Se cumplen dos décadas de la última y sustancial reforma constitucional

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Se cumplen 20 años de la reforma constitucional que estableció la creación de la figura del Jefe de Gabinete, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura y formas de democracia directa como la consulta y la iniciativa populares.

Se trató de la séptima modificación de la Constitución que se sancionó en 1853, y se arribó a ella mediante un acuerdo entre Carlos Menem y el expresidente de la restauración democrática y líder de la UCR Raúl Alfonsín, que pasó a la posteridad como el Pacto de Olivos.

“Fue el aspecto más negativo de esa reforma. Llegamos a ella por una trama que se gestó entre dos caudillos que acordaron un paquete cerrado que debía votarse sin modificaciones”, explicó en diálogo con la agencia estatal Télam el jurista Eduardo Barcesat, uno de los integrantes de la Convención que promulgó la reforma que se trató en Santa Fe y Paraná.

Tras la victoria electoral que el Partido Justicialista obtuvo en las elecciones legislativas de 1993, Menem lanzó una ofensiva política en pos de conseguir una reforma constitucional que le habilitara un segundo mandato presidencial.

Un proyecto de necesidad de la reforma impulsado por el Ejecutivo se aprobó en el Senado por dos tercios de sus miembros, tal como lo establece el artículo 30 de la Constitución.

El menemismo necesitaba obtener el mismo resultado en la Cámara de Diputados, algo que parecía improbable en función del recelo que la iniciativa generaba entre los legisladores opositores.

Ante este contexto, el riojano decidió convocar a una consulta popular el 21 de noviembre para que la ciudadanía se expresara en torno a la necesidad de modificar la Ley Suprema de la Nación.

Una semana antes de que se realice esa compulsa, Menem y Alfonsín anunciaron, luego de diez días de negociaciones reservadas, que habían alcanzado un acuerdo para reformar la Constitución.

El caudillo radical accedió a estas tratativas ante el temor de que en su ambición releccionista, Memem alterara el funcionamiento institucional con tal de obtener un segundo mandato.

El Pacto de Olivos se presentó a la sociedad como “núcleo de coincidencias básicas” y resultó votado por en ambas cámaras por los dos tercios.

Las elecciones para elegir constituyentes se llevaron a cabo el 10 de abril, y el oficialismo obtuvo un contundente triunfo que le permitió obtener 134 congresales sobre los 305 del total.

Raúl Alfonsín; Augusto Alasino; Álvaro Alsogaray; Antonio Cafiero; Eduardo Duhalde; Fernando Solanas; César Jaroslavsky, Raúl Zaffaroni y Elisa Carrió fueron algunos de los congresales destacados de esta convención, que también integraron Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al cabo de tres meses de deliberaciones, la Constitución se promulgó finalmente con la firma del presidente Menem el 22 de agosto de 1994, en Olivos.

La Convención introdujo de pleno el núcleo de coincidencias básicas que incluían la elección directa del presidente y vice; la del Jefe de gobierno porteño; la creación de la figura del Jefe de Gabinete y el acortamiento del mandato presidencial a cuatro años con la posibilidad de una reelección.

Además, se sancionó un sistema de segunda vuelta para la elección de presidente; la figura del tercer senador en representación de la minoría; la creación del Consejo de la Magistratura; la cláusula que determina que los jueces del Senado deben ser electos por mayoría absoluta.

En cuanto a los puntos que se aprobaron por fuera de este acuerdo, se destacan el principio de Coparticipación Federal, que aguarda aún una ley que fije un mecanismo de distribución entre las provincias.

“Creo que ese es uno de los puntos más controvertidos del proyecto. Es una deuda de la democracia tener una ley que rija la distribución fiscal entre las provincias”, admitió Barcesat.

También se le concedió rango constitucional a los tratados de derechos humanos que firmados por Argentina, como el de San José de Costa Rica, por el cual queda excluida la posibilidad de sancionar una ley que convalide la pena de muerte.

Se establecieron derechos ambientales; del consumidor y la prerrogativa que establece la nulidad de todas las normas que se sancionen durante la interrupción del Estado de derecho.

“Ese fue el aspecto más positivo de la reforma. De esa forma se le cerró la posibilidad a cualquier aventura golpista”, enfatizó el jurista.
De todos modos, Barcesat afirmó que es necesario convocar a una nueva reforma, “básicamente para revertir el espíritu ligado al modelo agroexportador que posee el texto de 1953”.

“No se tocó para nada la inspiración de país agroexportador que tenía la Constitución de 1853. Incluso en la versión que se aprobó hace 20 años, quedó establecido que las provincias son primeras propietarias de los recursos naturales. Eso es algo que debemos cambiar para tener una nación más integrada”, opinó el exconvencional. (ANDigital)