Férreo rechazo a la “privatización” de la Dirección Nacional de Vialidad

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Diversos sectores se pronunciaron en contra de la decisión “antidemocrática, inconsulta, y por decreto” del Gobierno nacional, creando una empresa denominada “Corredores Viales S. A.” transfiriendo funciones y misiones que cumple actualmente la Dirección Nacional de Vialidad.

Al efecto, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPyPSVN) y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CoNaDUV), convocaron a una conferencia a llevarse a cabo en la sede del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Teniente General Juan D. Perón 725), este miércoles, a las 11 horas.

Las entidades convocantes advirtieron que “reemplazar a la DNV por Corredores Viales S. A implica la posibilidad de terminar definitivamente con las acciones, competencias y controles ineludibles de un organismo del Estado nacional que evidentemente perturba los negocios e intereses de la ‘patria contratista’, los amigos del poder, y molesta el accionar de las empresas que conforman el selecto y nefasto ‘club de peaje’”.

“De concretarse este atropello, las rutas, autopistas, autovías y obras viales, y en definitiva toda la red vial nacional, pasarán a ser instrumentos de negocios particulares de unas pocas empresas privilegiadas y engranajes de un círculo vicioso de híper-endeudamiento externo y fuga de capitales”, prosiguieron.

En suma, indicaron que es “una hipoteca a largo plazo que hoy pocos pueden advertir, pero que mañana las próximas generaciones de argentinos deberán con mucho esfuerzo hacerse cargo de estos multimillonarios pasivos en moneda extranjera contraídos con total irresponsabilidad a través de estos mecanismos”.

“El Gobierno nacional se adueña del Estado y de sus bienes, convirtiendo a los organismos nacionales en empresas privadas al servicio de unos pocos, mientras obliga a sus empleados a salir de la órbita estatal, perdiendo derechos”, alertaron la AGPyPSVN y el CoNaDUV.

Y sentenciaron que “los caminos son de dominio público, pagados con creces con nuestros impuestos, y no propiedad de un gobernante o funcionario público”. (ANDigital)