Con un blindaje a la prensa, Carbone declaró como imputado durante más de cuatro horas

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El exsubsecretario administrativo de la provincia de Buenos Aires durante el sciolismo, Walter Carbone, prestó este jueves declaración indagatoria en los tribunales penales de La Plata.

Estaba citado para las 10 horas en 7 entre 56 y 57. Allí, en la Fiscalía 11, lo esperaba Álvaro Garganta, instructor de la denuncia radicada por la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió.

A pedido del fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, la prensa no pudo ingresar al edificio público y a pesar de las explicaciones que un grupo de trabajadores de la prensa pidió en la fiscalía, nadie brindó una explicación de por qué se puso un cepo a los comunicadores. De este modo, los guardias de seguridad vigilaron y restringieron el acceso a corresponsales tanto de la gráfica como de la televisión y radio.

Además, se destacó el ingreso del exministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien pasadas las 10 horas ingresó al edificio de fiscalías. “No es una presencia habitual en el Fuero Penal”, contó un funcionario judicial ante la consulta de ANDigital.

En ese escenario, Carbone expuso ante el fiscal su defensa y en la declaración a la que accedió este medio negó haber desviado fondos públicos, duplicar facturas, elaborar y cobrar sobreprecios y manejar en forma irregular el dinero proveniente de las arcas del Estado.

Por esos delitos, la diputada Carrió entiende en su denuncia que tanto el exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, como Carbone y otros tantos exfuncionarios ejecutivos que cumplieron funciones durante el gobierno de Daniel Scioli conformaron una asociación ilícita.

Carbone también justificó su patrimonio al explicar que desde el año 2012 se dedica a la compra-venta de animales y terrenos agrícolas. También dijo haber presentado registros de compra de al menos 61 terneros y 42 terneras y que actualmente no posee cabezas de ganado. Aclaró que actualmente posee una cuenta de inversión en el City Bank con un flujo de movimiento de 260 mil pesos.

Asimismo, sostuvo que integra una familia de comerciantes y empresarios y hasta explicó que el dragón que se secuestró de su vivienda en el Country Abril fue un regalo ofrecido por un artista. “Me pidió que le dé un objeto para él poder intervenirlo artísticamente”, contó Carbone.

Cabe señalar que en el allanamiento a su vivienda el fiscal secuestró una caja fuerte con forma de dragón. La inusual estatua quedó confiscada en la Subcomisaria de Lavado de Activos de la provincia de Buenos Aires.

Sobre las acusaciones que daban cuenta de que se hacían figurar eventos que nunca se llevaron a cabo, con el fin de ejecutar partidas y desviar fondos o bien imponer sobrepecios, Carbone explicó que cada peso que salía de la Jefatura de Gabinete estaba controlado por severos controles y sistemas. “No se podía mover un peso sin que se labrara un expediente que llevaba una nota de pedido hacia la Jefatura”, dijo, al tiempo que también señaló que firmaba al menos 430 facturas por mes.

Cabe señalar que el fiscal Garganta tiene acusados a Alberto Pérez y al exsubsecretario administrativo de Gobierno como “coautores” del delito de “peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y con el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El funcionario judicial cree que Carbone pedía montos para eventos que no se realizaban y esas actividades estaban avaladas con la firma del mismo Pérez.

La acusación de la fiscalía

El auto de procesamiento –al que accedió ANDigital– se funda en que para el fiscal en el expediente obran elementos suficientes como para sostener que durante los años 2014 y 2015 Pérez y Carbone sustrajeron, al menos en 25 ocasiones, la suma de $ 10.720.347, destinados a supuestos eventos mediante autorización expresa de pago en efectivo del jefe de Gabinete, que favorecía a quien fuera dueño del dragón secuestrado en el barrio privado privado Abril, Walter Carbone.

Entre los pagos para eventos, que tenían como fin recaudar vaciando las arcas del Estado provincial, en la investigación del fiscal obra el programa “Buenos Aires Arena 2014”, con el que se sustrajeron 344.800 pesos.

En tanto, encuentros con intendentes, delegados municipales, mesas de diálogo político, capacitaciones y colaboraciones con entidades de bien público son algunas de las maniobras “fantasma” que, según indica la hipótesis de la Fiscalía, se emplearon para el enriquecimiento propio y el desvío de fondos para la pasada campaña presidencial del Frente para la Victoria, en el binomio conformado por Daniel Scioli-Carlos Zannini.

En la causa, el fiscal incorporó órdenes de pago y expedientes elaborados a proveedores que se repetían. Además, los proveedores que figuraban en los papeles declararon en la dependencia judicial de lavado de activos que nunca prestaron los servicios figurados y que en ningún caso recibieron los pagos que allí se consignan.

Por citar algunos de los casos, se mencionan particulares que ofrecían viajes, publicidades, ploteos y pinturería, entre otros servicios.

Tanto Pérez como Carbone están comprometidos por los delitos de “peculado en concurso ideal” con el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, todos ellos en 25 hechos.

En su hipótesis acusadora, el fiscal sostiene en el escrito al que accedió ANDigital que, respecto de Alberto Pérez, y en su carácter de titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo del pago en efectivo en favor de Walter Edgardo Carbone, lo que también conforma una asociación ilícita, tal y como la diputada Elisa Carrió lo planteó en su escrito judicial.

Respecto de Walter Carbone, en su carácter de subsecretario administrativo, fue el beneficiario de los anticipos, y Garganta sostiene que fue quien efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extrapresupuestarias. Las mismas fueron libradas por orden del entonces ministro, además de ser el responsable de conformar todas y cada una de las facturas que se constataron luego como apócrifas.

Se valoró en contra de Carbone, a modo indiciario, el hallazgo en su domicilio del Country Abril, barrio Las Araucarias, casa 46 del partido de Berazategui, de una caja de seguridad encubierta en una obra de arte con forma de dragón, ya que esto denota un manejo de dinero en efectivo, incompatible con el de una vivienda familiar, y con el sueldo de un empleado público con el cargo que él mismo ostentaba.

El fiscal también imputó a Alicia Sandra Mamberti, quien era directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las contadoras

Mónica Cecilia Ripamonti y Alejandra Tavelli también fueron imputadas por haber intervenido en las órdenes de pago presupuestarias sin efectuar observación alguna, a pesar de las anomalías presentadas en las facturas.

Alejandro Omar Moretti es otro de los exfuncionarios que quedaron comprometidos en la causa ya que en su carácter de extitular del Departamento de Liquidación y Gastos de la Dirección de Contabilidad, tuvo injerencia directa en las maniobras, al igual que el director de Contabilidad del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, Cayo Ortiz Almada. Todos fueron citados a declarar en la Fiscalía 11 de La Plata, a cargo del mencionado Álvaro Garganta, ubicada en la avenida 7, entre 56 y 57, de La Plata. (ANDigital)