Apuntes sobre el nuevo Código Urbanístico porteño

Por Manuel Vila (*)
Especial para ANDigital

Me tocó integrar el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) entre 2007 y 2009, representando a la Legislatura porteña, por lo que participé en la elaboración y presentación ante ese cuerpo del Plan Urbano Ambiental, aprobado en 2008.

Ya hice notar en una audiencia pública, (obligada por un juez) en la Jefatura de Gobierno en 2017, que las propuestas que se manejaban, tanto para Código Urbanístico, como para Código de Edificación, estaban lejos de representar en normas, los postulados de aquel PUA.

El texto actual, no hace más que confirmar nuestras presunciones, y los considerandos y argumentos, no hacen más que transparentar, qué intereses se favorecen.

Cuestionando al viejo Código de Planeamiento Urbano, dictado durante el régimen militar en 1977, (cuestionamiento que acompañamos) se elabora un proyecto, a la medida de los grandes desarrolladores inmobiliarios y los empresarios del transporte público.

Ya durante mi paso por el COPUA, observaba con preocupación, que las urbanizaciones propuestas para cabeceras de comunicación, y zonas de influencia, venían elaboradas, por adláteres de las empresas manejadas por Cirigliano y Benito Roggio.

Esa postura, es claramente manifiesta en los argumentos del actual Código, donde se dice que “se requiere dotar al transporte público, como componente orientador, del crecimiento de la ciudad”. En todo el mundo, el transporte público acompaña los planes de desarrollo urbano, pero no los orienta ni determina.

La segunda postura manifiesta es apuntar a “la densidad poblacional”, como un factor igualador, entre los distintos sectores de la ciudad, encubriendo en esa postura, la voracidad de los desarrollos inmobiliarios, por los barrios cuyo costo por metro cuadrado, resulta muchas veces, la mitad de otros, generando un proceso de gentrificación, en zonas que pierden su identidad constructiva, y saturan sus servicios, que no se refuerzan en la medida de las necesidades.

En ese contexto se crean las “áreas de desarrollo estratégico de carácter prioritario”, expresando “un mayor compromiso social”, según el argumento esgrimido, para ampliar notoriamente la capacidad constructiva, de barrios que históricamente han consolidado su preferencia, por la construcción de baja altura.

No es el requerimiento social, que impulsa, apuntar a esas “áreas de Desarrollo Prioritario”, sino la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios.

La pandemia, ha puesto en blanco sobre negro, esta clara determinación, del poder oficial, respaldando a esos sectores, habilitando, sólo la continuidad de obras superiores a 5 mil metros cuadrados, mucho más propensas por densidad de operarios, a contagios que las obras menores.

Y por último, en los sectores de la ciudad, que llaman “consolidados”, se mantiene el criterio de favorecer emprendimientos de gran altura, encubriéndolos en una “unificación de los alineamientos edilicios, que completen el tejido”, o sea nivelar para arriba, en función de las máximas alturas de las construcciones preexistentes.

El hecho de que sólo se haya consultado la opinión de los ciudadanos, obligados por un juez, y sin atender, en el texto, los múltiples reclamos, que la mayoría expuso sobre el texto de base, indica claramente, que la intención de este Código Urbanístico fue favorecer prioritariamente, los intereses de los empresarios del transporte público, y los desarrolladores inmobiliarios de grandes emprendimientos, por encima de los intereses de ua ciudad, que en su geografía y la de su entorno, concentra el 30 % de la población de un país, con amplísimas áreas despobladas.

(*) Experto ICOMOS-Icofort, conferencista nacional, e internacional en temas de Patrimonio; mandato cumplido (2007-2009) en el COPUA (primer ingeniero civil en integrarlo).