busca involucrar nuevamente a una funcionaria municipal, luego de la inminente salida de Poggi?

La estrategia de los familiares

En su estrategia, los familiares de los jóvenes asesinados –Ferrón, Forza y Bina, aunque con evidentes diferencias entre ellos-, decidieron contratar al ex comisario Alberto Molina para que investigue el triple crimen.

Molina aparece como un hombre vinculado a la última dictadura militar y fue candidato a intendente de General Rodríguez, aunque con poco éxito: su postulación obtuvo tan sólo 2.000 votos.

Lo curioso es que recientemente, Molina, un teniente primero y un agente de la Policía Bonaerense fueron sorprendidos por efectivos de la División Antidrogas junto a dos narcos mexicanos y otros dos de origen colombiano, en un depósito del distrito de San Miguel, donde recientemente se halló un cargamento –se prevé, a punto de ser enviado a España para su comercialización final– de 750 kilos de cocaína.

Los agentes federales venían efectuando un seguimiento sobre estos delincuentes desde hacía meses, por orden del juez Federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Cullotta.

Al ser interrogado, Molina dijo que estaba investigando “la ruta de la efedrina”. Sin embargo, no poseía orden de allanamiento, ni testigos que avalaran sus dichos, e informó que se encontraba allí “por orden de Faggionatto Márquez”. Amén de ello, la orden de allanamiento firmada llegó, pero dos horas después.

De todos modos, esa orden no es de allanamiento, sino que se menciona un secuestro de estupefacientes.

El juez Cullotta llamó a indagatoria a Molina y a los otros dos policías bonaerenses, a quienes Faggionatto Márquez remarcó su apoyo. La obvia sospecha es que estaban a punto de cerrar un acuerdo con los narcos cuando fueron sorprendidos por los efectivos de antidrogas.

La causa avanza, y las sospechas varían en torno de los objetivos del juez que, a cada paso, parece no encontrar la vuelta de una investigación que se empantana cada día más. (ANDigital)