Fraude en las elecciones de CAME: La IGJ anulará la Asamblea

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La crisis ha llegado a su punto máximo en la principal entidad PyME de la Argentina: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

La institución gremial empresaria, creada en 1956, vive las horas más difíciles de su historia con graves problemas con la justicia, fuertes cuestionamientos internos y una pelea áspera con el Gobierno nacional. Varias fuentes involucradas señalan que “nunca había sucedido algo semejante”.

La CAME está formada por casi 1.500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas. Desde 2018 está presidida por Gerardo Díaz Beltrán, un productor ganadero de Misiones, muy identificado con Mauricio Macri y con una gestión harto cuestionada por distintos miembros de la entidad, por sus supuestos “manejos autocráticos”.

Ya en 2020, la Inspección General de Justicia encontró irregularidades en el manejo del acto eleccionario y ordenó cancelar la convocatoria para renovar autoridades. Voceros sectoriales dieron cuenta que “la actual conducción pretendió aquella vez y hoy también, designar autoridades sin mostrar balances y memorias desde 2019 como exige el Estatuto”.

Así las cosas, la actual conducción enfrenta una situación muy compleja, luego de que directivos de la entidad denunciaran ante la IGJ que el balance que presentó incluye gastos millonarios injustificados.

Cabe mencionar que para la realización de la Asamblea General Ordinaria -en la que se iban a renovar autoridades el año pasado- es necesario que primero se haya aprobado el balance del año previo. Tal plenario se intenta llevar a cabo el 19 de agosto pero, según fuentes inobjetables, la IGJ anulará.

Todos los actores dan por caída esta Asamblea porque aducen que, además de continuar las irregularidades que llevaron a la anulación en 2020, las mismas se acrecentaron. Además, la conducción de CAME apeló la medida de la IGJ ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y esta instancia, no sólo rechazó de plano ese recuerso , sino que le hizo un severo llamado de atención a Díaz Beltrán.

Desde la cúpula de CAME le echan la culpa a La Cámpora que, según declaró el titular de la entidad en diversos medios, está buscando “quedarse con el control” de la entidad en represalia por haber denunciado el cierre de PyMEs por la extensa cuarentena.

De todos modos, quienes encabezan las críticas dentro del organismo están lejos de La Cámpora. El primero en denunciarlo fue Pedro Humberto Salas, nada menos que de la Sociedad Rural de Córdoba.

Este dirigente pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos. Este estamente, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores.

Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto. Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Ellos son los doctores Martín Blanco y Ana Castagnino.

Luego, acaeció una segunda denuncia. En este caso presentada por el recientemente fallecido, vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información.

Y quien también lo critica es Horacio Alonso, el exdiputado cercano a Sergio Massa que Alberto Fernández designó como interventor de la obra social de los empresarios y monotributistas, Osdepym. Para él, la caja de la obra social se usó para controlar a la CAME durante el macrismo.

En total son más de diez las denuncias contra la gestión de Díaz Beltrán al frente de CAME que están radicadas en la IGJ por desvío de fondos y el vaciamiento de la entidad, y asimismo un apercibimiento judicial dictado sobre su persona por la Inspección General de Justicia, por no haber permitido la oficialización de otras listas y haber querido perpetuarse en el cargo de manera ilícita. Esta situación se sostiene y es la que llevaría a la IGJ a dejar sin efecto nuevamente la Asamblea.

Las denuncias apuntan también a la creación de la empresa denominada Pymetic SA, para el manejo de CAME PAGOS, poniendo el foco en el destino final que tenían los fondos recaudados y si las ganancias eran para la Confederación y sus socios, o era parte de una triangulación de empresas, entre las que se nombra a Feentech SA. Teipesa SA representa el 50 % de Pymetic SA, mientras que el otro 50 % corresponde a una sociedad denominada Feentech SA.

Dicha empresa está en el ojo de la tormenta atento a que el 50 % de lo recaudado en lugar de retornar a sus socios queda en poder de Feentech SA en cuyo directorio esta la esposa del exintendente porteño Carlos Grosso. Este entramado de empresas y la atípica asociación entre Teipesa SA y la empresa vinculada a Grosso, forman parte de una investigación que complica a la cúpula de CAME.

A raíz de estas irregularidades, se solicitó se realice una auditoría integral de las firmas Teipesa S.A. y Pymetic SA, a lo que se sumó que el consejero Claudio Vodanovich, solicitó la inclusión de un veedor para garantizar la independencia y transparencia de la misma.

Pese a los reclamos, la “cúpula” de CAME se negó rotundamente a su tratamiento, no sólo por las irregularidades que podrían surgir de Teipesa SA, sino además por la inexplicable participación de Feentech SA. El tema genera un fuerte debate, no obstante lo cual la cúpula de CAME hasta ahora, se mantuvo en la negativa e impidió la realización de la auditoría.

Con este panorama, las irregularidades no sólo persisten sino que se acrecientan y se potencian a la luz de las maniobras dilatorias y de ocultamiento de la conducción de CAME. Desde la IGJ y luego del aval de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, señalan que no ven forma de habilitar la Asamblea en estas condiciones y dan por hecha su anulación. (ANDigital)