La Masacre de Trelew, Mario Amaya y Alfonsín

Por Pedro Noel Romero (*)

“Por el ruso, por Amaya, por el pueblo la derecha que se vaya”, fue el cántico que entonaban a viva voz los jóvenes de la Juventud Radical una vez recuperada la democracia de manos de Raúl Alfonsín en 1983 y hasta los años ’90, incluida la etapa de gestión presidencial de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Ese cántico refería al “Ruso” Sergio Karacachoff, secuestrado, torturado y asesinado por fuerzas paramilitares hace 36 años; y al ex diputado nacional por Chubut por la UCR Mario Abel Amaya, quién junto a Alfonsín militaba como abogado defensor de los presos políticos, en su caso, de los reclusos confinados al Penal de Rawson, allá en el sur, donde las fuerzas de seguridad protagonizaron la “Masacre de Trelew” en 1972.

Por ese compromiso Amaya fue detenido y encarcelado en unidades penales del sur y del ámbito metropolitano; y fue torturado hasta morir aquí en Buenos Aires en 1977. Raúl Alfonsín organizó un velatorio “clandestino” en la ciudad de Buenos Aires en pleno gobierno de la dictadura cívico-militar en 1977. 

El pasado 10 de mayo en ANDigital publicamos una nota de opinión referida a la labor del abogado chubutense, que nos permitimos volver a publicar en la víspera del 40º aniversario de la Masacre de Trelew.

También acabamos de publicar una nota de opinión de la legisladora porteña por el PSA Virginia González Gass en la que la hermana de Gabriela González Gass –diputada alfonsinista fallecida el 29 de junio de 2008- da cuenta de la labor de Mario Amaya en aquellos días de 1972.

También tiene que ver con el radicalismo, lo publicado el último 8 de agosto, una nota de opinión en la que se destacó la gestión en los años ’70 en el municipio de Libertador San Martín (Jujuy) del intendente Luis Ramón Arédez Sagues, un mártir radical secuestrado el 24 de marzo de 1976 tras la “Noche del apagón” de Ledesma, que en realidad fueron varias noches de apagones organizados por la empresa de Carlos Pedro Blaquier, la policía jujeña y Gendarmería Nacional. Arédez permanece aún desaparecido.

Por ambos casos, en estos días se sustancian históricos juicios contra represores militares y empresarios civiles por crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Por “La masacre de Trelew” y por “El apagón de Ledesma”.

De esta manera, se intenta brindar un sentido homenaje a los dirigentes y/o funcionarios de la UCR que tuvieron un compromiso serio y absolutamente solidario con su pueblo al límite de haber dado su vida por los demás.

La Masacre de Trelew, Mario Amaya y Alfonsín

Alguna vez fue un sueño. Un anhelo que se desvanecía en la medida que transcurrían los años y a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de la gestión presidencial de Raúl Alfonsín le sucedieron los indultos de Carlos Menem a los genocidas que nos hicieron vivir a los argentinos la noche más larga y trágica de la historia de nuestro país.

Y era lógico suponer que si se nos escapaba en los 90 la posibilidad de juzgar a los represores de la etapa 1976-1982 era imposible poder creer que alguna vez iba a haber un juicio contra los asesinos de la “Masacre de Trelew” perpetrada en 1972.

Hoy es una realidad el juicio contra los responsables del fusilamiento de 19 presos políticos allá en el sur. Y la memoria para quienes seguimos de cerca los pasos de los protagonistas que hicieron grande a la Unión Cívica Radical en más de cien años de historia, nos remite inmediatamente a los nombres del ex diputado nacional Mario Abel Amaya y Raúl Alfonsín.

Amaya era chubutense. Militaba en el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR que lideraba el ex presidente y Padre de la Democracia y a principios de los años 70 el joven abogado chubutense le ponía el pecho a las balas y ante los juzgados federales se ocupaba de asesorar y proteger a presos políticos a los que los distintos gobiernos de facto confinaban al sur. Se ocupaba de defender a los detenidos en el Penal de Rawson.

Amaya militaba en el sur. Raúl Alfonsín en La Plata y donde se lo convocara para solicitar Habeas Corpus y hacer posible que los presos políticos tuvieran derecho a un debido proceso ante la Justicia y evitar torturas y la violación de los derechos humanos cuando recién habían comenzado a conocerse en un Cono Sur minado de gobiernos de facto los postulados del Pacto de San José de Costa Rica sellado en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969 pero que recién entró en vigor en 1978.

