Preocupación en Abuelas de Plaza de Mayo por domiciliarias a represores

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Las Abuelas de Plaza de Mayo volvieron a manifestar este lunes su preocupación frente al “intento de otorgar prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad” y pusieron de manifiesto que “si bien es común que las defensas soliciten este tipo de beneficio, es preocupante que desde el mismo Servicio Penitenciario Federal se sugiera a la justicia otorgar ese privilegio para criminales de lesa humanidad”.

A través de comunicado, la institución informó que “este fin de semana, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido en el año 2000, hizo conocer a través de su cuenta de Twitter el terror que le infunde la posibilidad de que su apropiador, Francisco Gómez, quien lo ha amenazado de muerte, aparezca por su casa”.

Se trata de un agente civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea, quien también quien mantuvo cautiva a la madre de Guillermo hasta el momento de ser trasladada para dar a luz en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA.

“Esta sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos se reitera cada vez que, quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres, cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel”, reza el escrito.

En esa línea, pusieron al descubierto que los controles de las prisiones domiciliarias “son casi nulos y, en muchos casos, estos criminales ya han violado ese beneficio en otras oportunidades”.

“Tal es el caso del apropiador de Catalina De Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recientemente favorecido a pesar de haber burlado las condiciones de arresto anteriormente; Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien desde enero vive en su casa de Mar del Plata; o el comodoro retirado Luis Tomás Trillo, condenado en el mismo juicio en el que se juzgó a Francisco Gómez por la desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo”, grafica el texto.

Abuelas se mostró en disconformidad con la lista de detenidos que el Servicio Penitenciario Federal hizo circular, con el pretexto de “morigerar el hacinamiento carcelario”, advirtieron que en las respectivas nóminas “se han colado alrededor de cien condenados por delitos de lesa humanidad”.

“Esta sugerencia de enviar a los genocidas a sus casas nada tiene que ver con el intento de resolver la problemática de superpoblación carcelaria. Por el contrario, refleja los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia impartidos desde el Gobierno nacional”, subrayó la organización. (ANDigital)