Relevan más de 30 casos violencia institucional durante el confinamiento

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Amnistía Internacional presentó en un informe el registro de más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país.

El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son algunos de los hechos que “revelan la necesidad de una profunda reforma para el sistema de actuación y control de las fuerzas de seguridad”.

Contexto de COVID-19

Los casos relevados en el informe se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia. A su vez, todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad.

También preocupa especialmente a la organización internacional que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza. El ejercicio de las facultades de control de las fuerzas de seguridad no debe traducirse en el ensañamiento o disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

“En una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población. No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Además de los casos mencionados en Tucumán, Chaco y provincia de Buenos Aires, la organización verificó hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales y se sancione a los responsables de violencia estatal.

Gravedad institucional y necesidad de una reforma estructural

Amnistía Internacional señala que la repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos.

Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos.

El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continúa siendo una deuda pendiente en Argentina.

Amnistía Internacional llama a las autoridades nacionales y provinciales a trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva de derechos humanos que evite que estos casos sigan repitiéndose en el país. (ANDigital)