El Gobierno da de baja 7 mil contratos de trabajadores estatales

El Gobierno de Javier Milei avanzó con un decreto que no renueva 7 mil contratos de trabajadores estatales firmados este 2023, al tiempo que habrá un período de evaluación de 90 días para el resto de los empleados de la administración pública.

Entre las excepciones que hace el DNU publicado este martes en el Boletín Oficial se encuentran aquellos cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, el personal que haya prestado tareas previas al 1° de enero de 2023 y haya modificado su modalidad de contratación y los contratos que los titulares de las jurisdicciones consideren indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción.

La normativa también establece que los contratos estatales cuya fecha de ingreso sea previa al 1° de enero de 2023 no podrán ser renovados por un periodo mayor a los noventa días corridos.

En su artículo 4°, establece: “Instrúyese a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”.

En tanto, aclara que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”. 

Así, la medida alcanza a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.

Además, se remarca que esta decisión se toma en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, uno de los primeros que firmó Milei, a partir del cual se modificó la ley de Ministerios, pasando a tener solamente nueve carteras “con la finalidad de racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones efectuadas”.

Junto con la oficialización de esta medida, el Gobierno enviará esta semana al Congreso el paquete de normativas que busca profundizar las reformas del Estado, que se inició con el DNU con 300 derogaciones en pos de la desregulación de la economía.

En esta oportunidad se sumarán iniciativas que no pudieron estar incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que referían a temáticas ligadas a lo tributario o lo electoral, como la vuelta atrás de la modificación del Impuesto a las Ganancias y el impulso de la Boleta Única de Papel, entre otras.