Contra la violencia de género: Convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Suprema Corte

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La Secretaría de Derechos Humanos firmó un convenio con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para sumar los datos del Registro de Violencia Familiar que obran en la Justicia provincial, al Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC).

Del acuerdo participaron el presidente de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, y el secretario de Derechos Humanos, Santiago Canton. Se trata del compromiso del organismo judicial para remitir la información vinculada a las causas judiciales de violencia de género, mientras que la secretaría adoptará todas las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que se envíen.

“La firma de éste convenio va en el camino de organizar todo el aparato estatal para combatir la violencia de género, como reiteradamente ha solicitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias. Para obtener resultados positivos, toda política pública debe nutrirse de información precisa. Este convenio precisamente nos permite contar con la valiosa información del Poder Judicial, que sumada al de otras áreas del Estado provincial, nos va a facilitar la lucha para erradicar la violencia de género. En ese sentido, agradecemos la importante colaboración de la Suprema Corte de la Provincia,” dijo durante la firma Canton.

En 2014, la Ley N° 14603 creó el RUC provincial, a los fines de sistematizar la información de los hechos, tipos y modalidades de la violencia de género; debiendo garantizar la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas, en relación a los datos recibidos o incorporados en él. La Secretaría de Derechos Humanos es la autoridad de aplicación.

Actualmente, los organismos estatales que trabajan en conjunto con el RUC son el archivo histórico de casos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad, la Línea 144, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Cultura y Educación, y el Ministerio Público Fiscal al cual ahora se suma la Corte Suprema de Justicia. (ANDigital)