Las crónicas de la época dan cuenta que el 15 de agosto de 1972, Mario Abel Amaya se encontraba en el aeropuerto de Trelew en oportunidad en que fueron detenidos los 19 presos políticos que se habían fugado del penal de Rawson y que habían llegado tarde para abordar el avión que iba a permitirles dejar suelo chubutense. El avión había partido con el otro grupo de presos políticos con quienes habían planeado la fuga y Amaya no dudó un instante en oficiar de garante de aquellos 19 presos.

Los detenidos fueron trasladados a la base Almirante Zar y hasta allá fue Amaya pero no se le permitió ingresar junto a ellos. En ese lugar, fueron cobardemente fusilados los 19, 16 murieron en el acto y tres resultaron gravemente heridos. El hecho se conoció a las pocas horas como “La Masacre de Trelew”.

A Amaya lo detuvieron y lo trasladaron a la cárcel de Devoto, ubicada en Buenos Aires pero la presión de la Asamblea Popular de Trelew y la infatigable labor de su abogado, Hipólito Solari Yrigoyen (hoy presidente de la Convención Nacional de la UCR ) fueron decisivas para que lo liberaran tres meses más tarde.

Antes del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 18 años de exilio, el dirigente radical patagónico resultó electo diputado nacional y Solari Yrigoyen, senador nacional en aquellos comicios en los que se impuso Héctor J. Cámpora (11 de marzo de 1973).  

Pero en tiempos de la dictadura, Mario Amaya fue secuestrado en Trelew el 17 de agosto de 1976. Fue confinado a varios centros de detención pero las vueltas de la vida -y tal vez la sombra de los protagonistas de la Masacre de Trelew-,  llevaron a sus captores a trasladarlo el 11 de septiembre de 1976 junto a otros presos políticos a la cárcel de Rawson. Allí se encontraba detenido su abogado y correligionario Solari Irigoyen.

Fue brutalmente torturado. Alguna vez explicó en medos periodísticos Solari Yrigoyen, que la última vez que lo había visto, en el baño de la prisión, “tenía la cabeza partida, estaba morado por los golpes y hablaba con dificultad”. También recalcó que hasta le habían quitado el inhalador y los medicamentos con los que combatía su asma.

Tras su traslado al hospital de la cárcel de Devoto, Raúl Alfonsín fue la última persona que lo vio con vida. El ex mandatario fue también quien recogió el cuerpo de Amaya destrozado por la tortura luego de su muerte unos días más tarde. Fue un 19 de octubre de 1976. Apenas si tenía 41 años. El ex presidente radical organizó un velatorio casi clandestino en Mataderos y acompañó sus restos a Trelew, donde fue enterrado.

En estos días se está juzgando a los genocidas que protagonizaron aquella “Masacre de Trelew”. Antes de morir, Raúl Alfonsín dejó un valioso testimonio en la Justicia para aportar al esclarecimiento de los trágicos hechos que tienen relación con la causa que motiva el histórico juicio que se sustancia en Chubut. Su visión y vivencias junto a Amaya se las transmitió al juez federal de Rawson Hugo Sastre.

El magistrado lo fue a ver a su domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en abril de 2008, un mes después de haber ordenado el procesamiento de los marinos retirados acusados de “apretar el gatillo” para consuma la masacre: Los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Marandino, señalados en la causa como “probables autores materiales, penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio premeditado”.

Por su parte, el contraalmirante Horacio Mayorga es juzgado como “cómplice necesario”. Hay un prófugo. Es Roberto Guillermo, quien vive en Miami y es responsable de una empresa que tuvo contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos que se negó una semana atrás a extraditarlo a la Argentina.

En estas jornadas, la Justicia está juzgando a los responsables del asesinato de los 16 presos políticos de los 19 encarcelados dentro de la Base Aeronaval Argentina “Almirante Zar”, en la ciudad de Trelew. Las víctimas fueron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Los tres sobrevivientes de aquel fusilamiento, fueron  María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Pero fueron gravemente heridos y tras el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 se convirtieron en desaparecidos. Los testimonios de los tres dirigentes políticos son parte de la base de datos con que cuenta hoy el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que juzga a los militares involucrados en los trágicos hechos de 1972.

(*) Corresponsal de ANDigital en la Casa Rosada