Denuncian “discriminación” y “persecución” contra vendedores ambulantes

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) presentaron una denuncia y pedido de remoción contra Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, por “abuso de autoridad e inteligencia ilegal, agravado por constituir actos discriminatorios contra trabajadores y trabajadoras de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses”.

Desde el nucleamiento afirman que se trata de “un verdadero laboratorio de lawfare contra quienes se dedican al comercio popular como forma de subsistencia” y el accionar de la instructora “tiene como trasfondo servir a los intereses de las marcas multinacionales como Nike o Channel”.

A través de un comunicado, dieron cuenta que “Ramírez ordenó –por pedido de la apoderada de Nike- una serie de allanamientos ilegales en Once que dejaron a más de 100 vendedores ambulantes sin su fuente de trabajo en la semana previa a Navidad”.

“No es un hecho aislado. El modus operandi es la utilización de figuras penales como asociación ilícita y falsificación de marcas, que luego no se corresponden con los hechos que dice investigar, para luego justificar su intervención en casos donde no tiene competencia y así consolidar la persecución”, disparó la UTEP y planteó que “el círculo cierra con la intervención del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Agencia Gubernamental de Control y la Policía de la Ciudad, llevando adelante decomisos ilegales de mercadería y reprimiendo a quienes intentan defenderse”.

En igual tenor, manifestaron que “cuando esta fiscal invoca a la conocida ‘ley de marcas’, ignora que la aplicación de la misma no es su competencia sino de la justicia federal; y que además, la jurisprudencia indica que la venta ambulante no viola dicha ley”.

“El comercio popular en espacios públicos es un fenómeno a nivel mundial vinculado a las distintas formas de subsistencia que encontraron las y los trabajadores excluidos del mercado laboral formal. En CABA, la única respuesta del Estado es la persecución, represión y criminalización, con la gravedad del componente xenófobo y racista ya que en su mayoría son trabajadores migrantes de países de África y Latinoamérica”, exclaamaron los referentes de la UTEP y de VAIO.

Finalmente, indicaron que “este accionar refleja un esquema de criminalización de trabajadores pobres y sus organizaciones inadmisible en un Estado de derecho”. (ANDigital)