Lejos de la austeridad, cada legislador provincial cuesta $ 3 millones mensuales

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) De acuerdo a los datos de los Presupuestos Provinciales 2019, las provincias gastan en promedio $ 34,2 millones anuales por legislador, observándose el mayor desembolso en Tucumán con $ 85,7 millones anuales y el menor en Santiago del Estero, con $3,8 millones.

Para el total de provincias el presupuesto para mantener la estructura legislativa asciende a $ 41.008,5 millones, con el caso saliente de Buenos Aires, de casi 9 mil millones de pesos, aunque también es el distrito con mayor cantidad de parlamentarios.

Los datos se desprenden de un pormenorizado informe de la Fundación Libertad, en base a los mencionados presupuestos del corriente año vinculados con la cantidad de legisladores, tanto diputados como senadores, que tiene cada una de las 24 jurisdicciones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores es de 1.199, siempre teniendo en cuenta que el importe total de los 24 distritos destinado a las legislaturas provinciales para el año en curso asciende a $ 41.008,5 millones, esto implica que cada uno de ellos tiene un costo de $ 34,2 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a casi $ 3 millones mensuales.

El resultado por provincia arroja resultados dispares entre ellas. Al tope de la tabla, con el costo más alto por legislador, se halla Tucumán, con $ 85,7 millones anuales; le siguen Chaco, con $ 71 millones, y la Ciudad de Buenos Aires, con $ 69,9 millones. En el otro extremo, es decir las que registran menor costo por legislador, se encuentran Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de $ 3,8 y $ 5,1 millones anuales por cada legislador, respectivamente.

Un legislador tucumano cuesta casi seis veces más que un legislador jujeño, una diferencia muy considerable a sabiendas de que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores. Otro contraste importante se da entre las provincias de Catamarca y San Luis. Aquí, la primera casi que quintuplica el gasto por legislador de la segunda. Una mayor disparidad se da entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, cuyos gastos por legislador son de $ 71 y $ 3,8 millones respectivamente, es decir que el costo en la provincia chaqueña es 18,6 veces el de la santiagueña.

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Para las provincias que se pudo obtener este dato, se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 78 %. En las provincias de Tierra del Fuego y Santa Fe este porcentaje es del 58 % y 65 %, respectivamente, siendo las dos de menor ratio para las cuales se dispone de información.

En el polo opuesto, se encuentran Río Negro (92 %), Santa Cruz (89 %) y Formosa (88 %) donde 9 de cada 10 pesos gastados en sus respectivas legislaturas corresponden a erogaciones de personal.

Provincia de Buenos Aires, el mayor presupuesto

Como quedó dicho, en el principal distrito del país se destina al Poder Legislativo un monto de $ 8.899 millones, cifra equivalente a casi 14 veces lo que se prevé gastar en el Ministerio de Agroindustria ($ 648 millones) o 74 veces lo asignado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ($ 121 millones).

También, este monto equivale al 39 % de lo presupuestado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ($ 22.921 millones).

Necesidad de reestructuración

“Todos los datos anteriores ponen de manifiesto el elevado costo de las legislaturas provinciales –más aún cuando se efectúa una comparación internacional– y las significativas diferencias entre provincias”, expone la Fundación Libertad.

En este sentido, la entidad con sede en Rosario plantea que “la participación del gasto en el Poder Legislativo dentro de los presupuestos provinciales adquiere relevancia cuando se lo contrasta con otras erogaciones de las provincias, ya sean en materia de producción, desarrollo social u obra pública, y cuando se percibe que los legisladores presentan proyectos que no tienden a resolver las innumerables problemáticas que aquejan a nuestra sociedad”.

“Basta nombrar algunos para confirmar esto, como por ejemplo ‘Declarar de interés Provincial el Día del Vidriero’, presentado en la provincia de Chaco, o la ‘Prohibición para soltar globos con helio al aire libre’, presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires”, se enumera.

Y sentencia: “en un contexto donde la Argentina debe ir a una reestructuración integral y profunda del Estado, para ordenar sus cuentas públicas que le permita emprender un crecimiento sostenido, el costo político no puede soslayarse. La austeridad de quienes nos gobiernan quizás deba ser el punto de partida para emprender la tan necesaria reforma del sector público”. (ANDigital)