El Gobierno tomará examen de idoneidad a 40 mil empleados públicos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional pondrá en manos del sector privado la operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas que en su mayoría se encuentran a cargo de Corredores Viales S.A.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario detalló que “cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente”, una posibilidad que calificó de “apertura inédita hacia la transparencia”, a diferencia de “la obra pública que anidó la vieja política y funcionó como caja del delirio populista kirchnerista”.

Asimismo, recalcó que las empresas que finalmente sean concesionarias “van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones”, y adelantó que, de esa manera, “se estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”.

En otro orden de cosas, informó que se decidió tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados del Estado, situación “que está establecida en la Ley Bases en el marco del decreto reglamentario del empleo público”. 

Aclaró que “las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia” y que el examen “va a ser online para que, por supuesto, no haya subjetividad en el proceso”.

Del mismo modo, explicó que los criterios de la prueba “aún no están definidos”, pero que se trabaja en conjunto con varias áreas y en coordinación con la Universidad de Buenos Aires. 

“Se tomarán aproximadamente 2 mil exámenes por día y la gente que se contrate a partir del 1° de enero también va a pasar por eso. Se va a convertir en una práctica normal y habitual en el Estado nacional, y va a tener que ver con cumplir puntos elementales como para cumplir tareas básicas de cada puesto”, completó.

Por último, Adorni agradeció a “todos los que tuvieron como prioridad la importancia de cuidar el bien común, que en este caso es haber protegido el equilibrio fiscal”, en referencia a la aprobación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, a la que consideró “parte de la vieja política” que “quiere que vuelva el caos”. Además, destacó que “pese a la  negativa de los gremios, el Gobierno otorgará el 6,8 % de aumento al personal docente y no docente para el mes de octubre”.