La Cámara de Diputados de la Nación distinguió al juez Cotter

CAPITAL FEDERAL, Abril 16 (ANDigital) En el salón Delia Parodi del Congreso se realizó un emotivo acto en reconocimiento a la labor del destacado luchador por los derechos humanos y exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Luis Alberto Cotter.

El reconocimiento institucional, que fuera impulsado por la diputada nacional del GEN en el FAP, Virginia Linares, contó con una nutrida concurrencia, entre los que se contaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el exfiscal federal de Bahía Blanca y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Omar Cañón; Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Carlos Chile, titular de la CTA Capital.

En la oportunidad, la legisladora oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, Virginia Linares, sostuvo que “el doctor Cotter es uno de los pocos jueces federales que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es importante destacar que sólo cinco jueces en toda la República rechazaron esas leyes, y Cotter fue uno de ellos, siendo la única sentencia de Cámara que se pronunció en ese sentido con valor de juzgamiento”.

“Por ello, tuvo que soportar fuertes presiones y la ‘visita’ de militares y políticos que lo instaban a no resolver en contra de esa ley y ‘sugiriéndole’ que postergara órdenes de detención. Pero Cotter, demostrando su altura moral y ética, además de una enrome valentía, mantuvo su posición y autonomía, lo que le significó recibir numerosas amenazas e intimidaciones”, recalcó la legisladora por la Sexta Sección electoral.

Y agregó: “El incansable trabajo de algunos jueces que hicieron honor a su investidura, como el doctor Cotter, ha contribuido en llevar adelante la lucha contra la impunidad, el juzgamiento y sentencia a los represores que actuaron durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Bahía Blanca y en todo el país”.

“Este reconocimiento tiene por objeto colaborar en la recuperación de nuestra memoria histórica, destacando la enorme figura de un incansable luchador por los derechos humanos, la verdad y la justicia, e incansable defensor de la independencia del Poder Judicial, que supo honrar el lugar que le tocó ocupar en un momento tan complejo de nuestra historia reciente”, completó Linares.

Al momento de tomar la palabra, el exmagistrado compartió con los presentes valiosas reflexiones sobre el trabajo realizado y el que falta realizar en la búsqueda de verdad y justicia plena, así como sobre los cambios que considera necesarios para poder alcanzar una administración de justicia más ágil, democrática e independiente.

“Hace pocos días se cumplieron 37 años de la instauración de la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia. Dictadura en la que no sólo participaron las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sino también, como se ha acreditado, de civiles, emparentados con los grupos económicos más poderosos del país, sectores de jueces, fiscales, secretarios y sacerdotes, conjunto que obliga a llevar la investigación a fondo por ser imprescindible establecer sus responsabilidades para fortalecer la democracia”, sostuvo Cotter.

Asimismo, remarcó que “ya han transcurrido 30 años del restablecimiento de la democracia, y si se computa este tiempo con la cantidad de causas terminadas -según informe de la Corte Suprema serían 75- resulta claro que son muy pocas si se tiene en cuenta la cantidad de denuncias y hechos cometidos por la dictadura a lo ancho y largo de la República”.

“Es cierto que las actuaciones fueron paralizadas largo tiempo por la decisión de la Corte Suprema, en su conformación del año 1987, al sostener incomprensiblemente la constitucionalidad de la ley de obediencia debida, obstáculo que fue eliminado con el pronunciamiento de la nueva conformación del Alto Cuerpo en el año 2005”, añadió.

Y prosiguió: “removidos estos impedimentos los juicios no avanzan con la celeridad necesaria y esto se debe, en mi opinión, a varios factores, de los que puedo enumerar, sin intención de agotarlos, lo engorroso de la investigación, el tiempo para establecer la identidad de los autores, como así las pruebas que hacen a su responsabilidad, la insuficiencia del número de personal afectado, la cantidad de recursos que interponen permanentemente los encausados, la demora de los jueces a veces injustificada en resolverlos y/o en darle el impulso procesal adecuado a las actuaciones”.

“Se debe perseguir y juzgar hasta el último genocida, sean militares, civiles o eclesiásticos, pues resulta ser la garantía de que este episodio sangriento no se vuelva a repetir”, sentenció.

