El Ejecutivo oficializó los nuevos montos de las infracciones según cada caso, que representan una suba del 26 % en comparación con el año anterior.

Desde la empresa concesionaria del servicio del agua potable en la provincia de Buenos Aires informaron que este “hackeo” repercutió “en la atención a través de los canales oficiales pese a que se activaron los mecanismos de contingencia”. De todos modos, “no se vio afectada la base de datos personales de los usuarios”.

El Gobierno intensifica además la capacitación al personal que se suma a los operativos en establecimientos educativos, mientras distribuyen equipamiento en lo que serán espacios de inmunización.