Sobre la idea de impedir protestas

Por Fabricio Breccia (*)
Especial para ANDigital

A ese “piquetero” de carne y hueso del que hablamos le diremos: “Usted sabía que no debía cortar la ruta (porque lo dice la ley). No importa que Usted no tenga para comer, ni perspectivas de trabajo, ni acceso a la salud, o al pan para sus hijos, ni demasiados modos de hacerse oír para que al menos le den un subsidio. Usted no está loco ni enajenado; Usted comprende que lo más importante es respetar el orden establecido en una sociedad, respetar las normas; Usted, igualmente, fue y cortó la ruta, atentando contra la seguridad pública y perturbando el orden y el derecho de otros ciudadanos que debían transitar. Usted es culpable y debe ser condenado a prisión”.

Esto es un manejo de la ironía por parte de Esteban Usabiaga, concejal de Bahía Blanca en su trabajo “Criminalización de la protesta social”. Un enfoque de los contextos de justificación.

El jueves más de 40 organizaciones sociales marcharon a la casa de Gobierno de la Ciudad en reclamos de dos cuestiones que van de la mano. Una, repudiar la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la policía metropolitana y, la otra, rechazar la iniciativa de impedir la protesta en la calle y la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)

Varias cosas para desarrollar. ¿Por qué repudiar al “fino” Palacios?

-Cristian Henkel, titular de la FUBA, responde  que “Palacios representa lo peor del aparato represivo del Estado, implicado en actos de corrupción, secuestros, y vinculado al encubrimiento de la conexión local del atentado a la Amia”.

-Marcelo Ramal, del Partido Obrero, responde que “la designación de Palacios significa colocar a alguien que va a tratar de llevar adelante los métodos criminales que ya le conocimos el 19 y 20 de diciembre de 2001 y recordó que la jueza Servini de Cubría denunció en esa trágica jornada que Palacios estaba participando de grupos policiales no autorizados”.

-Las organizaciones responden que Palacios “fue asesor de la policía neuquina”, que fusiló a Carlos Fuentealba y recordaron que fue dado de baja de la Policía Federal “por su relación con la banda que secuestró y asesinó al joven Axel Blumberg”.

¿Por qué Criminalización de la protesta?

Desde el macrismo aseguran que “no se busca la criminalización de la protesta social”, sino que “se cumplan las leyes”. Además en un acto de generosidad envidiable, le dan la posibilidad a las organizaciones que tengan programada realizar una protesta, pedir permiso y si la policía “tiene la orden judicial” de liberar la calle, debe “cumplir con la ley para la buena convivencia”.

Aquí se desprenden un par de reflexiones. Por un lado pensar en qué eficacia tendría una protesta avisada por las reclamantes, y que si permite, se organiza desde el gobierno. Déjenme sospechar elementalmente, ¿qué tipo de protestas tendrán permiso?  Por otro lado, realizar un corte es hacer un llamado al resto de la sociedad, no sólo a los gobernantes. Realizar una protesta es “tomar la palabra y ponerla en lugares públicos, una plaza, una calle, una ruta”, como dice Estaban Rodríguez, docente e investigador de la UNLP. Para que esto tenga impacto se debe hacer notar el reclamo.

Tengamos también en cuenta el rol de los medios, que en la mayoría de los casos no se hacen eco de los pensamientos de la clase popular por no serles redituables, lo que implica un grandísimo obstáculo para sectores que no tienen el alcance necesario para llegar al resto de la sociedad.

Por estos motivos, entre otros,  se elige el corte de calle o de ruta, y no pa’ joder nomás. 

Por otro lado, ¿qué pensamos al decir “que se cumplan las leyes”?

Cuando se acusa de “interferir en el tránsito” y algunos titulares gritan con el dolor de los privilegiados “caos en el tránsito” o “no cumplen con la ley de buena convivencia” se está utilizando el derecho como una herramienta preexistente a la sociedad, que debe cumplirse a raja tabla. Ese derecho observa injusticia y delito en la decisión de cortar la calle, porque eso está prohibido.

¿No debemos contemplar una sociedad cuya justicia salga del tecnicismo puro y de cuenta de la degradación social y cultural, de la exclusión del sistema de trabajo que llevan a realizar una protesta porque no existió un Estado que responda por estos asuntos?

Es muy importante aclarar que en las manifestaciones no se reclama por políticas subsidiarias o asistencialistas. Sino que se reclama al Estado cuestiones más gruesas que son los derechos y la dignidad.

Impedir una protesta es restringir un derecho, dice Gargarella, jurista y académico: “Que el derecho a la protesta sea el primer derecho, es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos, la oportunidad que tienen estos sectores de ser tenidos en cuenta otra vez, recuperar la voz para ser tomados como actores otra vez. El derecho a la protesta es la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad”.-

(*) Periodista. Columnista de ANDigital.