Respecto a la anunciada reforma del Poder Judicial, el doctor Cotter sostuvo que “es esencial porque la actual estructura no responde desde hace tiempo a las demandas de nuestro pueblo que exige una Justicia, sin duda, más democrática e independiente. Estos dos conceptos son presupuestos esenciales para que cualquier modificación que se intente sea efectiva y satisfaga los reclamos de la sociedad y haga creíbles sus decisiones”.

En igual tenor, consideró que “es imprescindible establecer un sistema de selección de los postulantes que garantice independencia y un pensamiento democrático”, pensamiento que definió como “una filosofía de vida fundada en la observancia estricta de nuestra Constitución Nacional, la solidaridad, la honestidad, la igualdad y el respeto a la ley”.

“Además -continuó Cotter-, los candidatos a juez, una vez preseleccionados, deberían ser sometido a la consideración del pueblo mediante una asamblea o reunión pública realizada en la jurisdicción donde van a desempeñar su cargo. Es claro que en todo lo precedente es vital el Consejo de la Magistratura cuya estructura y funcionamiento han demostrado que tiene profundas falencias, lo que impone una revisión dentro de los márgenes del artículo 114 de la Constitución Nacional”.

Y agregó que “Por supuesto que estas reformas tienen que ir acompañadas por la adecuación de los códigos de procedimientos donde se encuentran, en muchos aspectos, la respuesta a la falta de celeridad en la administración de justicia. Sobre lo que vengo apuntando es importante conocer las experiencias de provincias como Chubut y Entre Ríos, que tienen mecanismos innovadores respecto al nacional”.

Para finalizar, Cotter compartió unas emotivas palabras de agradecimiento: “Quiero confesarles que cuando llegué al cierre de mi prolongada etapa laboral de más de 40 años en la Justicia, 24 de ellos en la Cámara Federal con asiento en Bahía Blanca, me preguntaba si había cumplido con el deber que imponía el desempeño de la función judicial. Es claro que no se puede ser juez en casos propios, pero los reconocimientos que he recibido me han llevado tranquilidad de espíritu al sentir que he cumplido con mi deber, o como dice un amigo muy querido ‘juez de mandato cumplido’”.

Termino expresando que “comparto este reconocimiento con mi compañera Elena, mis hijos Ana, Carola, Maximiliano, Sebastián y Guillermo y con los funcionarios y empleados judiciales que me acompañaron en muchas jornadas arduas de trabajo. Nuevamente muchas pero muchas gracias”.

Participaron del acto, además de los ya mencionados, Noemí Labrune, (fundadora de APDH Neuquén en representación de las Madres de Plaza de Mayo de Alto Valle); Hugo Blasco (secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional y secretario general de la Asociación Judiciales Bonaerenses); Carlos Slepoy Prada, abogado querellante en España en juicios contra represores argentinos; Antonio Cortina, asesor legal de la Federación Judicial Argentina y uno de los fundadores de la Asociación Judicial Bonaerense; Víctor Mendibil, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA); y Estela Quisles, secretaria general del Sindicatos de Trabajadores Judiciales de Río Negro.

También, José Luis Ronconi, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut; Ana Albertengo, secretaria general Adjunta de la Asociación Judicial del Chaco; el diputado nacional Juan Pedro Tunessi; el ex fiscal y actual diputado nacional Manuel Garrido; la diputada nacional Liliana Parada; así como representantes de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Laboralistas, ATE provincia de Buenos Aires, Asociación Judicial Bonaerense departamental Bahía Blanca, la Asociación Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Aejba-CTA), entre otros.

Asimismo, enviaron su adhesión Madres de Plaza de Mayo filial Bahía Blanca; Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la Región (FAVIC); Familiares querellantes Causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca; Muestra Itinerante de Familiares/Amigo Ausencias… Presencias Bahía Blanca; APDH La Plata; APDH Bahía Blanca; Hugo Godoy (Secretario Adjunto de ATE Nacional),  Mario Coriolano (Defensor del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires), la Subsecretaria Procuración General de la SCBA, Mónica Graciela Andrieu; Néstor Alende y Gustavo Fernández de la Lista Azul de la Asociación Judicial Bonaerense; Guillermo Gastón Mércuri, del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Bahía Blanca; José Lualdi y Flavio Meles en representación del Partido Comunista regional Bahía Blanca; Partido GEN Bahía Blanca; y Julio Gambina, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). (ANDigital)