Aumenta la percepción de corrupción en el país y se deteriora la imagen presidencial

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Un trabajo titulado “Indicadores internacionales de la corrupción en la Argentina 2018”, coordinado por Marcelo Bermolén, da cuenta del aumento de la percepción de la corrupción en el país.
El informe está basado en las mediciones de Transparencia Internacional, del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Corporación Latinbarómetro y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien en algunos índices de 2017 y 2018 se demuestra una leve mejoría (que se percibe desde 2016), el resultado global de la Argentina no es bueno.

“La mayoría de los indicadores sobre corrupción están basados en estudios o encuestas de apreciación. La corrupción es por naturaleza opaca y clandestina, y por lo tanto los indicadores son mayoritariamente de percepción”, explica Bermolén, quien es profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.

Y resalta: “ningún indicador por sí solo es concluyente ni determinante, pero en conjunto genera tendencias que muchas veces sí lo son”.

Bermolén señala que Argentina sigue reprobada en casi todas las series de indicadores de medición, en materia de percepción de la corrupción o efectividad de las políticas públicas implementadas para su lucha o erradicación, ocupando el lote de países peor posicionados “en el mundo, el continente o la región”.

Según Latinobarómetro, en 2017, dentro de una escala del 0 al 10, los argentinos creían que la corrupción en el gobierno alcanzaba el altísimo valor de 7,7 por encima del valor promedio de Latinoamérica (7,5). En 2018, consultados ya no por las instituciones sino sobre quienes ejercen las funciones y buena parte del poder, el 53 % de los argentinos cree que el Presidente y todos -o casi todos- sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción, porcentaje que lo muestra por encima de legisladores, jueces, policías y empresarios. También, por encima del promedio respecto de quienes ejercen la misma institución presidencial en Latinoamérica (50 %).

Bermolén, quien además es abogado y especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral, señala que “ello, pone en jaque cualquier posibilidad de liderar exitosamente la lucha contra la corrupción desde la percepción de ejemplaridad, ejercicio de la ética pública y cambio de paradigmas. El primer mandatario y sus funcionarios superan la media latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No le va mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción”.

No obstante, Bermolén afirma que “cuando se trata de obtener algún beneficio -directo o indirecto-, 4 de cada 10 argentinos se muestran dispuestos a tolerar cierto grado de corrupción en la medida que se resuelvan problemas. Idéntica proporción de argentinos que en 2017 se mostraban con disposición a sobornar, jueces, policías o funcionarios”.

“Es necesario que la lucha contra la corrupción también comience en la propia sociedad, vía educación de valores, para generar cambios culturales en su propia conducta. Lo que no impide considerar el descreimiento que genera en ella, el accionar de una justicia ineficiente, la ausencia de ejemplaridad o de sanciones reales”, reflexiona el director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.

“La corrupción en la Argentina es de carácter estructural, endémica y transversal. Abarca todos los niveles, poderes y estamentos. Atraviesa a todos los actores sociales y lleva décadas instalada sin que se vislumbre un cambio cultural mayoritario. El comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares). La denominada causa de los cuadernos parece convalidar esa tendencia”, afirma Bermolén.

También se tomó en cuenta un reciente estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo que mide la gobernanza de la corrupción -a través de la evolución de un conjunto de indicadores-. Las políticas de lucha contra la corrupción en Latinoamérica -en la mayoría de los casos- “han sido parciales, irregulares y con un mayor enfoque en la mera aprobación de normas”.

En un indicador que va de -2.5 a +2.5, considerando los últimos 20 años (1996-2017) Argentina muestra una involución en esa lucha con un valor final de -0,26 y un descenso de -0,16 puntos; integra el pelotón de los países que han empeorado.

Finalmente, según datos del Banco Mundial, se percibe un leve incremento en el control de la corrupción en Argentina mientras que el promedio de la región desciende levemente, acercándose las posiciones. Sin embargo, nuestro país permanece por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.

“Es necesario dejar atrás la retórica, los compromisos moralistas -propios de promesas de campaña- y mostrar acciones ejemplares que induzcan cambios sociales en la lucha contra la corrupción”, exclama el académica.

Y subraya: “fortalecer los órganos de control, investigar toda la corrupción (ahondar en el pasado pero también en el presente), evitar los atajos como: blanqueos, aceptación de renuncias de jueces susceptibles de ser juzgados políticamente por mal desempeño, o promover amnistías encubiertas, obviar la designación y actuación en las sombras de operadores judiciales y la protección de ciertos magistrados”.

También menciona la importancia de “promover la designación del Procurador General y del Defensor del Pueblo de la Nación -y otros estamentos- sin amiguismos, esclarecer y castigar todos los casos de financiamiento irregular de la política, profesionalizar los cuerpos de auditores, aplicar criterios uniformes de transparencia, generalizar la aplicación de normas contra el nepotismo en el poder, asegurar contrataciones, licitaciones y acuerdos con el estado intachables, generar organismos anticorrupción independientes del poder político, procurar la meritocracia en las designaciones de funcionarios, y evitar los conflictos de intereses”. (ANDigital)