El Régimen Penal Juvenil exige un debate integral y complejo

Por Eugenia Alianiello (*)

"Tenés 13 años: si las hacés, las pagás", tuiteó Patricia Bullrich para anunciar el envío al Congreso del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Además de representar un abordaje absolutamente violento, los dichos de la ministra pretenden cerrar de forma oportunista y fragmentaria un debate pendiente como sociedad desde la recuperación de la democracia.

El proyecto de “Régimen Penal Juvenil” que elabora el gobierno propone, entre otras modificaciones, cambios al Código Penal y la derogación de la Ley 22.278, permitiendo que adolescentes desde los 13 años puedan ser juzgados y condenados.

Aunque coincidimos en la necesidad de derogar dicha ley —sancionada en la dictadura y firmada por Videla— y de abordar la problemática de los jóvenes que incurren en conductas infractoras, consideramos que discutir la baja de la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de fondo. 

Es importante cuestionarnos cuántas veces ha estado ausente el Estado antes de que un niño, niña o adolescente cometa un delito. ¿Qué no se hizo en toda su trayectoria de vida para que su primer contacto con el Estado sea a través de la justicia penal? Existen múltiples acciones de prevención e integración que pueden realizarse antes de llegar a esa instancia.

La edad de punibilidad es un derecho de las infancias y adolescencias que facilita el acceso a un sistema de protección previsto en los instrumentos de derechos humanos y del niño. La normativa internacional siempre plantea un principio de progresividad y no regresividad en el tratamiento de estas problemáticas.

Por ello, ante esta propuesta falaz y abrupta del gobierno, creemos que el régimen penal juvenil merece una discusión seria con todos los sectores involucrados. Es necesario que deje de ser un planteo que se repite cíclicamente de acuerdo a los tiempos políticos, para lograr un equilibrio justo entre severidad, justicia e inclusión.

En el proyecto de nuestra autoría, presentado en Diputados en 2022 y nuevamente a principios de este año, remarcamos que esta discusión debe implicar un fortalecimiento del sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos, garantizando el funcionamiento de los organismos y las condiciones apropiadas —que hoy no existen— para trabajar en los casos de menores no punibles que hayan incurrido en conductas infractoras.

El sistema de protección necesita un refuerzo en recursos y personal especializado. No solo debe haber una justicia penal juvenil formada específicamente, con jueces y magistrados capacitados para trabajar con jóvenes, sino que también el Poder Ejecutivo necesita estos recursos para llevar adelante políticas públicas al respecto.

En definitiva, es necesaria una revisión exhaustiva de todo el sistema de protección. Las leyes provinciales y la ley nacional son de avanzada, pero requieren actualización y presupuesto. Se trata de una deuda de larga data que no responde a un gobierno en particular, sino que se ha vuelto estructural. La coyuntura obliga a pensar en profundidad con una mirada federal, integral y no limitada a penalidades.

(*) Diputada nacional.