La Provincia impulsa beneficios impositivos a quienes contraten a víctimas de trata

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley mediante el cual se propicia la creación de un régimen para el fomento del empleo y asistencia a víctimas del delito de trata de personas, en el marco de una serie de medidas anunciadas por el gobernador Daniel Scioli.

Concretamente, aquellos empleadores que contraten a quienes hayan sido víctimas de trata, podrán imputar el 50 % de las remuneraciones que perciban esas personas, como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos. Este beneficio deberá contar con la autorización del damnificado, y proteger la confidencialidad de la información. 

Cabe consignar que el proyecto legislativo, impulsado desde el Ministerio de Justicia, contempla la modificación del artículo 208 de la Ley 10.397 (Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires) que oportunamente fuera modificada cuando se creó el cupo laboral para personas con capacidades diferentes (Ley 10.592) y para liberados del sistema penitenciario (Ley 14.301).

“Esta es una Ley donde el Estado promueve, reconoce y procura un espacio de trabajo para las víctimas de trata. Sabemos que muchas personas que han sido sometidas a este delito, recuperadas, no tienen herramientas para insertarse, ya sea por un prejuicio social o por falta de habilidades a consecuencia de su sometimiento. Con esto lo que se busca es capacitación, formación e inserción en los ámbitos laborales”, expuso el titular de la cartera de Justicia, Ricardo Casal.

El gobernador Daniel Scioli firmó el proyecto de Ley el pasado jueves en Casa de Gobierno, donde se puso en funcionamiento la Oficina de Lucha contra la Trata. Además se firmó el decreto de creación del Sistema Integrado de Refugios para las Víctimas de Trata y se lanzó la campaña de información “No a la Trata”, que se expondrá en las boletas de servicios públicos.

“La iniciativa se enmarca en la necesidad de sumar acciones y mecanismos para una más eficiente prevención y represión de este delito, así como para una mayor protección y asistencia a los damnificados”, explicó Casal y añadió que “este instrumento permitirá a la sociedad civil y al sector privado participar más abiertamente en la inclusión social de las víctimas”.

Finalmente, el ministro sostuvo que “frente a las posibilidades humanitarias que crea este proyecto, el esfuerzo fiscal que conlleva esta iniciativa es irrelevante si se considera que no resolver esta problemática tiene costos sociales altísimos”. (ANDigital)