

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió a la Legislatura el proyecto de la nueva Ley de Ministerios, en tren de “optimizar la organización de la administración pública a fin de asegurar la eficiencia en su funcionamiento”.
Como dato saliente, y tal como lo había anticipado el propio mandatario, se elimina la Jefatura de Gabinete, al tiempo que ajustan las denominaciones de los actuales ministerios de Hacienda y Finanzas y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
✋🏼#NuevaEtapa | Juró el remozado Gabinete de Kicillof: “Para seguir honrando el compromiso con el pueblo”
— ANDigital (@ANDigitalOK) December 13, 2023
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En concreto, el listado de carteras es el siguente: Ambiente; Comunicación Pública; Desarrollo Agrario; Desarrollo de la Comunidad; Economía; Gobierno; Hábitat y Desarrollo Urbano; Infraestructura y Servicios Públicos; Justicia y Derechos Humanos; Mujeres y Diversidad; Producción, Ciencia ,e Innovación Tecnológica; Salud; Seguridad; Trabajo y Transporte.
Uno de los puntos importantes es que al calor de la disolución de la Jefatura de Gabinete, el Instituto de Lotería y Casinos (comandado en esta nueva etapa por Gonzalo Atanasof) pasa a depender del Ministerio de Gobierno, encabezado por Carlos Bianco.
También en esa estructura estará la administración del Estadio Ciudad de La Plata; mientras que el Organismo Provincial de Contrataciones pasará a la órbita de la Secretaría General de Gobierno, liderada por Agustina Vila.
En lo que hace a las incompatibilidades, el articulado del proyecto estipula que “durante el desempeño de sus cargos las/los ministras/os, secretarias/os, y subsecretarias/os, no podrán ejercer actividad, comercio, negocio, profesión o empresa que directa o indirectamente implique participar, a cualquier título, en concesiones acordadas por los poderes públicos o intervenir en contrataciones, gestiones o litigios en las cuales sean parte la Nación, las provincias y/o los municipios”.
Asimismo, “no podrán ejercer profesión o empleo alguno, ni desarrollar ninguna actividad privada” que tenga vinculaciones comerciales con el Estado, entidades autárquicas y/o empresas públicas; y tampoco “podrán ser proveedores por sí, por terceros y/o sociedades en las cuales tengan participación social controlante o no, de todo organismo de la Provincia”, entre otros puntos.