miércoles 24 de abril de 2024 - Edición Nº3686

Política | 29 ago 2013

Aprobado en el Senado bonaerense

Crearán programa de prevención, protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas

La iniciativa parlamentaria pertenece a la ex senadora y actual diputada nacional Adela Segarra, en coautoría con la actual legisladora Edda Acuña. Su principal objetivo es garantizar el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.


LA PLATA-BUENOS AIRES, Noviembre 12 (ANDigital) La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó en su última sesión legislativa un proyecto de ley que propone la creación de un programa de prevención, protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, mediante el cual se pretende garantizar el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos.

La iniciativa parlamentaria fue presentada oportunamente por la ex senadora y actual diputada nacional del Frente para la Victoria Adela Segarra, acompañada por la senadora del bloque FPV-PJ Edda Acuña.

A partir de la puesta en marcha de este programa se garantiza el acceso de las víctimas a servicios gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica; brindar oportunidades de revinculación familiar; promover la coordinación intersectorial y proponer trabajo interinstitucional para implementar acciones destinadas a la asistencia y reinserción social; organizar capacitaciones de funcionarios públicos que tuvieren contacto con las víctimas; promover actividades de estudio, investigación y divulgación entre organismos e instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y niños, y elaborar campañas públicas de difusión.

Al mismo tiempo, la normativa establece el derecho de las víctimas a alojamiento apropiado y alimentación; oportunidades de empleo, educación y capacitación; reservar su identidad y confidencialidad de las actuaciones judiciales; asistencia psicológica, médica y jurídica;  facilitar el retorno al lugar en que estuviere asentado el domicilio, y acceso a los recursos públicos de asistencia a las víctimas, voluntario y gratuito.

Mientras tanto, los hijos menores de la víctima –según rezan los fundamentos del proyecto– tienen derecho a alojamiento y alimento, además de contar con asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. (ANDigital)

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