20 Nov. 2017 | 16:04
20 Nov. 2017 | 16:04
La réplica de la empresa

Apelando “exorbitancia de inexactitudes”, el Correo Argentino rechazó el dictamen de la fiscal

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  • Mediante un escrito, el presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa, cuestionó lo determinado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín. Descartó cualquier tipo de irregularidad y aseguró que la del correo fue “la peor estatización de la historia argentina”.

    CAPITAL FEDERAL (ANDigital) A través de un comunicado, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, cuestionó por “la exorbitancia de las inexactitudes”, el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que desató el escándalo político por una presunta condonación de deuda por parte del Estado.

    En la misiva, el titular del Correo Argentino aseguró que la fiscal “no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos”.

    El presidente de la empresa, propiedad del Grupo SOCMA, aclaró “la necesidad de realizar algunas aclaraciones que permitan entender que este proceso concursal es una pieza más dentro de un proceso mucho más complejo de reclamaciones recíprocas entre el Estado” y Correo Argentino.

    Cibils Robirosa, quien efectuó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una presentación, señala que “no hubo objeciones al acuerdo por parte de la Sindicatura General de la Nación ni de los 600 acreedores que participan del proceso, destaca que se vuelcan valores expresados en pesos argentinos a un monto absurdamente inflado con tasas inaplicables para este tipo de procesos”, al tiempo que se trató de “la peor estatización de la historia argentina”.

    Además, en el escrito se rechaza la posibilidad de que la Fiscalía forme parte del proceso con facultad de interponer recursos ya que se trata “de un órgano de opinión no vinculante”, y propone que se llame a una audiencia pública con participación de las sindicatura general y controlante, al Estado nacional, a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción “a los efectos de encontrar, de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal”. (ANDigital)

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