jueves 28 de marzo de 2024 - Edición Nº3659

Política | 2 may 2018

A través de un extenso escrito

Alejandro Collia se defendió ante la Justicia y negó todos los cargos en su contra

En su descargo de más de 20 carillas, al que accedió ANDigital, el exministro de Salud bonaerense hizo un racconto de su vida personal, su formación como médico, los valores familiares y salvaguardó su gestión como titular de la cartera hoy a cargo de Andrés Scarsi. Negó todos los cargos que se le endilgan. Ahora el titular a cargo de la instrucción deberá evacuar las citas legales.


LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Junto a su abogado Flavio Gliemmo, el exministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, se hizo presente este miércoles en la UFI 11 a cargo de Álvaro Garganta, a fin de responder por las acusaciones hechas por la diputada nacional Elisa Carrió.

En su descargo de más de 20 carillas al que accedió ANDigital, hizo un racconto de su vida personal, su formación como médico, los valores familiares y defendió su gestión como titular de la cartera hoy a cargo de Andrés Scarsi.

Tras negar todos los cargos que se le endilgan, ahora el titular a cargo de la instrucción deberá evacuar las citas legales.

Según la acusación que obra en el expediente y a la que el fiscal hizo lugar “Collia habría sido influenciado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires para adjudicar de manera irregular nueve obras públicas –UPA- a la empresa Miller Building International S.A”.

La hipótesis acusadora contra el exfuncionario sciolista se completa: “influenciado por el gobernador, Collia influenció a su vez a personas del Ministerio de Salud que tenía a cargo para que éstos adjudiquen de manera irregular la construcción de cuatro Unidades de Pronta Atención y dos ampliaciones en la UPA de Lezama”.

Ante estos planteos, Collia dejó sentado por escrito en la causa: “niego categóricamente y enfáticamente que el gobernador me influenciara para que adjudique obras públicas en favor de la empresa Miller Building International S.A. En principio quiero dejar establecido que la imputación se hace en base a una presunción de dolo, vedada expresamente por nuestro ordenamiento jurídico”.

En su descargo, agrega que la presunción del dolo es ilegal e inconstitucional, habló de que “la imputación es inmerecida e injusta hacia mi persona. Niego haber cometido y que con los funcionarios de mi Gabinete hayamos cometido ilícito alguno y que en función de ello también niego puntualmente que hayamos direccionado, favorecido y/o arreglado expedientes para que persona u empresa resulte favorecida con un trámite alguno durante mi gestión en el Ministerio de Salud –de 2009 a 2015-”.

Por último, elex ministro cargó contra la Fiscalía 11 por no tener en cuenta algunos elementos tales como los llamados a licitación, los actos de apertura de sobres, las actas comparativas de precios, la intervención de la comisión de pre adjudicación y la adjudicación misma.

“Tampoco tuvo en cuenta el fiscal que rubrico más de 20 mil expedientes por año en la órbita del Ministerio de Salud. Así intervienen diversos actores desde su caratulación hasta el acto administrativo pertinente. Cada actuado es trabajado y visado por diversas áreas (presupuesto, contabilidad, compras, comisión asesora de pre adjudicación, dirección de servicios técnicos administrativos) cada una de ellas con no menos de diez personas visadas a su vez por un jefe de Departamento, directores de Área, Dirección General de Adminsitración así también en el caso que nos compete de la Dirección de Infraestructura”, cerró.

La acusación

“Tráfico de influencias” es la figura penal que el fiscal le imputó al exministro de Salud bonaerense y por la que Alejandro Collia se presentó este miércoles a las 10 de la mañana.

La investigación se inició tras la denuncia que radicó la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, luego de que el exgobernador Daniel Scioli, quien deberá declarar este jueves 3 de mayo, culminara su segundo mandato al frente del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.

En la imputación a la que accedió ANDigital además de Collia y Scioli también se procesó al exsubsecretario Administrativo de Salud, Gerardo Pérez; a la exdirectora general de Administración, Ana Beatriz Priolo; al exdirector de Contabilidad, Matías Alcalde y al empresario amigo de Scioli, Ricardo Miller, propietario de Miller Building International S. A.

Cabe destacar que a todos se les endilgan hechos delictivos cometidos entre los años 2011 y 2015.

Sobre Scioli se sostiene una acusación por haber influido sobre el entonces ministro Collia para beneficiar al empresario Ricardo Miller, a cambio de diversas dádivas entregadas al gobernador, siendo las mismas algunas en concepto de un contrato millonario por el alquiler que Miller pagaba por un predio de Capanone (sociedad anónima de la que Daniel Scioli posee el 99 % de las acciones).

Según obra en el expediente, “en ese predio se estaba construyendo un gran salón de eventos con recepción y un complejo hotelero; siendo que las dádivas también se materializaron a través de innumerables mejoras de gran calidad que el empresario hacía en la infraestructura y que fueron declaradas por la empresa Capanone S. A. en diversos períodos sin reflejar en sus libros contables un solo peso de inversión en gastos; para finalmente en el año 2017 comprar el inmueble, con la llamativa particularidad que el complejo hotelero y salón de eventos nunca funcionaron comercialmente, y sin antes descontar los pagos de alquiler que Ricardo Miller le entregaba a Capanone SA, dado que el contrato de alquiler era con opción de compra”.

El procesamiento sobre Scioli se agrava ya que el fiscal también le imputa al exgobernador el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (diversos hechos en concurso real) ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Toda vez que cumpliendo con la promesa hecha al empresario Miller, Scioli influyó sobre el ministro de Salud para que éste y funcionarios de menor jerarquía, adjudiquen de manera irregular a la empresa de Ricardo Miller un total de quince obras públicas por una suma mayor a 189 millones de pesos”, se precisa a continuación.

Y continúa el texto judicial: “consistiendo las irregularidades cometidas en utilizar un procedimiento administrativo diverso al de la Ley de Obra pública (implicando que los plazos de presentación de oferta sean irrisoriamente escuetos y evitando que participe el Consejo de Obra Pública), invitando asimismo a competir a empresas vinculadas con Ricardo Miller (en algunos casos socios directos del empresario), o a empresas que poseían un objeto social distinto al de la obra pública por la cual concursaban”. (ANDigital)

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias