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Política | 23 jul 2019

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Macri y Dietrich imputados por negociados con los peajes

Tras autorizar un aumento de los peajes del 400 % y elevar el precio de la empresa Ausol, histórica firma del Grupo Macri, el Presidente vendió su participación en la misma. La maniobra representó unos 500 millones de dólares. La denuncia también alcanza al exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.


CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El presidente Mauricio Macri fue denunciado por beneficiar con casi 500 millones de dólares a la firma Ausol, una de las históricas empresas de su grupo empresarial.

Cabe mencionar que tras autorizar un aumento de los peajes del 400 % y elevar el precio de la empresa, Macri vendió su participación en Ausol.

Así las cosas, el fiscal Carlos Stornelli requirió investigar y solicitó medidas de prueba en relación a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto por supuestas irregularidades en contrato entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol.

Para los legisladores denunciantes, le significó a una de las históricas empresas del Grupo Macri una ganancia de 499 millones de dólares, por lo que el instructor también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado.

El pedido de la fiscalía al juez Rodolfo Canicoba Corral implica la imputación de los funcionarios denunciados: el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, según consignó Tailhade.

Entre las medidas solicitadas por Stornelli, se cuentan el secuestro en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.

El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.

De acuerdo a los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el Gobierno de Cambiemos dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”.

Finalmente, Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. (ANDigital)

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