14 Nov. 2019 | 08:24
14 Nov. 2019 | 08:24
Análisis

“Ellos”-“Nosotros”: El difícil camino a mejorar la calidad institucional

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  • Ninguno de los candidatos mencionó la vergonzante deuda de la clase política de no designar desde hace más de diez años al Defensor del Pueblo. Ninguno mencionó los términos “Ética Pública y “nepotismo”. Tampoco se abordó el tema del financiamiento de la política.

    Lo que dejó el el segundo debate.
    Lo que dejó el el segundo debate.

    Por Marcelo Bermolén (*)

    Los candidatos abordaron el tema de la calidad institucional como un problema derivado de las recurrentes crisis políticas del país, y no como una de las causas esenciales que concurre a producirlas.

    Desarrollaron sus intervenciones en medio de un debate negativo en el que sobresalieron las menciones a causas judiciales (pasadas y futuras), investigaciones y procesamientos sobre corrupción, negociados, miopías y complicidades a la hora de ejercer el poder, favoritismo hacia los amigos y familiares, entre otros.

    Dado el amplio contenido del eje (Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado) algunos candidatos -especialmente los economistas- destinaron más tiempo a formular miradas sobre el federalismo -un tema esencial que influye en las relaciones de poder y los recursos- que a la calidad institucional. La mayor parte de los candidatos fueron vacuos a la hora de explicar cómo combatirían la corrupción o fortalecerían el diseño institucional en materia de control.

    En los pocos casos que ahondaron en la temática, lo hicieron desde el diagnostico de una situación de debilidad institucional, sin poder explicitar el tratamiento a seguir. Faltaron en este tercer eje del debate, las propuestas concretas.

    Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández, le atribuyeron a su rival la ejecución de acciones destinadas a la manipulación de la justicia en beneficio propio, sin proponer un plan de mejora en el desempeño de los jueces federales, cambios en el Consejo de la Magistratura y/o en la forma de juzgar y sancionar a los magistrados. Nicolás del Caño abordó, en el momento de las réplicas, el tema de la ambivalencia del sistema de justicia con “jueces que se acomodan al poder de turno” y “jueces reperfilados” y propuso que sean electos de manera directa, y se aplique el juicio “por jurados” para las causas de corrupción.

    Fernández reconoció la existencia de una calidad institucional deteriorada, pero hizo foco en los errores de la actual administración. Reconoció que la corrupción es un gran problema, e hizo referencia a los empresarios que corrompen y a los funcionarios que se dejan corromper, estableciendo así que el sentido del flagelo es desde el poder económico hacia el poder político y no –al menos- un camino de doble vía. Culminó diciendo que el Estado debe prevenir la corrupción y que van a “trabajar” en un “Estado inteligente” para combatirla, sin especificar propuestas.

    Juan José Gómez Centurión (exfuncionario de la actual Administración) expresó que: “resulta un sarcasmo hablar de calidad institucional, cuando las dos fórmulas que proponen la polarización están hilvanadas sutilmente por algún punto de corrupción”. Mencionó a un Estado atrapado y sin meritocracia.

    Fue el único candidato que hizo alusión a los organismos de control al decir que “deben estar conducidos responsablemente por la oposición”. Señaló como una burla, que cada gobierno designe en la Oficina Anticorrupción a “militantes políticos, amigos o personas que no están en condiciones de ocupar el cargo”, pero más allá de las observaciones no hubo propuestas concretas de cambios del diseño institucional (independencia, autonomía presupuestaria, forma de designación, etcétera) y sugirió eliminar los fueros en el Congreso.

    Resultó ser el único, también, que quiso hacer foco en el problema que representa el sistema nacional de inteligencia (inepto y desprofesionalizado), y la existencia de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dedicada a espiar por razones políticas o para extorsionar periodistas. Aunque dijo que es un sistema oculto y paralelo que hay que desactivar con controles, tampoco detalló una propuesta de cómo hacerlo.

    Mauricio Macri relató lo hecho en su gestión en relación a un Estado “moderno”, sin papel, electrónico y con simplificación de trámites. Destacó la recuperación de indicadores, y el respeto por la libertad de prensa, lo que debió interpretarse como una persistencia en esos lineamientos en una eventual nueva gestión.

    Nicolás del Caño hizo referencia al cruce de acusaciones de los dos candidatos más votados en las PASO, apelando cada uno de ellos a “medias verdades”. Subrayó que ni siquiera los funcionarios del gobierno anterior negaron la existencia de hechos de corrupción durante esa gestión, a la vez que resaltó la falta de transparencia en la del actual Presidente.

    Roberto Lavagna utilizó sus dos minutos centrales para hablar de federalismo, sin aludir en ese tramo -ni una sola vez- a la calidad institucional. Recién en el segundo bloque de treinta segundos, mencionó la necesidad de aumentar el control sobre el poder de los presidentes que vía decretos de necesidad y urgencia -y otros mecanismos- fueron avanzando sobre los otros Poderes; y de la necesidad de que el Congreso recupere su poder de control del Estado, al igual que la protección que merece el Poder Judicial.

    Entre los fallidos del bloque temático, vale mencionar el de José Luis Espert que habló de derogar la Ley de Coparticipación Federal -siendo que se trata de un mandato constitucional (Art. 75 inc. 2ª de la CN) por el que se dispone la necesidad de una Ley Convenio-; los 25 segundos sobrantes y no utilizados por Gómez Centurión dentro de sus dos minutos principales; y la notoria dificultad de Alberto Fernández para expresar el término “conflictos de interés”.

    En materia de calidad institucional, transparencia y combate contra la corrupción, es tan importante lo que se dice como lo que se calla, He aquí algunas omisiones destacadas:

    Ninguno de los candidatos mencionó la vergonzante deuda de la clase política de no designar desde hace más de diez años -a través del Congreso- al Defensor del Pueblo de la Nación.

    Ningún candidato mencionó el tema de la “Ética Pública” o la necesidad de una nueva ley.

    Ninguno de los postulantes mencionó el término “nepotismo” (que alude a la designación de familiares y parientes en las estructuras del poder).

    Tampoco se abordó el tema del financiamiento de la política.

    Apenas sólo un candidato se ocupó de señalar su preocupación por los organismos de control, el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) y el de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

    No formularon un programa concreto de mejora de la calidad institucional, y en algunas de las contadas intervenciones sustanciosas se hizo referencia a situaciones puntuales con soluciones parciales que se parecieron más a pinceladas marketineras, deseos y voluntarismos, que a un programa integral de acción en caso de acceder al poder.

    El debate no superó la retórica, los compromisos moralistas, ni fue más allá de las promesas de campaña que desde lo formal luego nadie puede exigir que se cumplan. Faltaron a la cita, la mención a programas específicos, reformas estructurales y miradas autocríticas.

    Más allá de que cada uno de los dos candidatos con más chances de acceder al poder, dejaron en claro su credo, carecieron de propuestas sistémicas, integradas y con un abordaje realista sobre los temas institucionales. Alberto Fernández prefirió no hablar de la corrupción en el ciclo de poder kirchnerista, y Mauricio Macri se desentendió de las acusaciones sobre hechos de corrupción acaecidos durante su actual mandato.

    Teniendo en cuenta que las reformas institucionales necesitan de decisión política, consenso y ser transformadas en temas de estado, la permanente recurrencia en el discurso de ambos candidatos a los apelativos de “Ellos” y “Nosotros” -reforzando el concepto de grieta-, contrasta con las menciones voluntaristas de diálogo, siendo que uno u otro serán gobierno y principal fuerza de oposición.

     

    (*) Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.-

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