Derogaron el protocolo de uso de armas de fuego y taser

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó el protocolo para el uso de armas de fuego para las fuerzas federales que su antecesora Patricia Bullrich había dispuesto en diciembre de 2018.

Además, la funcionaria dio de baja el reglamento para el uso de pistolas eléctricas Taser, el pedido de DNI en estaciones de trenes y el Servicio Cívico Voluntario, por medio de la Resolución 1231/2019 publicada en el Boletín Oficial.

Ya está publicada la edición del 24/12/2019 del Boletín Oficial de la República Argentina.
Podes visualizarla en https://t.co/5HF1BTW1PQ

— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) December 24, 2019

Uno de los protocolos que quedan sin efecto es el del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, implementado en diciembre de 2018 a través de la Resolución 956.

En cuanto a los argumentos, se menciona que la postura macrista “excede los criterios impuestos (por la ONU) y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”.

“En la base conceptual de este reglamento subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa”, añade.

También advierte que “la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir”.

El texto afirma que en consecuencia “este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho”.

En cuanto al plan “Ofensores en Trenes”, la principal objeción es que “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”.

La nueva resolución establece que la medida “pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”. Además de contradecir “los estándares de seguridad democrática” y “los estándares internacionales de Derechos Humanos”. (ANDigital)