sábado 20 de abril de 2024 - Edición Nº3682

Policiales y Judiciales | 8 ene 2019

Corrupción

Confirman prisión preventiva de diputada de Cambiemos investigada por lavado de dinero

La Cámara Federal de Resistencia ratificó el procesamiento de Aída Ayala. El Congreso deberá determinar si avanza con el desafuero para dar lugar a su detención.


CAPITAL FEDERAL (ANDigital) La Cámara Federal de Resistencia confirmó este martes el procesamiento con prisión preventiva para la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala, investigada por lavado de dinero.

Los camaristas Eduardo Belforte, María Delfina Denogens y Rocío Alcalá ordenaron la prisión preventiva de Ayala, Jacinto Sampayo, Daniel Fischer, Rolando Acuña, Carlos Alberto Huidobro y Pedro Alberto Martínez.

El fallo se conoció luego de que el pasado 27 de diciembre la Cámara Federal de Casación Penal anulara la medida.

Los integrantes de la Cámara Federal de Resistencia argumentaron que si bien “es cierto que la misma cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal- los elementos reseñados (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados) sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción del juicio toman desaconsejable, por el momento revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso”.

Tres meses atrás, Ayala habló públicamente de si situación judicial, y aseguró que “no hay ninguna prueba que sustente2 la acusación en su contra.

“Solicitaré a mis pares que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia. No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde”, sostuvo en aquel momento.

Ahora, la escena principal tendrá epicentro en el Congreso, que deberá determinar si le quita los fueros a Ayala para que quede detenida.

La legisladora oficialista es investigada por los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante su gestión como intendenta de Resistencia. (ANDigital)

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